*Ariadna Montiel marca distancia con las legisladoras.
04.08.2026 Mexico.- La dirigencia nacional de Morena llevó al terreno partidista la polémica protagonizada por las diputadas poblanas Nayeli Salvatori Bojalil y Graciela Palomares Ramírez, luego de que ambas realizaran comentarios considerados discriminatorios hacia personas adultas mayores durante un episodio del podcast “Descasadas”.
Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, informó este martes que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) ya recibió la solicitud para iniciar un procedimiento contra las legisladoras y dejó clara su posición personal: considera que ambas deberían ser suspendidas de sus derechos partidistas mientras se analiza el caso y se determina la sanción correspondiente.
La dirigente nacional aclaró, sin embargo, que la decisión final no le corresponde a ella, sino al órgano interno encargado de revisar las conductas de la militancia y resolver si existe una infracción a las normas y principios del partido.
“Desde ayer le solicité a la Comisión Nacional de Honor y Justicia que abrieran un procedimiento”, declaró Montiel, al explicar que el asunto ya se encuentra en manos de la instancia partidista.
Y aunque reconoció que será la Comisión la que determine qué procede, expresó abiertamente su postura: “Para mí se les deberían suspender los derechos, pero ya es una decisión de la Comisión”.
La dirigente morenista también cuestionó que las expresiones de las diputadas puedan justificarse como simples opiniones personales, particularmente porque ambas ocupan cargos de representación popular y militan en un partido que, sostuvo, tiene entre sus principios el respeto a las personas adultas mayores.
“Desde Morena las rechazamos. Esa no puede ser ni la idea, ni la visión, ni la postura de alguien que milita en Morena”, afirmó Montiel, de acuerdo con declaraciones difundidas este martes.
La polémica que llegó al órgano de justiciam
El conflicto comenzó después de la difusión de un episodio del podcast “Descasadas”, en el que participaron Salvatori y Palomares junto con otras mujeres. Durante la conversación hicieron comentarios sobre hombres de mayor edad que fueron considerados ofensivos y discriminatorios por organizaciones, ciudadanos y militantes.
Entre las expresiones que generaron mayor rechazo estuvieron referencias a que las personas mayores “huelen a baúl” y comentarios relacionados con su apariencia y olor. Las declaraciones rápidamente circularon en redes sociales y provocaron críticas hacia las dos legisladoras.
La controversia escaló hasta convertirse en un asunto partidista porque ambas mujeres son diputadas locales de Morena en Puebla. La dirigencia estatal se deslindó previamente de sus expresiones y sostuvo que no representaban los valores del movimiento.
Agustín Guerrero Castillo, vocero de Morena en Puebla, había expresado una disculpa pública a las personas adultas mayores que pudieran haberse sentido agraviadas por las declaraciones.
“Respetamos a los adultos mayores, que son una parte fundamental de nuestro movimiento y de nuestra nación, y lamentamos estas opiniones de nuestras legisladoras”, afirmó.
Las propias diputadas también ofrecieron disculpas. Nayeli Salvatori aseguró que no tuvo intención de atacar o menospreciar a las personas adultas mayores y sostuvo que sus palabras fueron difundidas fuera del contexto en el que fueron expresadas. Palomares, por su parte, reconoció que como representante popular debía asumir responsabilidad por sus declaraciones y reiteró su respeto hacia las personas mayores.
Las disculpas, sin embargo, no cerraron el episodio.
La dirigencia nacional decidió llevar el caso a la CNHJ para que sea ese órgano el que determine si las expresiones constituyen una conducta sancionable conforme a las reglas internas de Morena.
El pronunciamiento de Ariadna Montiel representa un endurecimiento de la posición de la dirigencia nacional frente a la polémica. La presidenta de Morena no solamente informó sobre el procedimiento, sino que dejó ver que, desde su perspectiva, la permanencia de las legisladoras dentro del partido podría estar en cuestión.
“No está bien expresarse así representando al partido”, sostuvo Montiel, al marcar una diferencia entre las actividades personales de las diputadas y el comportamiento que deben observar como militantes.
La dirigente agregó que cada persona puede tener opiniones propias, pero consideró que la militancia implica también asumir determinados principios de conducta.
“Yo no opino nada de sus redes sociales, que las lleven como quieran, pero expresarse así representando al partido no está bien, que dejen su militancia entonces”, expresó. Incluso reconoció el enojo que le provocó el episodio: “Perdón, me apasiono porque me da mucho coraje”.
El planteamiento adquiere importancia porque Morena ha colocado a las personas adultas mayores en un lugar central de sus políticas sociales. La pensión para adultos mayores constituye uno de los principales programas sociales del gobierno federal y fue convertida en derecho constitucional durante la administración anterior.
Por ello, para la dirigencia del partido existe una contradicción entre promover políticas públicas dirigidas a este sector y que representantes de Morena realicen expresiones que puedan interpretarse como desprecio o discriminación hacia quienes pertenecen a él.
¿Qué puede ocurrir con las diputadas?
El procedimiento abierto por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no significa que Salvatori y Palomares hayan sido ya sancionadas ni que hayan perdido sus derechos partidistas.
La CNHJ deberá analizar los hechos, escuchar en su caso a las involucradas, revisar las pruebas y determinar si existe una infracción a las normas internas de Morena. La suspensión de derechos es, por ahora, una posibilidad planteada por Montiel, no una resolución definitiva.
La propia dirigente nacional reconoció que la determinación corresponde al órgano de justicia partidaria.
El antecedente de Morena muestra que la suspensión temporal de derechos partidistas puede utilizarse mientras se desarrolla un procedimiento sancionador. En febrero de 2026, por ejemplo, la CNHJ suspendió temporalmente los derechos partidistas del diputado federal con licencia Sergio Mayer, mientras analizaba su participación en un programa de televisión. La comisión argumentó entonces que existían elementos preliminares para aplicar una medida mientras continuaba el procedimiento.
En el caso de las legisladoras poblanas todavía no existe una resolución semejante. El proceso apenas entra a la etapa de revisión
El caso también alcanza a 2027
La controversia ocurre además cuando Morena comienza a preparar su escenario político rumbo a las elecciones de 2027.
Aunque una eventual suspensión de derechos partidistas tendría consecuencias dentro de la vida interna del partido, cualquier efecto concreto sobre una candidatura dependerá de las resoluciones partidarias y de las reglas electorales aplicables en su momento.
Montiel ya ha planteado públicamente que las conductas de sus militantes deberán ser tomadas en cuenta al momento de valorar quién puede representar al partido.
De acuerdo con declaraciones difundidas este martes, la dirigente consideró incluso que las legisladoras no deberían ser postuladas nuevamente si el órgano partidista determina que incurrieron en conductas contrarias a los principios de Morena.
Por ahora, el asunto se mantiene en el ámbito partidista y no existe una determinación que les quite sus cargos como diputadas locales. Una eventual sanción de Morena tampoco equivale automáticamente a la pérdida de sus curules, pues se trata de planos jurídicos distintos.
Lo que sí está en marcha es una revisión interna sobre su conducta como militantes.
Una disputa sobre el discurso de los representantes
El episodio ha abierto una discusión que va más allá de las dos legisladoras: hasta dónde llega la responsabilidad de quienes ocupan un cargo público cuando realizan declaraciones en espacios personales o digitales.
Las diputadas participaron en un podcast y no estaban realizando una intervención formal en el Congreso de Puebla. Sin embargo, su condición de legisladoras y militantes de Morena convirtió sus expresiones en un asunto político.
La dirigencia nacional ha decidido precisamente colocar ese límite: las actividades personales y las opiniones individuales no desaparecen por pertenecer a un partido, pero los representantes políticos también deben asumir que sus palabras pueden ser interpretadas como parte de la conducta pública de la organización que representan.
En ese sentido, Montiel insistió en que el comportamiento de la militancia debe ser congruente con los principios que Morena afirma defender.
El desenlace dependerá ahora de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Será ese órgano el que determine si las declaraciones ameritan una sanción, cuál sería su alcance y si procede la suspensión de derechos partidistas que Ariadna Montiel considera pertinente.
Mientras tanto, la polémica ya produjo un efecto político inmediato: Morena decidió no dejar el caso únicamente en el terreno de las disculpas públicas y trasladó la controversia a su instancia formal de justicia interna