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/ Escrito por Antonio Bejarano, Clínica Jurídica, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC IMUMI /
Tras el feminicidio, el abandono estatal no cesó.
Victoria tenía 36 años cuando fue asesinada el 27 de marzo de 2021 a través del uso excesivo de la fuerza los policías municipales. Ella llegó a México en busca de protección y fue reconocida como refugiada en 2018 por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Proveniente de Sonsonate, El Salvador, Victoria huyó de la violencia de género en busca de una vida segura para ella y sus dos hijas; sin embargo, en este país enfrentó un continuum de agresiones: violencia por parte de su expareja mexicana, denunciada días antes de su muerte y, finalmente, la violencia feminicida cometida por agentes del Estado.
Tras el feminicidio, el abandono estatal no cesó; por el contrario, se diversificó. Aunque las autoridades mexicanas, desde el más alto rango (el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador), prometieron justicia, solo han prolongado la desprotección contra la familia de Victoria. Su madre, la maestra Rosibel, asumió la crianza de sus nietas en medio del duelo y de unas instituciones indolentes. El proceso penal sufrió la reclasificación del delito de feminicidio a homicidio culposo. En paralelo, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Quintana Roo (CEAVEQROO) y el Ayuntamiento de Tulum han ignorado la Recomendación 34/2021 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dejando a la familia sin ninguna medida de reparación integral ni compensación del daño. En un contexto que se agrava porque no existen medidas de justicia transnacional, pues la familia de Victoria se encuentra en El Salvador.
Frente a la indiferencia, la señora Rosibel y las organizaciones de la sociedad civil que brindan acompañamiento jurídico promovimos un juicio de amparo indirecto contra las omisiones relacionadas con la falta de acceso a las medidas de reparación integral del daño, mismo que fue sobreseído en marzo de 2025. Tras interponer un recurso de revisión (AR 303/2025), se ordenó, en mayo pasado, revocar dicho sobreseimiento y reponer el procedimiento. Esta victoria técnica es la que abre la puerta a la audiencia constitucional de este 1º de septiembre.
Esta audiencia no es un trámite burocrático más: es la oportunidad para que la jueza ponga un alto a la impunidad y ordene la reparación integral del daño para las hijas y madre de Victoria, una última línea para dignificar la memoria de Victoria Salazar. El órgano jurisdiccional debe resolver con perspectiva de género e interseccionalidad, reconociendo la extrema vulnerabilidad de quien fue mujer, migrante, refugiada y víctima del machismo estatal.
Garantizar la reparación integral del daño no devolverá la vida a Victoria, pero dictar una sentencia justa es el único camino posible para detener la impunidad y ofrecer justicia a una familia fracturada por el Estado mexicano, porque Victoria no murió, a Victoria la mataron.