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/ Por Miguel Angel Cristiani /
La propuesta de realizar un censo de periodistas en Veracruz ha abierto un debate que va mucho más allá de elaborar una simple lista de nombres. En realidad, la discusión toca uno de los temas más sensibles para cualquier sociedad democrática: la relación entre el Estado y la libertad de expresión.
En principio, la idea puede parecer positiva.
Conocer cuántos periodistas ejercen realmente la profesión, en qué condiciones laborales se desempeñan, cuáles son sus necesidades de capacitación, seguridad social o protección personal, podría convertirse en una herramienta útil para diseñar políticas públicas que fortalezcan el ejercicio periodístico.
Nadie puede oponerse a que un gobierno conozca mejor la realidad de un gremio para atender sus necesidades.
El problema comienza cuando aparecen las preguntas que todavía no tienen respuesta.
¿Quién organizará ese censo?
¿Con qué fundamento jurídico?
¿Será voluntario o tendrá algún carácter obligatorio?
¿Quién resguardará la información obtenida?
¿Qué uso se dará a los datos personales de quienes decidan participar?
Y quizá la pregunta más importante de todas: ¿quién determinará quién es periodista y quién no?
Porque el periodismo no se ejerce mediante una patente, una licencia o una credencial expedida por el gobierno. Tampoco puede reducirse a una definición burocrática.
Existen periodistas con décadas de trayectoria que nunca cursaron una carrera universitaria, así como profesionistas titulados que jamás han redactado una nota informativa. Hay quienes trabajan en empresas de comunicación, quienes colaboran de manera independiente, quienes publican en medios digitales y quienes ejercen desde comunidades donde el periodismo sigue siendo un acto de compromiso más que una fuente de ingresos.
La diversidad del gremio hace prácticamente imposible encerrar su realidad en una sola definición administrativa.
Por ello, cualquier ejercicio de esta naturaleza debe construirse con absoluta transparencia y, sobre todo, con la participación de las organizaciones representativas del periodismo, de las universidades, de los especialistas en comunicación y de los propios periodistas.
Un censo no puede convertirse en un mecanismo para otorgar certificados de autenticidad periodística.
Tampoco debe utilizarse para establecer categorías entre quienes son considerados periodistas “oficiales” y quienes, por alguna razón, queden fuera de un padrón.
Si el propósito es fortalecer al gremio, el camino debe ser la inclusión y no la exclusión.
También es indispensable garantizar la protección de los datos personales. En un país donde ejercer el periodismo sigue representando riesgos, la información sobre identidad, domicilio, lugar de trabajo o cobertura informativa debe manejarse con los más altos estándares de confidencialidad.
La confianza será el principal requisito para el éxito o el fracaso de cualquier censo.
El periodismo veracruzano necesita reconocimiento, capacitación, mejores condiciones laborales y mecanismos eficaces de protección. En eso difícilmente habrá desacuerdos.
Lo que sí merece una amplia discusión es el instrumento que se utilizará para alcanzar esos objetivos.
Porque las mejores políticas públicas no son aquellas que nacen de una buena intención, sino las que logran generar confianza entre quienes serán sus destinatarios.
Si el censo pretende convertirse en una herramienta para fortalecer la libertad de expresión, contará con el respaldo de muchos.
Pero si deja espacio para la duda, la discrecionalidad o la posibilidad de convertirse en un mecanismo de control, difícilmente logrará la legitimidad que requiere.
La diferencia entre un instrumento de apoyo y uno de vigilancia no siempre está en el discurso con que se presenta, sino en las garantías jurídicas y democráticas que lo acompañan.
Pancho López, el filósofo ateniense xalapeño, pregunta:
“Si para proteger a los periodistas primero hay que hacer un censo, ¿quién hará el censo de las autoridades para saber cuántas cumplen realmente con la obligación de garantizar la libertad de expresión?”
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Miguel Angel Cristiani Gonzalez
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Cuando el gabinete comienza a moverse demasiado pronto
Por Miguel Ángel Cristiani G.
“Los gobiernos se juzgan por sus decisiones; los nombramientos son una de las más importantes.”
Todo gobierno tiene derecho a corregir. De hecho, rectificar una decisión equivocada suele ser una muestra de responsabilidad. Lo que resulta preocupante no es el relevo de un funcionario; lo verdaderamente inquietante es cuando esas rectificaciones llegan apenas iniciado el ejercicio del poder y dejan la impresión de que los errores pudieron evitarse desde el principio.
La salida de Claudia Tello de la Secretaría de Educación de Veracruz debe analizarse desde esa perspectiva. No se trata de celebrar su partida ni de cuestionar anticipadamente a quien asume el cargo. Se trata de preguntarse por qué una dependencia tan estratégica llegó a un punto en el que el relevo parecía inevitable.
La Secretaría de Educación no es una oficina cualquiera. Administra el presupuesto más grande del Gobierno del Estado, coordina a decenas de miles de trabajadores y tiene bajo su responsabilidad la formación de cientos de miles de estudiantes. Cada decisión que ahí se toma repercute en las aulas, en los docentes y en las familias veracruzanas.
Por eso, cuando una dependencia de esa dimensión vive meses de conflictos laborales, protestas sindicales y cuestionamientos internos, el problema deja de ser exclusivamente administrativo. Se convierte en un asunto político.
En toda administración existe un principio que rara vez se menciona, pero que determina buena parte del éxito o del fracaso de un gobierno: la calidad de los nombramientos.
Un gobernador puede tener el mejor proyecto de gobierno, los mayores recursos o la mejor intención. Pero si quienes ejecutan las políticas públicas carecen del perfil, la experiencia o la capacidad para conducir las instituciones, los resultados difícilmente estarán a la altura de las expectativas.
La política tiene un componente inevitable de confianza. Es lógico que un mandatario desee rodearse de personas cercanas. Sin embargo, la cercanía nunca debería sustituir al mérito cuando se trata de conducir áreas tan sensibles como la educación, la salud, la seguridad o las finanzas públicas.
El relevo en la Secretaría de Educación vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que trasciende nombres y partidos: ¿están llegando a los cargos públicos quienes mejor preparados están para desempeñarlos?
La respuesta no puede construirse con discursos ni con videos de presentación. Se construye con trayectorias, resultados y capacidad de gestión.
Si el nuevo nombramiento logra restablecer el diálogo con el magisterio, mejorar la operación administrativa y devolver estabilidad a la dependencia, habrá sido una decisión acertada. Si no ocurre, el problema ya no será de personas, sino de un método para integrar el gabinete.
La ciudadanía no espera gobiernos infalibles. Espera gobiernos capaces de aprender, corregir y, sobre todo, prevenir errores que terminan costando tiempo, recursos y confianza pública.
La historia política de Veracruz demuestra que los cambios de gabinete suelen interpretarse como ajustes naturales. Pero también enseña que, cuando esos movimientos ocurren demasiado pronto y en áreas estratégicas, envían un mensaje que ninguna administración puede ignorar: la selección inicial de los perfiles no fue la adecuada o las circunstancias superaron las previsiones del gobierno.
Hoy la discusión no debería centrarse en quién se fue o quién llegó. El verdadero debate es si el servicio público seguirá privilegiando las afinidades políticas o comenzará a consolidar una cultura donde el mérito, la experiencia y la capacidad técnica sean los criterios fundamentales para ocupar los cargos más importantes del Estado.
Porque gobernar no consiste únicamente en nombrar funcionarios. Gobernar significa formar equipos capaces de resolver problemas antes de que los problemas terminen gobernando al propio gobierno.
Un gobierno puede sobrevivir a un relevo de gabinete; lo que no puede permitirse es convertir la rectificación permanente en su principal forma de administrar el poder.