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20.08.2026., Ciudad de México.- A seis años del secuestro y feminicidio de Fátima Cecilia Aldrighetti Antón, la familia de la niña de siete años enfrenta una nueva etapa judicial. Mario Alberto Reyes Nájera y Gladis Giovanna Cruz Hernández, condenados a 170 años de prisión cada uno, buscan que la sentencia sea revocada mediante un recurso de apelación, mientras los familiares de la menor solicitaron que el fallo sea confirmado.
La familia informó que este 18 de agosto acudió a una audiencia de alegatos aclaratorios relacionada con la apelación, en la que participaron como víctimas indirectas Sonia López y Miguel López, tíos de Fátima. Ante los magistrados encargados de revisar el caso, pidieron que permanezca vigente la resolución dictada el 30 de abril de 2025 por el juez Antonio Cortés Mayorga.
La sentencia impuso a cada uno de los acusados 100 años de prisión por secuestro agravado y otros 70 años por feminicidio, para un total de 170 años. La condena llegó después de un proceso judicial que se prolongó durante más de cinco años y que incluso tuvo que reiniciarse.
Ahora corresponde al tribunal de apelación estudiar los argumentos planteados por las partes y determinar si confirma, modifica o revoca la resolución de primera instancia. La familia señaló que los sentenciados solicitaron dejar sin efecto el fallo y recuperar su libertad.
El caso de Fátima se remonta al 11 de febrero de 2020, cuando la niña salió de la escuela primaria Enrique C. Rébsamen, en Santiago Tulyehualco, Xochimilco. Ese día fue retirada del plantel por Gladis Giovanna Cruz Hernández, quien no era la persona autorizada para recogerla. La menor desapareció y cinco días después su cuerpo fue localizado sin vida en la zona de Tláhuac.
Las investigaciones condujeron a la detención de Cruz Hernández y Reyes Nájera el 19 de febrero de 2020, después de que ambos fueran ubicados en el Estado de México. Posteriormente fueron vinculados a proceso por los delitos de secuestro agravado y feminicidio y permanecieron privados de la libertad mientras se desarrollaba el proceso judicial.
El camino hacia la sentencia definitiva estuvo marcado por diversas dificultades. En noviembre de 2024, el juicio oral tuvo que ser repuesto debido a la salida de la jueza que originalmente llevaba el proceso por motivos de salud. El nuevo procedimiento quedó bajo responsabilidad del juez Antonio Cortés Mayorga y concluyó con la declaración de culpabilidad de ambos acusados el 23 de abril de 2025. Una semana después, el juzgador dio a conocer las penas correspondientes.
La resolución también tuvo consecuencias más allá de las penas de prisión. El juez ordenó medidas relacionadas con la protección de niñas, niños y adolescentes en los centros escolares de la Ciudad de México, entre ellas reforzar los protocolos para la entrega de menores y promover que conozcan sus derechos.
Precisamente este punto se convirtió en una de las principales exigencias de la familia. En mayo de 2026, Sonia López denunció que las medidas ordenadas después de la sentencia todavía no habían sido cumplidas plenamente por las autoridades educativas. La familia ha sostenido que la entrega de Fátima a una persona que no estaba autorizada para recogerla fue una de las circunstancias que permitieron su sustracción.
La sentencia de 2025 fue considerada por la familia como un reconocimiento judicial de la gravedad de los delitos cometidos contra la niña, pero la apelación vuelve a colocar el caso ante los tribunales. Para los familiares, la batalla no terminó con la condena, pues ahora deben esperar una nueva resolución que puede confirmar o modificar el fallo.
La tía de Fátima ha señalado que el proceso ha significado años de espera y desgaste para la familia. En 2026, al referirse al recurso presentado por los sentenciados, explicó que obtener una condena no significó el final de la lucha, porque ahora deben defenderla ante una nueva instancia judicial.
El caso de Fátima se convirtió además en uno de los episodios que reavivaron el debate sobre la seguridad de las niñas y niños dentro y fuera de las escuelas, así como sobre la obligación de las instituciones educativas de contar con mecanismos claros para verificar quién puede recoger a un menor.
La familia sostiene que mantener la sentencia no representa solamente una exigencia de carácter penal, sino también una forma de preservar la memoria de Fátima y de evitar que las circunstancias que rodearon su desaparición vuelvan a repetirse.
La decisión de los magistrados será ahora el siguiente capítulo de un proceso que comenzó con la desaparición de una niña de siete años y que, seis años después, todavía no concluye para sus familiares. Mientras se espera la resolución, la familia pidió a organizaciones, colectivas, medios de comunicación y sociedad civil mantenerse atentos al desenlace de la apelación.
Por ahora, la condena de 170 años continúa vigente, pero su permanencia deberá ser definida por el tribunal que analiza el recurso presentado por los sentenciados.