* Agentes de Seguridad Pública y de la Fiscalía General incurrieron en violaciones graves a los derechos humanos de seis personas, cuatro de las cuales fueron víctimas de tortura para autoinculparse de cometer ilícitos
07.02.2023. Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 88VG/2023 al gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y a la fiscal general, Verónica Hernández Giadáns, por violaciones graves a los derechos humanos de seis personas que fueron detenidas arbitrariamente, cuatro de las cuales sufrieron actos constitutivos de tortura, a manos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General, en el municipio de Río Blanco.
Una persona presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz refiriendo que, el 19 de junio de 2021, agentes de las citadas dependencias se presentaron en un establecimiento comercial de su propiedad, sin orden de cateo, apoderándose de productos y dinero en efectivo; además de que torturaron a sus empleados bajo el argumento de que ahí tenían a una persona privada de su libertad.
Al considerar la gravedad de los hechos y su trascendencia en la opinión pública nacional, la CNDH ejerció su facultad de atracción y, tras una investigación exhaustiva, determinó que servidores públicos de ambas instancias incurrieron en violaciones graves a los derechos humanos a la libertad, legalidad y seguridad jurídica, por detención arbitraria, retención ilegal e imputación indebida de hechos; a la integridad personal, por actos constitutivos de tortura y a la privacidad del domicilio.
La investigación arrojó que a las 10:50 de ese día, elementos ministeriales y de seguridad pública – vistiendo uniformes tácticos y portando armas largas- ingresaron a dicho inmueble de forma violenta y arbitraria, argumentando que se encontraba una persona privada de su libertad, por lo que sometieron a los empleados, tirándolos al piso y golpeándolos para que se declaran culpables de tal ilícito. Posteriormente, seis de ellos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial sin ser informados sobre los delitos que se les imputaban.
A partir de las declaraciones de víctimas y testigos, así como del análisis de los videos proporcionados, se comprobó que los agentes mintieron sobre las circunstancias en que se llevó a cabo la detención de las víctimas, quienes no portaban armas de ningún tipo y mucho menos machetes, que tampoco agredieron a dichos elementos y que por, el contrario, se simuló la flagrancia para intentar justificar el cateo ilegal, llegando al extremo de colocar armas y drogas para comprometerlas legalmente.
Por otro lado, se constató que existió una dilación de ocho horas entre la detención y la puesta a disposición de las personas aseguradas ante la autoridad ministerial, contraviniendo diversos preceptos constitucionales y configurando con ello que su aseguramiento y retención fueran arbitrarios e ilegales.
Asimismo, la CNDH determinó que se cometieron actos de tortura física y psicológica contra cuatro personas, quienes sufrieron golpes, patadas, privación de la luz y fueron sometidos a posiciones forzadas, a mecánicas de asfixia húmeda y seca, traumatismos y amenazas de muerte para quebrantar sus voluntades, como método de investigación y castigo para autoincriminarse; mientras que el cateo realizado al inmueble fue ilegal, pues no se presentó la orden correspondiente y se incurrió en el robo de equipo de videovigilancia, dinero en efectivo, mercancía (cerveza) y un vehículo los cuales, hasta la fecha, no han sido devueltos por la Fiscalía.
Ante ello, se solicita al gobernador y a la fiscal general de la entidad reparar integralmente el daño causado, otorgar a las víctimas una compensación en términos de la Ley General de Víctimas y proporcionarles atención psicológica de forma gratuita y continua, así como los medicamentos que lleguen a necesitar.
Participar en el seguimiento de los expedientes administrativos radicados en la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado de Veracruz en contra de las personas servidoras públicas involucradas en este caso; colaborar en la integración de la carpeta de investigación iniciada y ordenar que le sean devueltos todos los bienes sustraídos y, de no ser posible, se pague su valor actualizado.
Por último, deberán instruir la aplicación de cursos de capacitación y formación en materia de derechos humanos a la integridad personal, seguridad jurídica y a la legalidad, así como a la prevención y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a elementos de la Secretaría de Seguridad adscritos al municipio de Río Blanco y a personas servidoras públicas que hayan participado en los presentes hechos, adscritas a la Delegación Regional de la Policía Ministerial de Córdoba, Veracruz.
La Recomendación 88VG/2023 ya fue debidamente notificada a sus destinatarios y puede ser consultada en la página www.cndh.org.mx.
