*Insiste en que los derechos de las audiencias no implica censura
04.08.2026 Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo retomó este martes el debate sobre la propuesta de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias y rechazó que el gobierno federal pretenda intervenir en los contenidos de radio y televisión, determinar qué información es verdadera o falsa o establecer un mecanismo de censura contra los medios de comunicación.
Durante su conferencia matutina, la mandataria volvió sobre el tema que ha generado cuestionamientos de medios, organizaciones, especialistas y representantes de la oposición desde que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abrió la consulta pública de los nuevos lineamientos el pasado 27 de julio.
La consulta permanecerá abierta hasta el 21 de agosto y tiene como propósito recibir opiniones y propuestas de ciudadanos, concesionarios y otros sectores interesados sobre los mecanismos para que las audiencias puedan ejercer sus derechos frente a los medios de comunicación
Sheinbaum sostuvo que existe una interpretación equivocada sobre el alcance de la propuesta y aseguró que el Estado no asumirá la función de decidir qué contenidos periodísticos son verdaderos y cuáles no.
El planteamiento presidencial ocurre en medio de una discusión particularmente sensible: la propuesta establece obligaciones relacionadas con el derecho de las audiencias a recibir información veraz y oportuna, la diferenciación entre información y opinión, la existencia de códigos de ética y la operación de defensorías de las audiencias. Esos mecanismos han sido interpretados por sus críticos como un posible riesgo para la libertad editorial, mientras que el gobierno sostiene que se trata de instrumentos para garantizar derechos de quienes escuchan la radio o ven televisión.
La presidenta insistió en que no corresponde al gobierno convertirse en una especie de árbitro de la verdad periodística. La explicación oficial busca separar dos conceptos que durante los últimos días han quedado mezclados en el debate público: el derecho de las audiencias a reclamar cuando consideran que sus derechos fueron vulnerados y la facultad de una autoridad para decidir qué debe transmitirse.
En ese sentido, Sheinbaum defendió la existencia de mecanismos para que las personas puedan presentar inconformidades ante los propios medios, pero rechazó que eso signifique que el gobierno vaya a revisar de manera directa cada noticia o programa.
El antecedente de la discusión se encuentra en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013, que incorporó los derechos de las audiencias al artículo 6 constitucional. Posteriormente, la legislación estableció mecanismos como los códigos de ética y las defensorías de audiencias para atender las quejas de radioescuchas y televidentes. Los lineamientos que actualmente se encuentran en consulta buscan establecer cómo funcionarán esos mecanismos bajo el nuevo marco institucional.
Uno de los puntos centrales de la propuesta consiste en que los concesionarios de radio y televisión cuenten con un código de ética y una persona defensora de las audiencias, encargada de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a observaciones, quejas, sugerencias y señalamientos de los usuarios.
La propia CRT explica que la consulta tiene como objetivo recibir aportaciones sobre los mecanismos mediante los cuales las personas televidentes y radioescuchas podrán ejercer sus derechos ante los medios de comunicación. El periodo formal de participación comenzó el 27 de julio y concluirá el 21 de agosto.
El gobierno ha insistido además en que la propuesta no parte de la creación de una oficina encargada de revisar previamente los contenidos antes de su transmisión. La discusión se encuentra, por tanto, en qué ocurre después de que una audiencia presenta una queja y cuáles son las facultades que corresponden a los medios, a sus defensorías y a la autoridad reguladora.
La consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, ha sido una de las funcionarias encargadas de explicar este punto. De acuerdo con la explicación oficial, las sanciones no estarían dirigidas contra una determinada noticia, opinión o línea editorial, sino contra el incumplimiento de obligaciones administrativas, como no contar con un código de ética, carecer de defensoría de audiencias o no ofrecer mecanismos para presentar quejas.
“Así como el Gobierno tiene que ser transparente, también los medios de información tienen que tener un código de ética para garantizar el derecho a la información”, planteó Sheinbaum al defender la propuesta durante la conferencia.
La mandataria también ha sostenido que el propósito de recuperar y fortalecer los derechos de las audiencias no debe confundirse con la imposición de controles editoriales. Desde su perspectiva, permitir que una persona pueda reclamar ante un medio cuando considere que se vulneró su derecho a la información constituye precisamente una ampliación de los derechos ciudadanos.
La discusión, sin embargo, tiene un punto especialmente delicado: la exigencia de distinguir claramente entre información noticiosa y opinión. La propuesta contempla que los medios establezcan mecanismos para que las audiencias puedan identificar cuándo están frente a información, opinión, análisis u otros formatos. El gobierno argumenta que la medida busca ofrecer mayor claridad al público; sus críticos advierten que la obligación puede generar incertidumbre sobre los límites de la intervención regulatoria.
El debate tampoco es completamente nuevo. En 2024, el entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias, estableciendo que los concesionarios debían contar con códigos de ética y defensorías, al tiempo que se reconocían expresamente las libertades de expresión, programática y editorial y se prohibía la censura previa.
La diferencia actual está relacionada también con el nuevo diseño institucional de las telecomunicaciones. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sustituyó al antiguo esquema del IFT y actualmente forma parte de la estructura de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. La nueva regulación de los derechos de las audiencias se desarrolla dentro de este marco.
Entre los derechos que contempla la regulación se encuentran recibir contenidos libres de discriminación, la protección del interés superior de niñas, niños y adolescentes, la igualdad de género, la diferenciación entre información noticiosa y opinión, así como la obligación de distinguir la publicidad de los contenidos de un programa.
También existe una dimensión particularmente relevante para las audiencias infantiles y las personas con discapacidad, sectores para los cuales los derechos de acceso y recepción de contenidos tienen características específicas.
La propuesta, por ahora, no constituye una regulación definitiva. Se encuentra en etapa de consulta pública, por lo que las observaciones que presenten ciudadanos, medios, especialistas, organizaciones y concesionarios forman parte del proceso antes de que las disposiciones queden establecidas de manera definitiva.
La propia presidenta ha llamado a mirar el tema desde la perspectiva del derecho de las audiencias y no solamente desde la preocupación de los medios de comunicación. Su argumento es que quien escucha una noticia, ve un noticiario o consume contenidos audiovisuales también tiene derechos que deben ser protegidos.
“Desde mi perspectiva no se trata de multar, no es estar multando el objetivo”, había señalado Sheinbaum al explicar el esquema durante la presentación de la consulta pública. En aquella ocasión definió el mecanismo como un proceso de “autorregulación”, debido a que serían los propios medios los encargados de elaborar sus códigos de ética y designar a sus defensores de audiencias.
Ese planteamiento es uno de los argumentos centrales de la defensa gubernamental: la autoridad sostiene que la primera instancia para atender una inconformidad debe ser la propia defensoría del medio y que la intervención regulatoria no equivale a revisar previamente las noticias ni a imponer una línea editorial.
La polémica, no obstante, permanecerá abierta mientras dure la consulta pública. El punto de mayor discusión no solamente es si existe una intención expresa de censurar —algo que la presidenta niega—, sino hasta dónde pueden llegar las obligaciones impuestas a los concesionarios sin afectar la libertad de expresión y la autonomía editorial.
Por ello, el proceso de participación que concluirá el 21 de agosto será determinante para conocer qué modificaciones podrían incorporarse al proyecto. La discusión enfrenta dos derechos constitucionales que deben coexistir: el de las audiencias a recibir información y ejercer mecanismos de defensa y el de periodistas, comunicadores y medios a ejercer la libertad de expresión sin censura previa.
La posición de Sheinbaum quedó planteada nuevamente este martes: el gobierno, afirmó, no pretende convertirse en juez de los contenidos periodísticos ni atribuirse la facultad de establecer qué es verdad y qué no. El reto ahora será que esa garantía quede reflejada con claridad en el texto definitivo y en los mecanismos mediante los cuales se aplicará la regulación, precisamente para evitar que una norma creada para proteger a las audiencias termine generando incertidumbre sobre la libertad de expresión.
*Consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias