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07.09.2026 Ciudad de México.— La construcción de la planta de fertilizantes de Topolobampo, Sinaloa, continúa, pero el Gobierno de México mantiene abierto un proceso de consultas y diálogo con las comunidades de la región para revisar sus inquietudes, los compromisos asumidos por la empresa y las condiciones ambientales bajo las cuales deberá operar el proyecto, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.
La mandataria fijó así la posición de su gobierno frente a las protestas que han surgido nuevamente alrededor de la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente, GPO, instalada en la Bahía de Ohuira, y frente a los cuestionamientos de comunidades indígenas y organizaciones ambientalistas que advierten sobre posibles afectaciones al ecosistema y a sus actividades productivas.
Durante su conferencia matutina de este lunes, Sheinbaum dejó claro que la obra no ha sido cancelada y que el Gobierno federal está escuchando a las comunidades antes de determinar las condiciones que deberán cumplirse.
“La planta sigue, no se ha cancelado, pero hay consulta a todas las comunidades por todos los planteamientos que tienen”, afirmó la presidenta.
Explicó que actualmente se desarrolla un trabajo en territorio con participación de distintas dependencias federales, luego de que las manifestaciones y cuestionamientos de habitantes de la zona pusieran nuevamente el proyecto en el centro de la discusión pública.
“Se está trabajando en la zona, haciendo consultas a la población, dialogando”, señaló Sheinbaum al referirse a las reuniones que se llevan a cabo con las comunidades.
La presidenta recordó que el proyecto comenzó durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y sostuvo que previamente hubo un proceso de consulta entre comunidades de la zona. Según su explicación, aquella consulta tuvo un resultado favorable al proyecto.
“En su momento, con el presidente López Obrador, que inició la construcción de la planta, se hizo una consulta pública a las comunidades de la zona, y la consulta votó que sí”, dijo.
Sin embargo, el Gobierno federal decidió mantener actualmente abierto el diálogo debido a las nuevas inconformidades planteadas por pobladores, colectivos y organizaciones ambientales.
Sheinbaum explicó que, ante las protestas, se trasladaron funcionarios de diversas dependencias a la región para escuchar directamente las demandas.
“Ahora que ha habido protestas se envió un equipo desde la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional del Agua y otras áreas”, explicó.
La intención, agregó, es realizar asambleas y conocer las razones por las que algunos sectores mantienen su oposición a la instalación y operación de la planta.
“Están teniendo asambleas para ver las solicitudes de la población, por qué se oponen”, señaló la presidenta.
Uno de los puntos centrales de la nueva etapa de diálogo tiene que ver con los compromisos que la empresa habría asumido con las comunidades. Sheinbaum reconoció que parte de las inconformidades está relacionada precisamente con obligaciones que, según los habitantes, todavía no se han cumplido.
“Una parte importante tiene que ver con compromisos que hizo la empresa que no se han cumplido, se está trabajando para que los cumpla”, afirmó.
El otro gran tema es el ambiental. La discusión se concentra particularmente en la Bahía de Ohuira, un ecosistema de gran importancia para la región y vinculado a actividades pesqueras de comunidades indígenas.
La presidenta señaló que también existen preocupaciones relacionadas con la contaminación que ya presenta la zona y subrayó que uno de los objetivos del proceso gubernamental será garantizar que la operación de la planta no genere contaminación adicional.
“Hay otros que tienen que ver con la contaminación en la zona, que ya existe, lo que se busca es que la laguna quede garantizado que no se va a contaminar”, expresó.
En ese sentido, el Gobierno federal no plantea el proceso de diálogo únicamente como una revisión política del proyecto, sino como una etapa para determinar las condiciones ambientales, de seguridad y de cumplimiento que deberán observarse.
La controversia tiene varios años de antecedentes. La planta de GPO comenzó a construirse en 2014 y el proyecto ha atravesado procedimientos judiciales y consultas con comunidades indígenas. De acuerdo con antecedentes difundidos durante las últimas protestas, en 2022 se realizó un proceso de consulta después de resoluciones judiciales relacionadas con los derechos de las comunidades.
Los opositores al proyecto sostienen que el proceso de consulta no cumplió con las condiciones de una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada. Algunas comunidades han mantenido su rechazo a la obra y han advertido sobre posibles riesgos para la Bahía de Ohuira y para las actividades pesqueras de la población indígena.
El conflicto volvió a escalar durante junio, cuando ambientalistas y habitantes de comunidades indígenas bloquearon el acceso a las instalaciones de la planta y expresaron públicamente su rechazo al proyecto. Los inconformes argumentaron que la operación industrial podría poner en riesgo el ecosistema de la bahía y sus medios de subsistencia.
La empresa, por su parte, ha defendido la legalidad del proyecto y sostiene que cuenta con las autorizaciones ambientales correspondientes. Esa posición contrasta con la de los grupos opositores, quienes mantienen que existen impactos y riesgos que deben ser revisados antes de permitir que la planta opere plenamente.
Sheinbaum ya había defendido el proyecto en junio, cuando explicó que la planta tenía entonces un avance superior al 95 por ciento y que contaba con un estudio de impacto ambiental autorizado. En aquella ocasión también sostuvo que no se trataba de una obra que hubiera sido construida de manera clandestina o sin procedimientos administrativos.
La dimensión económica del proyecto también forma parte de la discusión. La planta está vinculada con la producción de amoniaco, insumo fundamental para la elaboración de fertilizantes y para la actividad agrícola. El Gobierno federal ha planteado que contar con producción nacional de fertilizantes puede contribuir a reducir la dependencia de importaciones y fortalecer la seguridad alimentaria.
Precisamente por ello, el gobierno ha buscado colocar en la misma discusión dos objetivos que las autoridades consideran compatibles: impulsar la producción agrícola y, al mismo tiempo, garantizar la protección ambiental y la seguridad de las comunidades.
En julio se realizaron cinco mesas de diálogo convocadas por autoridades federales y estatales para abordar las distintas dimensiones del proyecto. La convocatoria incluyó a comunidades, colectivos, especialistas, autoridades y representantes de la empresa. Los temas abarcaron desde comunidades indígenas y vigilancia ambiental hasta condiciones ambientales, desarrollo regional y obligaciones de carácter ambiental.
En una de esas mesas, realizada para analizar la situación ambiental de la Bahía de Ohuira, participaron especialistas, académicos, representantes de organizaciones sociales, integrantes de comunidades Mayo-Yoreme y representantes de la empresa. Las autoridades señalaron que las preocupaciones abarcan seguridad, posibles impactos ambientales y aspectos jurídicos.
El Gobierno de Sinaloa ha informado que las mesas buscan que las distintas posiciones sean contrastadas con información científica y criterios técnicos. En una de ellas, las partes coincidieron en la importancia que tienen los fertilizantes para la producción agrícola de Sinaloa, aunque el diálogo también ha incorporado las preocupaciones ambientales y comunitarias.
El proceso no concluyó con aquellas mesas. Durante los primeros días de septiembre se informó sobre una nueva etapa de trabajos técnicos destinada a establecer una ruta para evaluar el proyecto y definir medidas de protección para la Bahía de Ohuira. El objetivo es trasladar las preocupaciones expresadas por habitantes, ambientalistas y especialistas a evaluaciones sustentadas en información verificable.
En este contexto, Sheinbaum pidió esperar a que concluyan las consultas antes de tomar una determinación sobre los planteamientos realizados por las comunidades.
“Hasta que se termine esto, no se toma una decisión”, afirmó la presidenta, quien sostuvo que el proceso de participación comunitaria avanzaba de manera favorable.
La mandataria insistió además en que su gobierno no pretende resolver la controversia mediante la confrontación.
“Como siempre, nada a la fuerza y todo con la razón”, expresó.
La postura presidencial coloca ahora el futuro inmediato del proyecto en una etapa de revisión y negociación. La planta continúa en construcción, pero el Gobierno federal deberá atender las demandas planteadas por las comunidades, verificar el cumplimiento de los compromisos de la empresa y establecer con las autoridades ambientales las condiciones que permitan determinar si el proyecto puede continuar bajo parámetros que garanticen la protección de la bahía.
La discusión también ocurre en medio de nuevas movilizaciones de organizaciones ambientalistas. Este lunes, integrantes de Greenpeace protestaron contra la instalación de la planta y señalaron los posibles impactos ambientales del proyecto.
Para las comunidades opositoras, el conflicto no se limita a la construcción de una planta industrial, sino que involucra la protección de un territorio del que dependen actividades pesqueras y formas de vida comunitarias. La Bahía de Ohuira ha sido señalada por organizaciones ambientalistas e indígenas como un espacio de relevancia ecológica, mientras que las autoridades y la empresa sostienen que el proyecto puede desarrollarse bajo medidas de protección y supervisión ambiental. (
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