- Por Patricia Monreal.
La caricia del aire puro, tranquilo y calladito, serena el cuerpo de Claudia Ignacio Alvarez, mujer purépecha recia, defensora de derechos humanos, lesbiana y feminista, a quien cada paso por el sendero le ha implicado asumir una posición política ante la vida.
Los olores de la tierra, de los árboles frutales y de las plantas se mezclaron con su ímpetu y con el activismo de su padre, Juan Ignacio Cárdenas. Así curtió su piel desde que era chiquita.
Dentro, en el corazón que lleva y trae la sangre que la mantiene viva, Claudia reconoce lo que los purépechas denominan Juchari Uinapikua (nuestra fuerza), característica colectiva que les identifica: “sí, yo pensaría que soy colectividad y eso es algo muy particular que me ha venido de mi formación desde muy niña y que creo que es lo que me adentra en el activismo”.
El vaivén de las aguas del lago de Pátzcuaro es un susurro en el ambiente de San Andrés Tziróndaro, comunidad indígena en la que ella nació. Creció acompañando a su padre, Juan Ignacio Cárdenas, quien trabajaba por el fortalecimiento de la identidad purépecha al interior de comunidades que generaban procesos de defensa de la tierra y del territorio. Purépechas, nahuas, mazahuas y otomíes son los pueblos originarios con mayor presencia entre los 35 pueblos originarios de Michoacán.
Claudia es una de las más de 124 mil mujeres que conforman el 52 por ciento de la población indígena en este estado. Los datos del Atlas de los Pueblos Indígenas de México del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, 2015, consignan la presencia de 99 mil mujeres purépechas.
El activismo familiar por la defensa del territorio y la identidad, la impulsó a estudiar Historia en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde profundizó su conocimiento sobre la lucha que a mediados del siglo XIX libró su comunidad de origen para evitar se privatizara la tierra: “esto me mueve a seguir conociendo la historia de otras comunidades”, confiesa.
La activista de 39 años de edad, pensaba que su vida se desarrollaría en la academia, pero el tiempo surcó para ella otra brecha que, de manera consciente, determinó transitar: la de la defensa de derechos ambientales. Fue ese camino el que, poco después le haría cursar la Maestría en Ciencias del Desarrollo Rural Regional por la Universidad Autónoma de Chapingo.
Contra la trenza de las opresiones
Ser mujer ha representado uno de los mayores retos para hacerse escuchar, además, el ser purépecha ha jugado siempre un papel importante en la vinculación de Claudia con los actores comunitarios.
Aún y cuando las mujeres son fuerza impulsora de los movimientos de resistencia indígena en Michoacán, su participación en los órganos de gobierno comunales se ha dado a cuentagotas; ellas han debido dar batalla al interior de sus propias comunidades para ocupar espacios en los Concejos, debido al machismo que todavía impera.
En 2021, Michoacán aprobó una nueva Ley Orgánica Municipal que formalizó los autogobiernos indígenas, lo que evitó que las comunidades ejercieran su presupuesto directo a través de juicios. El Instituto Electoral del estatal es la autoridad responsable de coordinar los trabajos para la elección de autoridades vía asambleas y una de las reglas, para las 33 comunidades que hoy ejercen su presupuesto de manera directa, es conformar Concejos paritarios. Antaño la participación de las mujeres se reducía a máximo cuatro espacios.
Elisa Vallejo Gaspar maniobra para mantener quieta a su pequeña nieta que afanosa demanda la atención total de su abuela. La promesa de un jugo de durazno logra que la niña conceda la tregua necesaria para charlar.
En San Andrés Tziróndaro, cuenta Elisa, fue de las primeras mujeres en formar parte de la autoridad comunal. En 2002 ocupó la Secretaría del Comité de Bienes Comunales luego de que los hombres -quienes mayoritariamente intervenían en las asambleas- se vieron obligados a ceder espacios frente a la insistencia de las mujeres por participar.
Ella no duda que, en el fondo, los hombres aceptaron que las mujeres formaran parte de la autoridad con la esperanza de verlas fallar y así justificar lo que por años se dijo: que no estaban hechas para esas responsabilidades.
Durante su gestión en el Comité, Elisa no dio margen de excusa para que cuestionaran sus capacidades por ser mujer. Decidida llegó para ser y hacer. Su primera advertencia a los integrantes fue que no estaba ahí para tomar apuntes y recados, sino para tomar decisiones.
Con su experiencia en procesos de educación comunal, generó acciones de reflexión sobre el por qué y para qué debía darse el ejercicio de gobierno al interior de la comunidad, pugnando en todo momento por el reconocimiento de los derechos de las mujeres.
La senda era cuesta arriba y la participación de ellas solía menguar por atender labores del hogar o del campo. Para Elisa, los obstáculos que se dan en estos procesos son semejantes a muros gruesos que hay que romper. De ahí que, años después, cuando supo que una paisana suya, una tal Claudia Ignacio, había impartido una conferencia para hablar de tierras comunales, se sorprendió y se sintió reconfortada por saber que otras mujeres de su comunidad habían tomado el mismo sendero que ella años atrás.
No pasó mucho tiempo para que el trabajo uniera a Elisa con Claudia, cuando se conformó la asociación Tzirondarhu Anapu, en el 2013. La activista mayor reconoce en Claudia la capacidad y el valor de defender el territorio y acompañar en la lucha a las comuneras y comuneros. Considera que entre ambas el trabajo fluye porque hablan un lenguaje común: “defender nuestra tierra, hablar de nuestra madre tierra, luchar por las mujeres”.
En su tierra natal, Claudia ha desplegado esfuerzos en proyectos que se realizan con la asociación y con la Escuela Campesina. A partir del diálogo entre actores urbanos, académicos y personas de las comunidades, mezclan saberes tradicionales con conocimientos de la agroecología. Ella, además, integra su postura feminista, que ubica como urgente el reconocimiento de los derechos de las mujeres y visibilizar la opresión del patriarcado: “trabajamos mucho la idea de la trenza de las opresiones, que es una trenza que está compuesta por el patriarcado, por el capitalismo y por el colonialismo”.
Esto les ha ayudado a identificar sus resistencias y a colocar en el centro un tema que considera muy importante: el cuidado colectivo. Reconoce que las luchas pueden llevar a las personas a un nivel de desgaste que impide desarrollar su vida, lo que resulta uno de los costos más altos que tiene la defensa de derechos humanos.
“Si no lo miramos desde una lógica de cuidado, si no lo miramos también desde el reconocimiento del papel central que tenemos las mujeres en los procesos de defensa, la realidad es que nos vamos a quedar siempre muy cortas y nos va a costar mucho seguir avanzando en esta lógica de una mirada interseccional que defiende derechos de las comunidades, pero también entiende y reconoce que dentro de las comunidades se ejercen opresiones que deben cambiarse”.
En su natura de resistencia y lucha, uno de los retos más grandes para Claudia ha sido expresar públicamente su ser lesbiana: “ha sido un proceso muy lento que obviamente pasó primero por decírmelo a mí, por nombrarme, y luego ha pasado también por ir entendiendo cómo esto puede entrar en la dinámica comunitaria”.
Poco a poco tuvo claro que su orientación sexual era una actitud subversiva dentro del espacio comunitario y que representaba un posicionamiento político. En ese sentido, considera fundamental entender que las mujeres son diversas y que desde sus diferencias también pueden involucrarse en los espacios de trabajo en comunidad.
Claudia tiene clara la tensión que existe entre la forma tradicional en la que se ha dado la participación comunitaria de las mujeres y estas otras formas en las que muchas jóvenes se están situando desde su orientación sexual o desde su profesión, lo que resulta en que están dejando de cumplir con el estereotipo de la “buena mujer”: “desde el ser ‘malas mujeres’ vamos rompiendo reglas y generando, poco a poco, pasitos de transformación”.
Miedo y lucha
En México y en un estado como Michoacán, más temprano que tarde el miedo sale al paso de quienes optan por la defensa de derechos como ruta de vida. El peso de las desapariciones y asesinatos de defensoras y defensores, suman carga en el ánimo de quienes libran la lucha por la justica, el territorio y la identidad.
En enero de 2018, la defensora del territorio y cofundadora de la Ronda Comunitaria de Cherán, María Guadalupe Campanur Tapia, fue asesinada tras ser desaparecida, su cuerpo fue localizado con signos de violencia.
Al año siguiente, en el municipio de Aquila, entre Huahua y Pichilinguillo, Zenaida Pulido Lonbera, coordinadora de la Quinta Caravana Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el estado, fue asesinada el 19 de julio cuando regresaba de interponer una denuncia por amenazas en su contra.
Durante los dos primeros años del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán fueron desaparecidos o asesinados once defensores de derechos.
Sí, se trata de un estado muy peligroso para ser una persona defensora de derechos humanos y Claudia Ignacio lo sabe: “el miedo es algo muy difícil de gestionar, no solamente es el miedo, es el cansancio, es la frustración que genera la situación de graves violaciones a derechos humanos y el querer fortalecer, el querer acompañar a las comunidades”.
Para ella, punto clave para gestionar el miedo es tejer redes con otras personas defensoras, hablar y generar espacios de empatía para cuidarse. En ello el feminismo tiene un papel crucial con las herramientas de cuidado colectivo que profesa.
En esta otra trenza de esfuerzos para la autoprotección, Claudia conoció a María Eugenia Gabriel Ruiz, de la comunidad purépecha de Comachuén, municipio de Nahuatzen. María Eugenia llevó el proceso legal de su comunidad para el reconocimiento del autogobierno y en 2018 logró la sentencia favorable del Tribunal Electoral del Estado. Fue la primera y, hasta ahora, la única mujer en presidir el Concejo de Gobierno Comunal. Sus ideas de gobierno, distintas a las tradicionales, afectaron intereses que existían al interior del pueblo; la negativa de echar mano del presupuesto directo para otorgar obras o recursos sin justificación a quienes estaban acostumbrados a mandar, fue punto de quiebre.
Desde los gobiernos municipal, estatal y federal se operó para desestabilizar el Concejo. Los rumores en contra de María Eugenia prendieron como pólvora en una parte de la comunidad, la acusaron de desvío de recursos. Fue el costo de no beneficiar a cacicazgos vinculados a la clase política estatal.
Sin María Eugenia presente en una asamblea, sus detractores la acusaron. La arenga fue tal, que comuneros enardecidos acudieron a su casa para lincharla. Ella no se encontraba ahí, pero su madre y hermano sí, quien fue golpeado hasta que una prima lo rescató resguardándolo en su hogar. El paso siguiente fue operar en asamblea para el desconocimiento del Concejo, lo que finalmente ocurrió. Con la intervención de instituciones estatales eligieron nuevos integrantes, ligados a los intereses políticos en turno.
En todo ese proceso Claudia fue punto de apoyo para María Eugenia. En cualquier mesa de negociación la acompañaba: “yo me sentía como más fuerte, como acompañada, no sola”, recuerda María Eugenia. En una de tantas crisis, Claudia cimbró su ánimo con un “te queremos viva”. “Ya después del proceso, para intentar calmar, tranquilizar mi espíritu, mi alma, empezamos a trabajar más temas de autocuidado, a sacar todo ese estrés que tenía acumulado. Es y ha sido ya una amistad que llegó para quedarse”, confirma.
Claudia también ha encontrado el apoyo de su amiga en los momentos de mayor tensión: “las mujeres de mi vida son fundamentales porque son las que me recuerdan que debo descansar, que debo comer, estos mínimos que en los momentos de riesgo, que en los momentos de mayor desgaste se vuelven lo básico, tú tienes que dormir, tienes que comer, tienes que estar tranquila, tienes que poder ir activando poco a poco la vida. Pero ciertamente ha habido momentos en los que las violaciones a derechos humanos han sido tan graves que una tiene que parar, y parar también es un acto político”, enfatiza.
Activismo por determinación
Para las comunidades nahuas de la sierra-costa michoacana la defensa del territorio es un modo de asumir la vida. La región, vasta en recursos naturales, está en la mira de poderosos intereses económicos, lo que afecta tanto el medio ambiente como la dinámica social. Aquila, Arteaga, Coahuayana, Coalcomán, Chinicuila, Lázaro Cárdenas y Tumbiscatío son los municipios que conforman esta región, donde también organizaciones criminales han echado raíces y cobrado cuota de sangre, gran parte de ella indígena.
Tan sólo Aquila registró, de 2007 a 2023, más de media centena de defensores de la tierra desaparecidos o asesinados. El caso de líder comunal Antonio Díaz Valencia y del activista y abogado Ricardo Lagunes Gasca, desaparecidos el 15 de enero de 2023, generó indignación y una exigencia nacional de localización.
Claudia llegó a esa región en 2012 a dar clases en el plantel de Faro de Bucerías de la Universidad Intercultural Indígena: “me encuentro con el pueblo nahua, con su organización, su forma de ver el mundo, sus prácticas, que son totalmente distintas y quedo sumamente impresionada”, comparte.
San Juan Huitzontla, en el municipio de Chinicuila, le salió al paso en 2013 para marcarla de por vida. Al acudir a las celebraciones del Día de Muertos con estudiantes y profesores conoció al líder comunal Eustacio Alcalá Díaz “Tacho”, quien tras un recorrido por la comunidad les explicó el porqué del retén de personas armadas en la entrada del pueblo. La versión gubernamental criminalizaba la organización comunal en Huitzontla con el argumento de que obedecían a la delincuencia organizada. La realidad: la comunidad estaba defendiendo, cuidando el territorio y su identidad.
En esa ocasión, durante un diálogo en asamblea entre autoridades, profesores y estudiantes, la comunidad pidió ayuda. Llovieron recio los pretextos para eludir compromiso alguno: “no es mi línea de investigación”, “no, porque ya se aprobó el presupuesto de este año”, “no tenemos recurso para poder apoyarlos”.
Claudia cruzó miradas con una compañera maestra, fue el momento en que ambas decidieron retornar a Huitzontla para apoyar la causa. Días después Tacho las recibió en su casa y realizaron la primera entrevista que se hizo a la Guardia Comunal de San Juan, publicada en el periódico La Jornada.
“Las y los compañeros piden ayuda porque tienen una situación de persecución, de estigmatización sobre su lucha; la forma en la que la academia respondió para mí fue un antes y un después, fue un quiebre muy fuerte”, confiesa Claudia. Se dio cuenta que no quería ser académica, que quería ser defensora de derechos humanos.
Organización y resistencia
Eustacio Alcalá era jefe de tenencia en Huitzontla cuando Claudia Ignacio lo conoció. Se aliaron para fortalecer el proceso de resistencia comunal contra los megaproyectos y el crimen organizado, exigieron la presencia del Estado mexicano no sólo a través de las fuerzas de seguridad, también para que solventara necesidades tan básicas como los servicios de salud.
Además de reflexionar cómo organizarse para trabajar con la comunidad, consideraron necesario saber cómo protegerse frente a lo que sabían sería una labor de alto riesgo en una zona compleja. Así nació, e 2013, la Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C.
Para Claudia, el caso Huitzontla es particularmente relevante porque tras activar su guardia comunal para expulsar al crimen organizado y detener la minería que estaba a pie de carretera, se dieron cuenta de que la riqueza de su organización residía en que a la defensa activa del territorio principalmente hecha por hombres, se habían unido mujeres, niñas, niños y personas jóvenes.
Reconocer eso, y que la defensa del territorio impactó sus vidas y las cambió, les permitió recurrir a herramientas para generar procesos de transformación social, de los más importantes: crear memoria: “hay un ejercicio muy bonito que hicimos en la Jefatura de Tenencia, donde las niñas y los niños dibujaron el territorio, es un espacio simbólico porque es donde están las autoridades y donde se toman las decisiones”, narra Claudia mientras rememora los colores, animales y personajes dibujados en los muros del lugar. Abunda: “lo radical de que niños y niñas trastocaran un espacio de toma de decisiones fue alimentando este deseo no solamente de la acción directa, sino también de la organización política”. Nace entonces el Comité de Defensa de Tierra y Territorio. El proceso de comunicación entre las personas de la comunidad fue muy fuerte, pero se llegó a una agenda común.
Para 2018, por acuerdo de asamblea comunal, Huitzontla emprendió acciones legales contra la explotación minera. En 2022 obtuvieron un amparo para impedir que las autoridades otorgaran más títulos de concesión, y con ello frenar la operación de seis concesiones otorgadas a la minera Las Truchas, de la empresa ArcelorMittal, y a la unidad minera Las Encinas, de la Siderúrgica Ternium.
Esta ruta para la organización comunal y la defensa del territorio se topó, en abril de 2023, con un duro y desgarrador golpe: el día primero, cuando viajaba en su camioneta por la carretera federal Coalcomán–Aquila para trasladar a tres religiosas, Eustacio Alcalá fue privado de su libertad por un grupo de personas. Dos días después, su cuerpo fue localizado sin vida.
Una vez más la criminalización fue manifiesta por parte de las autoridades, la revictimización de Eustacio Alcalá la protagonizó el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Alfredo Ortega Reyes, quien declaró que se trataba del “chofer” de las misioneras y que era familiar de una persona “vinculada a la delincuencia”.
A Claudia, el asesinato de Eustacio la llevó a uno de los dos momentos de su vida en que se vio obligada a parar, a quedarse quieta durante algunos meses en lo que lograba generar una narrativa para su dolor y poder seguir adelante en la exigencia de justicia.
“Temimos en un principio que no pudiéramos encontrarle, que como a Antonio (Díaz Valencia) y Ricardo (Lagunes Gasca) estuviéramos buscándole hasta encontrarle, porque eso está claro que no iba a ocurrir. Afortunadamente se dio la localización y eso permitió avanzar en el proceso inmediato de duelo, de acciones, de protección, ¿y ahora?, pues eso, ese detener ha sido un asunto de ir cuestionando la memoria, qué es la justicia y dónde la vamos a encontrar”.
Claudia es firme al señalar que la exigencia de justicia al Estado mexicano será permanente, como también lo será la construcción de memoria sobre Eustacio, difundiéndolo en todos los espacios a los que vayan, teniéndolo presente, “es una forma no solamente de resistir, sino de sanar”.
Parar para aprender
La defensa de derechos humanos es una labor que afecta intereses y genera reacciones, muchas de ellas violentas. Claudia lo aprendió en 2018 en carne propia. Fue en el municipio de Tanhuato
En Michoacán, las actividades primarias representan el 16 por ciento del Producto Interno Bruto estatal según la estadística del INEGI. La vocación agrícola del estado es una de sus mayores fortalezas económicas con cultivos de aguacate, frutos rojos, limón, guayaba, jitomate y otros tantos que para 2022, representaron un valor en la producción de 112.2 mil millones de pesos.
Es el trabajo de las y los jornaleros agrícolas el que hace posible el éxito económico del campo michoacano con el que los gobernantes suelen vestir sus discursos. Los datos del Censo Agropecuario de 2022, consignan que del 1.4 millón de personas que conforman la mano de obra del sector en el estado, 833 mil son jornaleros agrícolas, muchos de ellos migrantes.
Frente a las condiciones de explotación y la constante violación de derechos de los jornaleros, la Red Solidaria de Derechos Humanos se involucró en dar acompañamiento y apoyo, particularmente con personas trabajadoras de los cultivos de jitomate en el municipio de Tanhuato.
“Estábamos muy contentas todas porque se había logrado generar sentido de comunidad, aunque todas venían de distintos lugares se identificaban y se reconocían como jornaleras”, rememora Claudia.
La labor permitió que la comunidad jornalera reclamara su derecho a participar en la toma de decisiones del albergue en que se alojaba, así como incidir en la manera en que éste era administrado. Extorsiones y amenazas por parte de policías municipales y los administradores del albergue también fueron denunciadas por la Red en agosto de 2018 a través de una carta pública dirigida a los gobiernos federal y estatal. Ahí también se informaba que más de la mitad de las familias que vivían en el sitio habían interpuesto dos amparos y contaban con una suspensión provisional para que las autoridades no continuaran con el cobro excesivo de cuota o amenazaran con expulsarlas del lugar.
El trabajo permitió que las personas jornaleras nombraran sus propios representantes, y en la víspera de un evento que iban a tener con autoridades para formalizar su proceso de participación, un comando arribó al lugar para poner punto final al esfuerzo.
No hacía ni diez minutos que Claudia y los integrantes de la Red se habían retirado del sitio luego de impartir un taller, cuando les avisaron que un grupo armado había entrado al albergue y desaparecido de manera forzada a personas jornaleras y sus familias.
“Nos querían asustar y lo lograron, obviamente nos sacaron”, resiente Claudia. Recuerda lo angustiante que fue el proceso, pero obtuvieron apoyo de aliadas para evaluar los riesgos acercándolas al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas de México. El suceso expulsó de Michoacán a integrantes de la Red, su vida quedó paralizada y permanecieron asustadas: “la verdad es que agradecemos mucho el acompañamiento que hemos tenido a partir de ese momento de Aluna Acompañamiento Psicosocial, porque justo nos permitieron entender que lo que había pasado era un efecto, un síntoma de este sistema sociopolítico y su violencia extrema, y desde ahí también cómo podíamos fortalecer nuestras herramientas”.
Para Claudia resultó muy fuerte ver cómo su labor en la defensa de derechos podía tener implicaciones en la vida de las personas que acompañaba: “había menores entre las personas que retuvieron ilegalmente, pensar en niñas y niños en una situación de riesgo porque tú estás organizándote con sus mamás y sus papás para hacer algo; después de mucho análisis, entendimos que esa era la idea, la idea era tronarnos”.
Necesario seguir luchando
La tierra con raíces entrelazadas de los árboles de aguacate, lima, naranja, y guayaba, de las bugambilias, las malvas y la sábila, inunda con su olor la huerta en la que Claudia creció. Ahí, con las caricias propias del cultivo, han sido muchas manos las que han amado el territorio, incluidas las de sus ancestras.
En San Andrés Tziróndaro, abrazando la huerta está la casa familiar, esa que hoy Claudia nos abrió generosa para platicar de sí, de su lucha, de las batallas que ha librado al lado de mujeres y hombres en defensa de la tierra y del territorio, de la identidad, del ser y decidir.
Los muros de adobe y los techos de madera -desde 2015- crean un espacio comunitario que recibe a personas para trabajar, para reflexionar sus procesos de organización, sus capacidades y sus fortalezas.
“Vienen también a cultivar la tierra desde procesos agroecológicos, tenemos un huerto que han construido las mujeres, donde colocaron hierbas que les ayudan a sanar sus males, es un espacio donde van fluyendo las ideas, donde hay una discusión muy enriquecedora, pero también donde hay un cuidado colectivo intencionado”.
Se trata pues, de un espacio que facilita el encuentro de personas defensoras de derechos humanos que van dialogando sobre autonomía, buscando estrategias para lograr la soberanía alimentaria, la defensa de la salud pública y también para construir saberes locales, desde medicina tradicional hasta bordado.
Con las purépechas de Tziróndaro se conformó el colectivo Mujeres Bordando Esperanza, que entre otras acciones elaboró cubrebocas durante la pandemia por la Covid-19, para entregarlos a las personas adultas mayores de la comunidad.
“Es un lugar que busca generar y alimentar esta lógica del servicio, del trabajo colaborativo a nivel comunitario, como una forma de fortalecer los procesos de defensa de derechos humanos”, considera Claudia.
El trabajo incluye además la idea del buen vivir, lo que implica tener salud, contar con alimentos y poder desarrollar la dinámica social de la comunidad, ya sea en familia o en las actividades propias del pueblo, las fiestas, las celebraciones y también la parte ritual.
Claudia explica que los elementos del buen vivir solo se pueden tener si hay un entendimiento de que no existe la propiedad privada como tal, ya que si bien existen casas y parcelas separadas, éstas forman parte del colectivo.
En 30 años Claudia se imagina descansando. Su sueño para entonces es tener un lugar donde puedan llegar las mujeres defensoras de derechos humanos a descansar, a cuidarse, a prepararse para agarrar energía y poder seguir.
Ella tiene claro que la organización persistirá en las comunidades, por ello, subraya la importancia de luchar: “es necesario seguir defendiendo derechos humanos mientras no existan las condiciones para poder desarrollar la vida digna, mientras no exista la justicia”.
