Claudia Sheinbaum revira por caso Rocha: “ Nosotros rompimos el pacto criminal en 2018”

*Afirma que nadie puede acusarlos de pactar con criminales.

20.05.2026. Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este martes las acusaciones de presuntos vínculos de su gobierno con grupos del crimen organizado y respondió con visible molestia a los cuestionamientos surgidos en torno al caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, investigado en Estados Unidos por supuestos nexos con el narcotráfico.

“¿Cuál pacto criminal? El pacto criminal fue el de García Luna con Calderón”, expuso molesta al responder a los llamados a que rompa el pacto de impunidad con el crimen organizado.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal fue cuestionada sobre voces de la oposición y analistas que le exigen “romper el pacto criminal”, luego de que el Departamento de Justicia estadounidense intensificara las acusaciones contra funcionarios y exfuncionarios sinaloenses ligados a Morena.

La respuesta de Sheinbaum fue inmediata y en tono enérgico.

“Nosotros rompimos el pacto criminal en el 2018, porque el pacto criminal se hizo en la época de Calderón”, afirmó la presidenta ante medios nacionales e internacionales y sus influencers.

La mandataria sostuvo que el verdadero acuerdo entre autoridades y delincuencia organizada ocurrió durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, particularmente por el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.

“Nadie nos puede acusar de hacer acuerdos con grupos criminales”, remarcó Sheinbaum, quien defendió la estrategia de seguridad de la llamada Cuarta Transformación y aseguró que su administración combate a la delincuencia “sin complicidades y sin guerras simuladas”.

En su intervención, Claudia Sheinbaum también lanzó críticas directas contra dirigentes de oposición, particularmente contra Jorge Romero Herrera, al defenderse de los señalamientos sobre presuntos pactos con el crimen organizado.

Sheinbaum cuestionó que personajes del PAN intenten señalar a su gobierno cuando, dijo, durante administraciones panistas ocurrieron casos como el de Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Incluso ironizó sobre las críticas opositoras y afirmó que “ahora resulta” que quienes guardaron silencio en el pasado buscan presentarse como autoridad moral”.

También mencionó a integrantes del bloque opositor y sostuvo que existe una campaña para vincular a Morena con grupos criminales a partir del caso de Rubén Rocha Moya, aunque insistió en que su gobierno “no establece relaciones de complicidad con nadie”.

Héctor Aguilar Camín también fue mencionado por Claudia Sheinbaum durante la conferencia, al referirse a intelectuales y comentaristas críticos de la llamada Cuarta Transformación. La presidenta cuestionó a quienes, dijo, “guardaron silencio” durante el sexenio de Felipe Calderón y ahora hablan de un supuesto “pacto criminal”.

“Escuchaba yo a Aguilar Camín y a otros comentaristas hablar de pacto criminal. ¿Dónde estaban cuando García Luna estaba vinculado con el narco?”, expresó Sheinbaum.

“Ahora sí muy indignados, pero durante años callaron frente a lo que hoy ya está judicialmente probado”.

La mandataria utilizó el nombre de Aguilar Camín dentro de una crítica más amplia contra intelectuales, medios y dirigentes opositores que han cuestionado a Morena tras las investigaciones abiertas en Estados Unidos sobre funcionarios sinaloenses.

El señalamiento político se da en medio de la creciente presión sobre Rocha Moya, luego de que autoridades estadounidenses señalaran formalmente al mandatario sinaloense y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios por presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa en operaciones de tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

El caso escaló aún más tras la entrega voluntaria a autoridades estadounidenses de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas estatal, ambos cercanos a Rocha Moya y acusados de colaborar con estructuras criminales

En ese contexto, Sheinbaum reiteró que México no encubrirá a nadie, pero insistió en que las acusaciones provenientes de Washington deben sustentarse con pruebas contundentes y no con señalamientos políticos.

“Si hay pruebas, que las presenten. No puede haber acusaciones sin pruebas”, expresó.

La presidenta también defendió las acciones emprendidas por la Unidad de Inteligencia Financiera y el sistema bancario mexicano, luego de que se conociera el congelamiento preventivo de cuentas relacionadas con personas investigadas en el caso Sinaloa. Sheinbaum explicó que estas medidas derivan de protocolos financieros internacionales y órdenes judiciales emitidas en Estados Unidos.

La mandataria aprovechó además para contrastar la estrategia de seguridad de su gobierno con la aplicada durante el sexenio calderonista. Aseguró que desde 2018 se abandonó la lógica de protección institucional a grupos criminales y sostuvo que los resultados en reducción de homicidios y decomisos muestran un cambio de rumbo.

“O sea, imagínense un gobierno, si tuviera un acuerdo con algún grupo criminal, si hubiera bajado 40 por ciento los homicidios dolosos”, recordó Sheinbaum al citar declaraciones previas sobre la política de seguridad federal.

Diversos medios internacionales han señalado que las investigaciones estadounidenses sobre presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y cárteles han colocado al gobierno mexicano bajo fuerte escrutinio diplomático.

En los últimos días, Sheinbaum ya había defendido públicamente la honestidad de su administración y aseguró que “nadie puede esconderse bajo el halo de la transformación”, en referencia a posibles casos de corrupción o infiltración criminal dentro del movimiento gobernante.

El caso Rocha Moya se convirtió así en el principal tema político y de seguridad del país, mientras la relación entre México y Estados Unidos atraviesa nuevos retos por las investigaciones contra funcionarios mexicanos y las exigencias diarias de cooperación judicial impulsadas desde Washington.