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09.09.2026 Ciudad de México.- La crisis forense que enfrenta México volvió a colocarse este jueves en el centro de la agenda del gobierno federal, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planteó la necesidad de consolidar un Banco Nacional de ADN que permita acelerar la identificación de personas fallecidas que permanecen sin nombre y, al mismo tiempo, establecer coincidencias con los registros de personas desaparecidas.
Durante sus declaraciones de este 10 de septiembre de 2026, Sheinbaum señaló que el problema no se limita a la existencia de cuerpos sin identificar, sino también a las deficiencias en la información disponible en los servicios forenses del país.
La presidenta explicó que en distintos casos no existen elementos suficientes para realizar una identificación inmediata, entre ellos huellas dactilares u otros datos básicos que permitan establecer la identidad de una persona.
“Sí es muy importante que esté el Banco de ADN Nacional”, afirmó la mandataria al referirse a la necesidad de concentrar y cruzar la información genética disponible para hacer más eficiente la identificación humana. La propuesta, de acuerdo con lo explicado por Sheinbaum, busca que las muestras puedan ser confrontadas con información de familiares de personas desaparecidas y con los registros forenses existentes.
El planteamiento ocurre en medio de una problemática que México arrastra desde hace años: miles de personas han sido reportadas como desaparecidas y, paralelamente, existen cuerpos y restos humanos que permanecen en instalaciones forenses sin que las autoridades hayan podido establecer plenamente su identidad.
La propia presidenta ha reconocido que la búsqueda debe realizarse primero en vida, pero también ha insistido en que el Estado tiene la obligación de fortalecer la búsqueda forense cuando una persona ha fallecido y su identidad permanece desconocida.
En una conferencia de marzo pasado, Sheinbaum explicó que el gobierno estaba fortaleciendo los mecanismos para obtener información biométrica y genética de los cuerpos no identificados. “Ahora, ya es obligatorio tener información de ADN y guardar esa información de ADN, para que pueda haber una identificación mayor”, señaló entonces.
La presidenta también ha advertido que el desafío no puede ser atendido únicamente desde el gobierno federal, debido a que buena parte de los servicios forenses, fiscalías y registros se encuentran bajo responsabilidad de las entidades federativas.
“Repito, es un asunto de coordinación”, dijo Sheinbaum el 31 de marzo al ser cuestionada sobre la identificación de personas sin nombre. “No corresponde exclusivamente al Gobierno Federal, mucho corresponde a los estados de la República”.
El problema central, explicó, consiste en lograr que la información que poseen las fiscalías estatales, los servicios médicos forenses y las instituciones federales pueda ser cruzada con los registros de personas desaparecidas.
“Tenemos que coordinarnos con los gobiernos de los estados, con las Fiscalías Estatales, que muchas de ellas son las responsables de poder identificar a estas personas”, sostuvo la presidenta, al señalar que el objetivo es confrontar esos registros con las bases de datos de personas desaparecidas.
La dimensión del desafío también ha quedado expuesta en las propias intervenciones presidenciales. En marzo, ante una pregunta sobre los cuerpos que permanecen sin identificar en los servicios forenses, Sheinbaum habló de más de 50 mil cuerpos sin identificación en diversos forenses, aunque posteriormente las autoridades han trabajado en la depuración y homologación de las bases de datos para determinar con mayor precisión cuántas personas permanecen realmente sin identificar y cuáles ya fueron reconocidas o localizadas mediante otras fuentes.
Ese proceso de depuración es relevante porque una persona puede permanecer registrada como desaparecida durante años y posteriormente ser localizada, mientras que en otros casos puede haber sido encontrada sin vida sin que su identidad haya sido vinculada con una denuncia de desaparición.
Sheinbaum ha explicado que uno de los problemas históricos es precisamente la falta de conexión entre las distintas bases de información. Por ello, el gobierno federal impulsó reformas para fortalecer la Plataforma Única de Identidad, la Base Nacional de Carpetas de Investigación de personas desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y los mecanismos de intercambio de información entre autoridades.
La reforma no parte de cero. México cuenta jurídicamente con un Banco Nacional de Datos Forenses y con una Base Nacional de Información Genética. Los lineamientos de la Fiscalía General de la República establecen que estos instrumentos deben concentrar e interconectar información forense, genética, dactiloscópica y otros datos útiles para la búsqueda e identificación de personas.
Los lineamientos federales establecen que el Banco Nacional de Datos Forenses debe vincular información proveniente de las entidades federativas y de la Federación, además de realizar confrontas permanentes con otros registros. La Base Nacional de Información Genética, por su parte, está concebida para almacenar perfiles genéticos y permitir su intercambio y confronta automatizada entre laboratorios forenses estatales y federales.
El reto, por tanto, no consiste simplemente en crear una base de datos nueva, sino en conseguir que los sistemas existentes funcionen de manera integrada, que las entidades alimenten los registros y que las muestras genéticas obtenidas de cuerpos, restos y familiares puedan ser comparadas de manera sistemática.
La legislación y los protocolos vigentes contemplan que la identificación humana sea multidisciplinaria. No depende únicamente del ADN. Los procedimientos pueden incluir dactiloscopia, odontología forense, antropología, medicina legal, genética, fotografías, características físicas, registros ante mortem y post mortem y otros elementos disponibles.
Esto adquiere especial importancia en aquellos casos en los que un cuerpo no cuenta con huellas dactilares aprovechables, documentación o información suficiente para establecer su identidad por métodos convencionales.
El protocolo nacional actualizado establece que las autoridades ministeriales y periciales deben realizar los estudios que permitan las condiciones del cuerpo o los restos, incluidos análisis de dactiloscopia, odontología, genética, antropología y medicina legal. Los resultados deben integrarse y cargarse al Banco Nacional de Datos Forenses para ser confrontados de manera rutinaria con la información disponible sobre personas desaparecidas.
“Estos casos lamentables de personas que ya están sin vida y que fueron encontradas, se está trabajando junto con las Fiscalías estatales para poder identificar a cada uno de ellos y poder checar si algunos de ellos pertenecen a las personas que fueron reportadas como ‘desaparecidas’”, explicó la presidenta en marzo.
La mandataria también ha reconocido que el fortalecimiento de las capacidades forenses requiere recursos. En su planteamiento de este jueves, insistió en la necesidad de que la Fiscalía General de la República y las entidades federativas destinen mayor presupuesto para acelerar los peritajes y reducir los tiempos que actualmente pueden prolongar durante meses o años la identificación de un cuerpo.
La exigencia presupuestal coloca el problema más allá de la creación de plataformas digitales. Una base genética solamente puede ser útil si existen laboratorios con capacidad suficiente, personal especializado, equipos adecuados, muestras correctamente procesadas y protocolos homologados para introducir y comparar la información.
La propia reforma impulsada por el gobierno federal contempla el fortalecimiento de las fiscalías estatales y la incorporación de unidades especializadas de investigación, análisis de contexto, búsqueda inmediata y de larga data, atención a víctimas y delitos cibernéticos. También establece mecanismos para ampliar el intercambio de información entre autoridades.
Otro de los cambios relevantes es que la búsqueda de una persona desaparecida ya no debe depender de esperar un determinado número de horas para iniciar una investigación. Las reformas publicadas en julio de 2025 establecieron la obligación de abrir inmediatamente una carpeta de investigación ante un reporte, denuncia o noticia sobre la desaparición de una persona.
El mismo marco legal fortaleció la CURP como instrumento de identidad y contempló la incorporación de datos biométricos, mientras que la Plataforma Única de Identidad pretende permitir que distintas instituciones consulten información útil para localizar personas.
La apuesta por la información genética forma parte, así, de una estrategia más amplia para conectar la búsqueda de personas con los registros administrativos, policiales y forenses.
El desafío, sin embargo, continúa siendo la operación cotidiana. En 2022, la FGR reconoció que los datos federales constituían apenas una fracción del universo que debía integrarse al Banco Nacional de Datos Forenses, debido a que la mayor parte de los casos corresponde al ámbito estatal.
La crisis de identificación tampoco puede desligarse de la situación que viven las familias de personas desaparecidas, quienes en numerosos casos llevan años proporcionando muestras de ADN, fotografías, datos odontológicos y otra información ante las autoridades con la esperanza de que una coincidencia permita conocer el paradero de sus seres queridos.
Por ello, el banco genético que ahora vuelve a plantear la presidenta no representa solamente una herramienta tecnológica. Su utilidad dependerá de que exista una política nacional capaz de garantizar que las muestras sean tomadas, procesadas, resguardadas y confrontadas; que las fiscalías estatales compartan la información y que los resultados sean comunicados oportunamente a las familias.
El propio gobierno federal ha reconocido que la identificación de personas fallecidas requiere una coordinación permanente entre la FGR, las fiscalías estatales, la Comisión Nacional de Búsqueda y las instituciones responsables de los servicios forenses.
La meta planteada por Sheinbaum es que esa coordinación permita pasar de bases de datos fragmentadas a un sistema en el que una muestra genética obtenida de un cuerpo pueda ser comparada de manera sistemática con los perfiles disponibles de familiares de personas desaparecidas.
En un país donde la desaparición ha dejado una crisis que trasciende generaciones, el desafío no es únicamente saber cuántas personas siguen sin ser localizadas. También es conocer quiénes son aquellos cuerpos que permanecen sin nombre y determinar si entre ellos se encuentran personas que sus familias llevan años buscando.
El Banco Nacional de Datos Forenses ya existe en el marco legal mexicano y la Base Nacional de Información Genética también está contemplada institucionalmente. Lo que ahora coloca nuevamente sobre la mesa la presidenta es la necesidad de que esos mecanismos funcionen realmente como una herramienta nacional, interoperable y con capacidad suficiente para acelerar las identificaciones.
La diferencia, en última instancia, puede estar entre mantener un cuerpo como NN durante años o conseguir una coincidencia que permita devolverle un nombre, reconstruir una historia y, para una familia, poner fin a una espera marcada por la incertidumbre.