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30.07.2026 Xalapa. Ver.-El anuncio de la SEP se da tras el escándalo mediático por una muerte más en el jugoso negocio de las academias que operan bajo supuestos militares con permisos de instituciones.
*SEP lo anuncia a días de que Sheinbaum pidió revisar la operación de las academias militarizadas ante la muerte de la adolescente, ocurrida hace 22 días.
30.09.2027 Ciudad de México.- La muerte de Dafne Zapata Quintos, una adolescente de 13 años que falleció durante un campamento en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, provocó una revisión nacional de las llamadas escuelas o academias militarizadas y derivó en una decisión de alcance federal: la Secretaría de Educación Pública ordenó que este tipo de instituciones de educación básica dejen de operar bajo denominaciones o modelos que hagan referencia a la instrucción o disciplina militar.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó públicamente la determinación de la SEP y sostuvo que la disciplina no puede utilizarse como argumento para permitir abusos y actos de violencia contra niñas, niños y adolescentes.
“Es muy triste lo que pasó en Tamaulipas, se está atendiendo y es muy buena la decisión que toma la SEP porque con el pretexto de la disciplina hay abusos y eso no puede permitirse”, afirmó la mandataria este jueves, al referirse a la determinación de la dependencia encabezada por Mario Delgado.
La mandataria mexicana admitió que dentro de la educación se aprenden límites, subrayó que la enseñanza debe ser “un espacio de construcción de libertad”, dejando en claro su postura de no permitir ningún tipo de abuso contra las niñas y los niños.
La resolución establece que al inicio del próximo ciclo escolar, previsto para el 31 de agosto de 2026, no deberán funcionar en el país instituciones de educación básica que se ostenten como militarizadas, castrenses o que hagan referencia a una instrucción o disciplina de carácter militar. La medida se produce después de que el caso de Dafne colocara bajo escrutinio las prácticas que durante años se desarrollaron en este tipo de planteles.
El caso que detonó esta decisión ocurrió en Tamaulipas. Dafne, originaria de Ciudad Mante, ingresó el 13 de julio a un campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero. Cuatro días después, el 16 de julio, murió dentro de las instalaciones.
La versión inicial difundida por el plantel señalaba que la adolescente se había desvanecido. Sin embargo, la investigación posterior modificó sustancialmente el panorama. La necropsia estableció que la causa de muerte fue asfixia por sumersión, mientras que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió una investigación bajo el protocolo de feminicidio.
La madre de Dafne, Alejandra Quintos, ha sostenido públicamente que su hija fue víctima de violencia y tortura antes de morir y ha exigido que se esclarezca completamente lo ocurrido dentro de la academia.
A partir del caso comenzaron a aparecer testimonios de jóvenes que habían pasado por la institución. Exalumnos describieron públicamente presuntos métodos de disciplina que incluían humillaciones, castigos físicos, aislamiento y otras prácticas violentas. Uno de ellos, Kevin Ortega, afirmó haber sufrido malos tratos y manipulación durante el periodo en que permaneció como interno y aseguró que los testimonios difundidos posteriormente en redes sociales coincidían con experiencias que él mismo había vivido.
También Danna Yanina, una joven de 18 años detenida dentro de la investigación por la muerte de Dafne, difundió un audio en el que se presentó como víctima de presuntos abusos atroces ocurridos durante su permanencia en la Academia Militarizada Marina Doenitz. La joven relató que ingresó a la institución cuando tenía 17 años y además de agresión física hubo violación sexual por parte del personal familiar de la trabajadora “estrellita”. Sus declaraciones se sumaron a las denuncias que comenzaron a circular después de la muerte de la adolescente.
En redes sociales se multiplicaron además videos y testimonios de antiguos alumnos que describieron experiencias de violencia, humillaciones y castigos físicos. Estas versiones forman parte de las denuncias públicas y deberán ser contrastadas por las autoridades mediante investigaciones formales; no todas las acusaciones difundidas en plataformas digitales han sido judicialmente acreditadas.
El caso también derivó en la detención de tres personas relacionadas con la academia. Entre ellas se encuentra Jorge Luis Ponce Ortega, identificado como director del plantel; Estrellita Mora Díaz, señalada como responsable del área femenil, y Danna Yanina Cruz, supuesta auxiliar, quien era estudiante, denunció los abusos y fue vinculada a proceso. La Fiscalía estatal mantiene abierta la investigación para determinar las responsabilidades individuales que correspondan.
Estrellita Mora Díaz también ha sido mencionada por exalumnos y familiares como una de las personas encargadas de la “atención” de las adolescentes dentro de la institución. Algunos testimonios difundidos públicamente la señalan por presuntos métodos disciplinarios violentos, aunque corresponde a las autoridades determinar cuáles de esas acusaciones pueden ser acreditadas jurídicamente.
La dimensión del caso llevó a la presidenta Sheinbaum a pronunciarse desde los primeros días de la investigación. El 22 de julio, a seis días de la muerte de la niña de 13 años, la mandataria había solicitado revisar a la SEP el funcionamiento de estas academias y dejó claro que la Academia Militarizada Marina Doenitz no pertenecía a la Secretaría de la Defensa Nacional.
“No dependen de la Secretaría de la Defensa; son centros estatales, de educación, que tienen una formación con base militar, con una estricta disciplina”, explicó entonces Sheinbaum, al señalar que en el caso de Dafne correspondía al Gobierno de Tamaulipas investigar los hechos y revisar el funcionamiento de estos centros.
Esa precisión cobró relevancia después de que la Secretaría de la Defensa Nacional emitiera su propio posicionamiento. La dependencia afirmó que carece de facultades para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular las instituciones educativas que funcionan bajo la denominación de academias militarizadas y negó tener relación con la Academia Militarizada Marina Doenitz.
La aclaración permitió establecer una diferencia fundamental: aunque estas instituciones utilizan uniformes, estructuras jerárquicas, entrenamiento físico y métodos inspirados en modelos castrenses, no forman parte de las Fuerzas Armadas mexicanas.
La SEP también modificó el escenario. El 27 de julio, Mario Delgado informó que ninguna modalidad de educación militarizada está autorizada por la legislación mexicana para la educación básica y anunció una revisión de los planteles que ofrecieran este tipo de formación.
“No está autorizado por la ley ningún tipo de educación de tipo militarizada. Ni la Secretaría de Educación ni la Defensa Nacional autorizan este tipo de modalidades”, afirmó el secretario.
Delgado explicó que la dependencia había solicitado a las autoridades educativas estatales revisar los permisos y las condiciones en que operaban estas instituciones. En Tamaulipas, agregó, se habían identificado otras cinco escuelas que ofrecían formación militarizada y serían revisadas de inmediato.
La postura federal quedó posteriormente plasmada en la decisión de impedir que las instituciones de educación básica continúen funcionando bajo ese esquema. La SEP argumentó que la educación militar tiene una finalidad distinta y que la formación castrense corresponde a las instituciones de las Fuerzas Armadas, mientras que la educación básica debe desarrollarse bajo los principios constitucionales y educativos aplicables a niñas, niños y adolescentes.
La decisión no surgió únicamente del caso de Tamaulipas. La muerte de Dafne se convirtió en el episodio más reciente de una serie de fallecimientos y denuncias de tortura que han puesto bajo cuestionamiento las academias militarizadas.
De acuerdo con la información difundida por la SEP y medios nacionales, anteriormente se registraron los fallecimientos de Zamir Pinto, de 16 años, en una academia del Estado de México en 2023, y de Erick Torbellín, de 13 años, en una institución de Ciudad de México en 2025. La existencia de estos antecedentes ( cuya cifra negra es alta ante la falta de denuncias) y hasta la tercera muerte de una niña fue uno de los elementos que llevó a colocar bajo revisión nacional este modelo de formación.
La nueva disposición federal alcanza a más de 60 instituciones que, según reportes periodísticos, se encontraban distribuidas en diferentes entidades y que operaban como planteles de educación básica, aunque ofrecían una formación presentada como militarizada.
Uno de los puntos centrales de la discusión es precisamente la frontera entre disciplina y violencia. Las autoridades educativas han establecido que ningún método de formación puede justificar golpes, humillaciones, castigos degradantes, privación de alimentos, aislamiento, abusos sexuales o cualquier otra conducta que vulnere los derechos de las y los menores.
La SEP sostuvo que “no puede haber una verdadera transformación educativa si permitimos cualquier expresión de violencia” y consideró incompatible el modelo de educación básica militarizada con los principios de la Nueva Escuela Mexicana.
El debate adquiere mayor relevancia ante la cantidad de testimonios que comenzaron a difundirse después de la muerte de Dafne. Las redes sociales se transformaron en un espacio donde exalumnos y familiares comenzaron a relatar experiencias que, durante años, aseguran haber mantenido en silencio.
Algunas de esas narraciones hablan de golpes, ejercicios extenuantes, humillaciones y castigos físicos. Otras señalan prácticas de obligar a alumnos a golpear a sus propios compañeros, lo que los exalumnos consideran degradantes. La acumulación de testimonios generó presión social para que las autoridades no limitaran la investigación a la muerte de Dafne, sino que revisaran el funcionamiento de estas instituciones en todo el país.
En este contexto, la posición de Sheinbaum evolucionó de una solicitud inicial para revisar las academias a un respaldo explícito a la determinación de la SEP para impedir que continúen operando bajo un esquema militarizado.
“Con el pretexto de la disciplina hay abusos y eso no puede permitirse”, resumió la presidenta al respaldar la decisión.
El caso Dafne abrió así una investigación penal, una revisión administrativa y un debate nacional sobre los métodos utilizados para disciplinar a menores. La muerte de una adolescente de 13 años terminó poniendo bajo la lupa un sistema que durante años se presentó ante las familias como una alternativa para inculcar disciplina, orden y carácter.
Ahora, el Gobierno federal busca que esa formación no pueda continuar desarrollándose en instituciones de educación básica bajo una denominación militarizada.
Mientras tanto, en Tamaulipas continúa la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de Dafne y determinar las responsabilidades que correspondan a las personas involucradas. Paralelamente, los testimonios de exalumnos siguen apareciendo y las autoridades deberán establecer cuáles de esas denuncias pueden convertirse en elementos formales dentro de investigaciones ministeriales.
La decisión anunciada por la SEP representa, hasta ahora, la respuesta institucional de mayor alcance desde que el caso de Dafne colocó a las academias militarizadas en el centro de la atención pública.
Para la familia de la adolescente, el cierre de estos centros no sustituye la exigencia principal: conocer qué ocurrió con Dafne, obtener justicia y determinar quiénes fueron responsables de su muerte.