* “Ellos tendrán que aclarar” responde en la mañanera .
*Gobernadores minimizan el reportaje de Los Angeles Times.
03.06.2026 Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó este miércoles la difusión pública en EU de información relacionada con el presunto retiro de visas estadounidenses a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, al considerar que existe una intencionalidad política detrás de las filtraciones y advertir que su gobierno no actuará bajo presiones externas.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria fue interrogada sobre el reporte publicado por el diario Los Angeles Times, el cual señala que autoridades de Estados Unidos investigan a ambos mandatarios estatales por presuntos vínculos con organizaciones criminales y que, en ese contexto, les habrían sido revocadas sus visas de ingreso a territorio estadounidense.
Sheinbaum evitó pronunciarse sobre el fondo de las acusaciones y sostuvo que corresponde a los propios gobernadores aclarar la situación. Sin embargo, manifestó su inconformidad respecto a la manera en que la información fue difundida.
“Ellos tienen que aclarar, pero ayer lo dije: ¿qué intención hay de quitar la visa y además hacerlo público?”, expresó la titular del Ejecutivo federal al ser cuestionada sobre el tema.
La presidenta sugirió que determinados grupos buscan utilizar este tipo de revelaciones para generar incertidumbre y presionar políticamente a funcionarios mexicanos.
En ese sentido, insistió en que su administración mantiene una posición firme en defensa de la soberanía nacional y rechazó que decisiones tomadas por gobiernos extranjeros deban condicionar la actuación de autoridades mexicanas.
El caso se produce en medio de una creciente tensión diplomática entre México y Estados Unidos, luego de una serie de reportes periodísticos y acciones migratorias que han involucrado a políticos mexicanos de distintos niveles de gobierno. En semanas recientes, la cancelación de visas a funcionarios públicos mexicanos se ha convertido en un tema recurrente dentro del debate político nacional.
De acuerdo con la investigación publicada por Los Angeles Times, citada por diversos medios mexicanos, Durazo y Villarreal formarían parte de indagatorias realizadas por autoridades estadounidenses relacionadas con presuntos nexos con grupos criminales.
El reporte sostiene que la revocación de sus visas habría ocurrido en el marco de esas investigaciones. No obstante, hasta el momento el gobierno de Estados Unidos no ha emitido una comunicación oficial detallando los motivos específicos de las presuntas medidas migratorias.
Tras difundirse la información, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, restó importancia a las versiones periodísticas y rechazó las acusaciones en su contra.
El mandatario estatal sostuvo que no existe ningún procedimiento judicial abierto en su contra y calificó los señalamientos como especulaciones sin sustento, pues no tiene fuente el reportaje del diario estadounidense.
Según reportes periodísticos, también evitó mostrar públicamente documentación relacionada con su situación migratoria ante Estados Unidos.
Por su parte, el gobierno de Tamaulipas rechazó igualmente los señalamientos contra Américo Villarreal y negó que existan elementos que acrediten los presuntos vínculos con organizaciones criminales mencionados en las publicaciones estadounidenses.
Las autoridades estatales calificaron las versiones como información no comprobada y reiteraron que el gobernador continúa desempeñando normalmente sus funciones.
El episodio añade presión política al gobierno federal y a Morena, particularmente porque ambos mandatarios estatales son considerados aliados cercanos de la presidenta Sheinbaum.
Analistas han señalado que el caso podría tener repercusiones en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, especialmente en temas de seguridad, combate al narcotráfico y cooperación institucional.
Mientras continúan las especulaciones y los señalamientos, la posición oficial de la Presidencia ha sido solicitar que los gobernadores involucrados ofrezcan explicaciones públicas sobre su situación, al tiempo que cuestiona la divulgación de información por parte de actores estadounidenses y denuncia posibles intentos de influir en la política interna mexicana mediante filtraciones y medidas de presión diplomática.