*
07.09.2926 Puebla, Pue.— El Operativo Enjambre llegó a Puebla con un despliegue de gran magnitud en el municipio de Esperanza, donde fuerzas federales y autoridades estatales ejecutaron simultáneamente 23 órdenes de cateo y detuvieron a nueve personas presuntamente vinculadas con una estructura criminal dedicada al robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto en el corredor carretero Puebla-Veracruz.
Entre los detenidos se encuentra Isaac “N”, presidente municipal de Esperanza; Abigail “N”, quien se desempeñó como directora de Seguridad Pública municipal, y Manuel “N”, hermano del alcalde.
La información fue dada a conocer este lunes por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien señaló que las acciones forman parte de la política de cero impunidad instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con el funcionario, el operativo fue resultado de trabajos de inteligencia y coordinación en los que participaron la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales.
“Como parte del Operativo Enjambre y de la política de cero impunidad instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum”, se realizaron las acciones en Esperanza, informó García Harfuch al dar a conocer los resultados del despliegue.
La operación no se limitó a la captura de los nueve señalados. Durante los 23 cateos también fueron aseguradas 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles Barrett, además de 52 cargadores.
Las autoridades localizaron asimismo 11 vehículos, cuatro de ellos con blindaje y uno con blindaje artesanal y torreta. A estos aseguramientos se sumaron ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.
El conjunto de objetos decomisados será incorporado a las investigaciones para determinar su procedencia, el uso que presuntamente tenían y su posible relación con las actividades delictivas que son materia de la investigación.
García Harfuch señaló que las personas detenidas estarían relacionadas con una estructura criminal que opera en torno a uno de los corredores carreteros más importantes entre Puebla y Veracruz. La investigación apunta particularmente a delitos que afectan a transportistas y usuarios de las vías de comunicación, entre ellos el robo de autotransporte de carga, la extorsión y el secuestro.
La carretera Puebla-Veracruz representa una ruta estratégica para el movimiento de mercancías entre el centro y el sureste del país. Por ello, las organizaciones dedicadas al robo de transporte pueden generar afectaciones que van más allá de las pérdidas directas de las empresas, al impactar cadenas de distribución y poner en riesgo a operadores y otros usuarios de las carreteras.
La relevancia del operativo también está relacionada con la posición que ocupaba uno de los detenidos. Isaac “N” es el presidente municipal de Esperanza, de acuerdo con la información oficial difundida por las autoridades y con la propia página del Ayuntamiento, que identifica a Isaac Rodríguez Ochoa como titular de la administración municipal 2024-2027.
La captura de una exdirectora de Seguridad Pública municipal agrega otra dimensión a la investigación, debido a que las autoridades deberán determinar si existió algún tipo de relación entre funcionarios municipales y la estructura criminal investigada.
Ese punto es particularmente relevante porque el Operativo Enjambre tiene como uno de sus objetivos investigar posibles redes de protección o vínculos entre servidores públicos y organizaciones delictivas. Sin embargo, la detención de los funcionarios no significa que su responsabilidad penal esté acreditada: corresponderá al Ministerio Público presentar las pruebas ante la autoridad judicial y será un juez quien determine su situación jurídica.
En el caso de Esperanza, las autoridades realizaron las diligencias de manera simultánea en distintos inmuebles. La magnitud del despliegue permitió intervenir 23 domicilios en una sola operación, lo que da cuenta de una investigación previa que permitió ubicar los puntos que serían objeto de las órdenes judiciales.
Los resultados reportados por García Harfuch incluyen además elementos que pueden ser utilizados para establecer la capacidad logística de la organización investigada. Los vehículos blindados, el equipo táctico, el dron y el inhibidor de señal serán sometidos a los análisis correspondientes para determinar su relación con los hechos investigados.
La presencia de dos fusiles Barrett entre las armas aseguradas también destaca dentro del decomiso, aunque la autoridad deberá determinar mediante los peritajes correspondientes las características, procedencia y situación legal de cada una de las armas localizadas.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana vinculó esta acción con otra investigación reciente en Puebla: la detención de Said “N”, presidente municipal de Tepeyahualco, a quien señaló por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.
Esta referencia requiere una precisión importante. La Fiscalía General del Estado de Puebla informó el pasado 4 de septiembre sobre la detención de Said de Jesús “N”, presidente municipal de Tepeyahualco, pero los primeros reportes públicos de la Fiscalía señalaron que la orden de aprehensión estaba relacionada con abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal y cohecho.
La detención de Said “N” y el operativo realizado ahora en Esperanza colocan a Puebla en una nueva etapa de las acciones federales contra estructuras delictivas y sus posibles vínculos con autoridades municipales.
En este segundo caso, el Gobierno federal sostiene que las nueve personas detenidas forman parte de una misma estructura criminal dedicada a delitos de alto impacto en la carretera Puebla-Veracruz. La investigación tendrá que establecer cuál habría sido el papel específico de cada uno de los detenidos y si existieron diferentes niveles de participación.
La estrategia también busca afectar las condiciones que permiten que las organizaciones criminales mantengan capacidad de operación. En ese sentido, el aseguramiento de vehículos, armas, equipo tecnológico y otros objetos pretende reducir los recursos materiales disponibles para la comisión de delitos.
García Harfuch sostuvo que las detenciones representan un golpe a la capacidad operativa de las organizaciones investigadas y a las posibles redes de protección que les permiten mantener sus actividades.
El secretario señaló que las acciones tendrán como objetivo contribuir a disminuir delitos como el robo en carreteras, el robo al autotransporte de carga y pasajeros y la extorsión.
“Estas detenciones representan un golpe contundente contra la capacidad operativa y las posibles redes de protección de estas organizaciones”, afirmó García Harfuch.
El funcionario añadió que el objetivo es que las acciones tengan un efecto directo sobre delitos que afectan a quienes utilizan las carreteras.
La intervención en Esperanza ocurre además dentro de la evolución del Operativo Enjambre, una estrategia que comenzó en el Estado de México y que se ha utilizado para investigar a servidores públicos y particulares presuntamente relacionados con estructuras delictivas.
En enero pasado, García Harfuch informó que el operativo desarrollado en el Estado de México había permitido 60 detenciones y 18 sentencias condenatorias, como parte de las acciones para desarticular redes criminales y posibles esquemas de protección institucional.
La extensión de este tipo de investigaciones a Puebla representa un nuevo frente para la estrategia federal, particularmente porque las acciones de este lunes no se concentraron exclusivamente en integrantes de una organización criminal, sino que alcanzaron también a un presidente municipal y a una exfuncionaria de seguridad pública.
El caso de Esperanza deberá avanzar ahora hacia la etapa ministerial y judicial. Las autoridades tendrán que integrar las pruebas obtenidas durante los 23 cateos, realizar los peritajes sobre las armas y vehículos asegurados y establecer la posible participación individual de cada una de las nueve personas detenidas.
Se investiga si existen más integrantes de la estructura criminal detectada y si hay otros funcionarios o particulares que pudieran estar relacionados con las actividades señaladas por las autoridades.
El Gobierno federal presentó el despliegue como parte de la política de cero impunidad de la administración de Claudia Sheinbaum y como una acción destinada a debilitar una estructura que presuntamente opera en uno de los principales corredores carreteros entre Puebla y Veracruz.
García Harfuch cerró su mensaje reconociendo la colaboración de las autoridades poblanas, encabezadas por el gobernador Alejandro Armenta, en la ejecución de las acciones.
La investigación apenas comienza su etapa judicial y será en los próximos días cuando se conozca la situación jurídica de los nueve detenidos. Hasta entonces, los señalamientos deberán mantenerse bajo el principio de presunción de inocencia y será la autoridad competente la que determine, con base en las pruebas presentadas, la responsabilidad que corresponda a cada uno.