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/Hannia Novell/
El estado de Chiapas vive una situación de violencia extrema comparable a una zona de guerra. Desde 2021, los enfrentamientos entre los cárteles por el control del territorio, el tráfico de personas, armas y drogas, han sumido a la región en un estado de caos y terror.
La presencia de grupos delictivos como el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Zetas, entre otros grupos locales, ha convertido a Chiapas en un campo de batalla, dejando a su paso un rastro de muerte, desplazamiento y desolación.
Lo más alarmante es el nivel de apoyo que estos grupos criminales reciben de parte de ciertos sectores de la población. Los programas sociales dispersos no han sido suficientes para combatir la pobreza y la marginación. Algunos habitantes ven en los narcotraficantes una suerte de “salvadores” o “protectores”, alimentando así el poderío de estas organizaciones y perpetuando el ciclo de violencia.
Uno de los fenómenos más surrealistas que se observan en medio de este caos es la celebración de los llamados “narco carnavales”. Estos eventos son organizados por los cárteles como una forma de exhibir su poderío y reclutar nuevos miembros.
Bailes, desfiles y exhibiciones ostentosas se mezclan con la presencia intimidante de armas de alto calibre, recordándole a la población quién tiene el control real en la región.
Hace unos días, jóvenes del municipio tzotzil de Zinacantán, localizado en la zona Altos, celebraron el tradicional Carnaval K´intajemol 2024. La mayoría estaban disfrazados con el rostro cubierto por un pasamontaña negro, chaleco, casco, lentes obscuros y una insignia que hacía referencia a la delincuencia organizada. Los menos iban vestidos de payasos, monos y lobos.
Ello evidencia los altos niveles de influencia que los criminales han logrado imponer entre los jóvenes de la entidad chiapaneca, a quienes les ofrecen dinero y armas para reforzar sus acciones violentas.
A principios de febrero, en las redes sociales fue difundido un grabado en el municipio de Pantelhó, donde otro grupo de jóvenes se exhibe portando armas de alto calibre. Presumen que ya recibieron su primer pago de un cártel, pero también se manifiestan orgullosos por ser ellos quienes hoy ejercen el control de la zona.
A finales de 2023, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, (Frayba) presentó el Informe “Chiapas un desastre: Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado”, en el cual precisa que desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador en 2018, no sólo se remilitarizó la zona con más de 15 mil elementos entre la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, sino que se dejó crecer la presencia criminal.
Esto provocó situaciones de desplazamiento forzado masivo e intermitente, desapariciones, despojo de tierras, asesinatos, tortura, entre otras graves violaciones a los derechos humanos.
La respuesta institucional ha sido inexistente. Incluso, el presidente López Obrador dijo que las más de tres mil personas desplazadas por la violencia e inseguridad del municipio de Chicomuselo, “no es significativa”. “Son muy pocos”.
Así es que continúan los secuestros, torturas, levantones, asesinatos, cobro de piso, quemas de vehículos y tiroteos. La violencia en Chiapas no es un problema aislado, es un reflejo de la profunda crisis que vive México.
Para construir un futuro más pacífico para Chiapas y para México, urgen soluciones integrales que aborden las causas de la violencia, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades.
