*La magistrada dejará el cargo el 31 de agosto, días antes del inicio formal del proceso electoral 2026-2027.
/ Escrito por Georgina Monroy Vázquez /
20.08.2026 /CimacNoticias.com/ La renuncia de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no sólo marca el cierre anticipado de una carrera de tres décadas en la justicia electoral. Su salida también modifica la integración de la Sala Superior justo antes del inicio del proceso electoral federal de 2026-2027 y abre una vacante que, por las reglas de la reforma judicial, no podrá cubrirse de inmediato.
Soto presentó su renuncia ante el Senado de la República y dejará formalmente el cargo el próximo 31 de agosto, apenas unos días antes de que inicie el proceso electoral federal, previsto para el 10 de septiembre.
La magistrada había sido designada por el Senado en octubre de 2016 para un periodo de nueve años. Su encargo originalmente habría concluido en octubre de 2025, pero las reformas constitucionales en materia electoral y judicial ampliaron su permanencia hasta 2028. Soto decidió, sin embargo, concluir anticipadamente su responsabilidad.
En su carta de renuncia, sostuvo que durante sus casi 10 años en la Sala Superior mantuvo como compromiso juzgar con perspectiva de género y derechos humanos, así como impulsar la inclusión y la igualdad sustantiva de las mujeres.
¿Qué pasará con el TEPJF después de su salida?
Con la renuncia de Soto, la Sala Superior quedará integrada por cinco de las siete magistraturas previstas constitucionalmente.
Esto no significa que el Tribunal deje de funcionar. La legislación permite que la Sala Superior sesione con al menos cuatro integrantes, por lo que podrá continuar resolviendo la mayoría de los asuntos de su competencia. De hecho, existen antecedentes recientes de sesiones realizadas con cuatro magistraturas.
Sin embargo, una integración incompleta sí tiene consecuencias.
Para determinados asuntos de especial relevancia, como la calificación de una elección presidencial, la legislación exige la presencia de al menos seis integrantes. En el caso de las elecciones de 2027 esto no representará un obstáculo para calificar una elección presidencial, porque México no tendrá comicios presidenciales sino hasta 2030.
El problema inmediato será otro: la Sala Superior tendrá que resolver las controversias que surjan durante uno de los procesos electorales más relevantes del sexenio con una magistratura menos.
¿Por qué no pueden sustituir a Mónica Soto?
La particularidad de esta vacante está en la forma en que Soto llegó al Tribunal.
La Constitución establece actualmente que, cuando una magistratura electoral elegida mediante voto popular queda vacante, puede ser sustituida por la persona del mismo género que obtuvo el segundo lugar en la votación para ese cargo.
Pero ese mecanismo no puede aplicarse al caso de Soto porque ella no fue electa mediante voto popular en 2025. Fue designada por el Senado en 2016, antes de la reforma que estableció la elección judicial. Por ello no existe una candidatura que haya quedado en segundo lugar y que pueda ocupar automáticamente su plaza.
Las disposiciones transitorias de la reforma establecen que los cargos judiciales que no fueron renovados en la elección de 2025, así como las vacantes correspondientes, serán elegidos en la siguiente elección judicial, prevista para 2028.
Por esa razón, el escenario que se perfila es que el espacio que deja Soto permanezca vacío hasta entonces.
¿Por qué importa su salida para las elecciones de 2027?
El TEPJF es la última instancia jurisdiccional en materia electoral. Esto significa que, una vez celebradas las elecciones, las controversias que lleguen a su competencia pueden terminar siendo resueltas por la Sala Superior.
La elección de 2027 será especialmente relevante porque se renovará la Cámara de Diputados y habrá elecciones locales en distintas entidades. Por ello, durante el proceso pueden presentarse impugnaciones relacionadas con candidaturas, resultados, asignación de cargos, actos de los partidos políticos y posibles violaciones a los derechos político-electorales.
La consejera electoral Carla Humphrey reconoció que el Tribunal cuenta con mecanismos para continuar funcionando aun con una vacante. Sin embargo, el consejero Martín Faz advirtió que una integración incompleta no es el escenario ideal para un órgano colegiado encargado de resolver controversias electorales, pues el uso del voto de calidad puede concentrar una decisión en una sola persona.
Ese punto resulta relevante porque las resoluciones del TEPJF pueden modificar resultados electorales, confirmar o revocar decisiones de autoridades electorales y proteger derechos político-electorales.
Una Sala Superior con menos mujeres
La salida de Mónica Soto también tiene una dimensión relacionada con la representación de las mujeres dentro de la justicia electoral.
Después de su renuncia, Claudia Valle Aguilasocho será la única mujer entre las cinco magistraturas que permanecerán en la Sala Superior.
La situación resulta significativa en un país donde la justicia electoral también conoce casos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género, paridad, acceso de las mujeres a cargos públicos y obstáculos para el ejercicio de sus derechos político-electorales.
Soto había señalado precisamente que uno de los ejes de su trabajo en el Tribunal fue juzgar con perspectiva de género, derechos humanos e igualdad sustantiva de las mujeres.
Esto no significa que la salida de una magistrada implique, por sí misma, que esos criterios desaparezcan del Tribunal. Las resoluciones deben sujetarse al marco constitucional y legal vigente. Pero sí modifica la composición del órgano que durante los próximos procesos electorales tendrá que resolver controversias que involucren, entre otros temas, los derechos políticos de las mujeres.
Una vacante que acompañará al Tribunal hasta 2028
La renuncia de Mónica Soto ocurre, así, en un momento particular para la justicia electoral mexicana.
El TEPJF no quedará paralizado: podrá continuar sesionando y resolviendo la mayoría de los asuntos con cinco magistraturas. Pero tampoco tendrá una integración completa.
La situación se prolongará, previsiblemente, hasta la elección judicial de 2028, cuando se definirá quién ocupará la plaza que queda vacante.
La importancia de la renuncia no está, entonces, sólo en quién deja el cargo. Está en cómo funcionará el máximo órgano de justicia electoral durante el proceso de 2027 y qué efectos tendrá una Sala Superior incompleta sobre las controversias que lleguen a su última instancia.