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20.08.2027 Guanajuato. – La Fiscalía General del Estado de Guanajuato abrió una carpeta de investigación contra un profesor de la Secundaria General número 20 “Centeotl”, en el municipio de Acámbaro, luego de que se difundieran en redes sociales videos en los que aparece interactuando físicamente con estudiantes y realizando movimientos considerados de connotación sexual.
El caso provocó la intervención de las autoridades educativas y ministeriales, después de que las imágenes comenzaran a circular públicamente. La Secretaría de Educación de Guanajuato determinó separar definitivamente al docente de sus funciones, mientras la Fiscalía inició las diligencias para establecer qué ocurrió y si las conductas observadas en las grabaciones pudieran constituir algún delito.
De acuerdo con información difundida por autoridades estatales, el maestro, originario de Michoacán, dejó de formar parte de la Secretaría de Educación de Guanajuato desde el 18 de agosto, luego de que se revisaran los elementos disponibles sobre el comportamiento mostrado en los videos.
La decisión administrativa ocurrió después de que las grabaciones generaran preocupación entre madres y padres de familia y dentro de la propia comunidad escolar. En una de ellas se observa al docente junto a adolescentes mientras realiza movimientos que las autoridades consideran suficientemente preocupantes para justificar una investigación penal
El fiscal general de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, informó que el Ministerio Público actuó de manera inmediata al tener conocimiento del material difundido en redes sociales. Explicó que la carpeta se abrió por el posible delito de abuso sexual, aunque será la investigación la que determine si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades.
“Las connotaciones son tales que nos permiten investigar en ese sentido”, señaló el fiscal al referirse al contenido de los videos. También indicó que el Ministerio Público entrevistará a los alumnos para conocer directamente lo ocurrido y establecer si se trató de un hecho aislado o si existen antecedentes de comportamientos similares.
La investigación tendrá especial relevancia porque los posibles afectados son adolescentes y los hechos habrían ocurrido dentro de un espacio escolar, donde existe una relación de autoridad y confianza entre docentes y estudiantes.
Por ello, las autoridades deberán determinar no solamente qué sucedió durante las interacciones captadas en video, sino también si hubo otros episodios que no hayan sido registrados y si alguno de los estudiantes pudo haber sido víctima de una conducta constitutiva de delito.
La Fiscalía también dejó abierta la posibilidad de que los estudiantes reciban atención psicológica, dependiendo de las necesidades que se detecten durante el proceso. Esta medida busca atender las posibles consecuencias emocionales que pudieran derivarse de los hechos investigados
La Secretaría de Educación de Guanajuato, por su parte, sostuvo que no permitirá comportamientos que puedan poner en riesgo la integridad física, emocional o la seguridad de niñas, niños y adolescentes dentro de los planteles educativos. La dependencia informó que dará seguimiento al caso y que se brindará acompañamiento a integrantes de la comunidad escolar que lo requieran.
La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, también se pronunció sobre el caso y confirmó la salida del docente. La mandataria hizo énfasis en que la responsabilidad de los adultos que trabajan con menores implica mantener límites claros y actuar con prudencia dentro de los centros educativos.
El caso ha generado además un llamado de las autoridades a madres y padres de familia para reportar cualquier comportamiento que consideren irregular, sin esperar a que exista una grabación o a que una situación se vuelva viral en redes sociales. La gobernadora señaló que cualquier señalamiento debe ser informado oportunamente para que pueda ser revisado por las autoridades correspondientes
La investigación penal y el procedimiento administrativo son procesos distintos. La separación del maestro de sus funciones no significa, por sí misma, que haya sido declarado responsable de un delito. Esa determinación corresponde a las autoridades ministeriales y, eventualmente, a un juez, con base en las pruebas que sean incorporadas al procedimiento y respetando el debido proceso.
En el ámbito penal, la Fiscalía deberá establecer si los actos observados en los videos corresponden efectivamente a una conducta ilícita, identificar a las personas involucradas, recabar testimonios y determinar si existen otros elementos que permitan sustentar una imputación.
El Código Penal de Guanajuato contempla el delito de abuso sexual y establece sanciones diferenciadas cuando la conducta involucra a una persona menor de edad. De acuerdo con la información publicada sobre el caso, el artículo 187 contempla penas que pueden incrementarse cuando la víctima es menor y cuando el responsable es servidor público y actúa en ejercicio de sus funciones.
Más allá del contenido de las grabaciones, el caso vuelve a colocar en el centro la obligación de las instituciones educativas de establecer límites claros entre docentes y estudiantes y de actuar ante cualquier señal de posible vulneración de derechos.
La Secretaría de Educación de Guanajuato cuenta con mecanismos de atención para docentes y comunidades escolares y mantiene una estructura regional que incluye una oficina correspondiente a Acámbaro. La propia dependencia establece canales de atención ciudadana para recibir reportes y orientar a integrantes de la comunidad educativa.
Ahora corresponderá a la Fiscalía determinar si las imágenes difundidas son suficientes para acreditar una conducta delictiva o si es necesario incorporar nuevos elementos a la carpeta de investigación. Las entrevistas con los estudiantes serán una parte central de ese proceso, particularmente para establecer el contexto en que ocurrieron los hechos y determinar si existen otros posibles casos.
Mientras tanto, el docente ya no se encuentra frente a grupo ni forma parte de la Secretaría de Educación de Guanajuato. La investigación continuará bajo la presunción de inocencia y con el objetivo de esclarecer los hechos y, en caso de que se acredite alguna conducta ilícita, establecer las responsabilidades correspondientes.