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20.08.2026 El Gobierno de México respondió a las críticas sobre la libertad de prensa durante la administración de Claudia Sheinbaum y rechazó que los nuevos lineamientos relacionados con los derechos de las audiencias representen un mecanismo para silenciar a periodistas o convertir al Estado en un árbitro de la información.
En un comunicado fechado este 20 de agosto, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, defendió la situación de la prensa mexicana y cuestionó los argumentos planteados por Mary Anastasia O’Grady, columnista de The Wall Street Journal, quien ha advertido sobre los riesgos que, a su juicio, representan para el pluralismo democrático las nuevas reglas para radio y televisión.
“La prensa mexicana sigue siendo libre con la presidenta Sheinbaum”, sostuvo Velasco en el documento, cuya traducción fue difundida como versión de cortesía por la Cancillería.
El funcionario planteó que determinar si existe censura gubernamental no puede reducirse a un intercambio de opiniones políticas, sino que debe analizarse a partir de hechos y evidencia. “Determinar si un gobierno está censurando a su prensa no es una cuestión de retórica. Es una cuestión de evidencia”, afirmó.
La respuesta ocurre en medio de una controversia por los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, cuya discusión ha generado críticas de organizaciones, especialistas y representantes de medios de comunicación que advierten sobre posibles riesgos para la libertad de expresión.
O’Grady sostuvo en una columna publicada en The Wall Street Journal que las nuevas disposiciones podrían otorgar al gobierno una capacidad excesiva para intervenir en los contenidos de radio y televisión. En particular, cuestionó que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones tenga atribuciones dentro del nuevo esquema regulatorio y advirtió sobre el riesgo de que los medios opten por autocensurarse para evitar posibles sanciones.
Frente a esos señalamientos, Velasco argumentó que la existencia de medios críticos contradice la idea de que el gobierno haya impuesto un silenciamiento de la prensa.
Como ejemplo, mencionó a una de las dos principales cadenas de televisión del país, a la que describió como abiertamente crítica de la administración federal. Según el canciller, esa empresa mantiene vigente su concesión y sus periodistas continúan expresando públicamente sus posiciones.
También cuestionó que los académicos utilizados por O’Grady como referencia para sustentar sus críticas tengan impedimentos para expresar sus puntos de vista. “Los académicos citados por la señora O’Grady tienen libertad para publicar sus opiniones en México”, señaló.
El debate tiene como uno de sus principales puntos de controversia los derechos de las audiencias, una figura jurídica que no nació con el actual gobierno. Su fundamento se encuentra en el artículo 6 constitucional y en la legislación mexicana en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
La Suprema Corte ha reconocido que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público de la Federación y que su aprovechamiento por particulares requiere una concesión. El máximo tribunal también ha analizado la relación entre los derechos de las audiencias, la libertad de expresión y las obligaciones de los concesionarios.
Velasco insistió en que los lineamientos no establecen una instancia gubernamental encargada de decidir qué información es verdadera y cuál no. “Los lineamientos que cita la señora O’Grady no crean ningún árbitro de la verdad”, sostuvo.
De acuerdo con la posición de la Cancillería, el espectro radioeléctrico pertenece al Estado y es concesionado a particulares para su aprovechamiento, por lo que las empresas de radio y televisión tienen obligaciones frente a sus audiencias.
El funcionario hizo una distinción importante entre los derechos de quienes reciben contenidos audiovisuales y la actividad de la prensa escrita. Según explicó, los derechos de las audiencias corresponden a radioescuchas y televidentes y su atención recae inicialmente en los defensores de las audiencias designados por cada concesionario.
La Suprema Corte ha documentado precisamente que la legislación contempla mecanismos de defensoría de las audiencias y códigos de ética para los concesionarios. En resoluciones previas, el tribunal ha examinado también las modificaciones que trasladaron mayores responsabilidades a los propios concesionarios mediante esquemas de autorregulación.
El debate actual, sin embargo, se desarrolla bajo un nuevo escenario institucional. El antiguo Instituto Federal de Telecomunicaciones fue sustituido dentro del nuevo marco regulatorio por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un cambio que ha alimentado parte de las preocupaciones expresadas por especialistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
El País reportó que el proyecto de regulación ha provocado cuestionamientos por el carácter de algunas disposiciones y por la posibilidad de que un organismo vinculado al Poder Ejecutivo tenga facultades relevantes en materia de contenidos. La publicación también señaló que la discusión se encuentra abierta y que el gobierno ha mostrado disposición para modificar algunos aspectos del documento.
En su respuesta, Velasco defendió que el Congreso fue el encargado de establecer el marco jurídico de los derechos de las audiencias y recordó que la Suprema Corte ha reconocido su importancia constitucional.
“El Congreso mexicano legisló este marco y nuestra Suprema Corte determinó que los derechos de las audiencias tienen precedencia sobre los intereses comerciales de los concesionarios”, afirmó.
La discusión adquiere una dimensión mayor porque ocurre en un momento de fuerte tensión entre el gobierno federal y sectores de la prensa crítica. En las últimas semanas, el debate sobre libertad de expresión se ha mezclado con la polémica generada por la presentación de análisis oficiales sobre periodistas y actores políticos que participan en la amplificación de tendencias en redes sociales.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado que esos ejercicios constituyan listas negras de periodistas o adversarios políticos y ha defendido que existe libertad de expresión en el país. El nuevo intercambio con O’Grady vuelve a colocar el tema en el ámbito internacional.
El canciller también rechazó que el gobierno pretenda negar a sus críticos el derecho a expresarse. Por el contrario, afirmó que la libertad de publicación debe protegerse incluso cuando las opiniones resulten incómodas para el propio gobierno.
“Diferimos de la señora O’Grady. Sin embargo, defendemos su libertad de publicar con la misma firmeza con la que la defendemos en México: para quienes están de acuerdo con nosotros y, más importante aún, para quienes no lo están”, señaló.
La declaración busca establecer una diferencia entre censura y regulación de los medios concesionados. El argumento gubernamental es que una cosa es impedir que un periodista publique o difunda una opinión y otra establecer obligaciones para las empresas que utilizan un bien público, como el espectro radioeléctrico, frente a las personas que consumen sus contenidos.
Ese punto es relevante porque los derechos de las audiencias no equivalen jurídicamente a una autorización para que el gobierno determine la línea editorial de un medio. La propia jurisprudencia de la Suprema Corte ha vinculado estos derechos con la libertad de expresión y el acceso a la información, pero también ha reconocido la necesidad de preservar la libertad editorial de los concesionarios.
El problema de fondo, por tanto, no se limita a determinar si existe o no censura en México, sino a establecer hasta dónde puede llegar el Estado en la regulación de los contenidos de radio y televisión sin afectar la libertad editorial.
Organizaciones defensoras de la libertad de expresión han advertido que incluso una regulación diseñada para combatir información engañosa puede convertirse en un problema si las autoridades adquieren facultades ambiguas o discrecionales. El debate también ha alcanzado a la sociedad civil, especialistas en comunicación y empresas de medios.
Desde la perspectiva del gobierno, en cambio, se trata de garantizar derechos de las audiencias y evitar que los contenidos informativos sean presentados de manera engañosa, particularmente cuando exista publicidad disfrazada de información.
La legislación mexicana ya contempla, entre otros aspectos, la obligación de diferenciar la publicidad de la información periodística o noticiosa. La Suprema Corte ha analizado estas disposiciones dentro del marco de los derechos de las audiencias y del derecho a recibir información.
La controversia está lejos de concluir. El gobierno sostiene que la prensa continúa teniendo libertad para cuestionar, investigar y criticar a la administración federal, mientras que quienes se oponen al nuevo marco regulatorio advierten que el verdadero riesgo podría encontrarse no en una censura directa, sino en las facultades que las autoridades puedan ejercer sobre los concesionarios.
En ese contexto, la respuesta de Roberto Velasco intenta colocar el debate en el terreno de los hechos y no de las acusaciones políticas. El canciller defiende que México mantiene espacios para la crítica y que incluso quienes cuestionan al gobierno pueden publicar sus opiniones sin ser silenciados.
La discusión sobre los derechos de las audiencias continuará, mientras el nuevo modelo de regulación de radio y televisión enfrenta el escrutinio de medios, especialistas y organizaciones de libertad de expresión. El punto central será determinar si las nuevas reglas logran proteger el derecho de las audiencias a recibir información sin convertirse en instrumentos que puedan limitar la independencia editorial de los medios.