Los Estados colombiano y peruano son los grandes ausentes a la hora de garantizar, proteger y respetar el derecho a una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres refugiadas venezolanas, quienes enfrentan violencia basada en género en todos ámbitos de la vida, dijo Amnistía Internacional hoy en el nuevo informe, Desprotegidas: Violencia de Género Contra Mujeres Venezolanas Refugiadas en Colombia y Perú.
“La protección contra la violencia de género debería ser una prioridad de todos los Estados en las Américas, así como la protección de quienes huyen de violaciones masivas de derechos humanos en sus países de origen. En el caso de las mujeres refugiadas venezolanas, estás más bien enfrentan una doble y brutal desprotección, como lo revela nuestro informe sobre la situación en Colombia y Perú,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Más de seis millones de personas han abandonado Venezuela en los últimos años debido a masivas violaciones de derechos humanos. Colombia y Perú son los países que más personas venezolanas han acogido, sumando más del 50% de todas las personas que han huido de Venezuela (1,84 millones y 1,29 millones respectivamente). Amnistía Internacional considera que las personas venezolanas cuentan con necesidades de protección internacional y tienen derecho a solicitar el reconocimiento de su condición de personas refugiadas.
El nuevo informe muestra cómo las mujeres venezolanas refugiadas, que representan el 50% y el 58% de la población venezolana en Colombia y Perú respectivamente, enfrentan violencia y discriminación en todos los espacios de sus vidas por su género y nacionalidad. En el espacio público, las agresiones ocurren tanto en las rutas migratorias como en sus lugares de residencia. En el ámbito familiar, enfrentan violencia económica, patrimonial, física y sexual, predominantemente de sus parejas o exparejas. Y en cuanto al entorno laboral, sufren diversas formas de violencia y explotación laboral, incluida la cooptación para trabajo con fines de explotación sexual.
Ante esta violencia omnipresente, Amnistía Internacional concluye que los Estados colombiano y peruano claramente no cumplen con su obligación de garantizar una vida libre de violencia y discriminación a las mujeres refugiadas venezolanas, ni de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género.
“Muchas mujeres venezolanas, víctimas de violencia machista y cuyas vidas están en riesgo, prefieren no denunciar por temor a ser expulsadas del país, debido a su estatus de documentación. La situación de violencia y vulnerabilidad que enfrentan se agrava por la ausencia de protocolos especializados para atenderlas y protegerlas. La regularización migratoria es un paso fundamental para que puedan denunciar las violencias que enfrentan”, sostuvo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.
La extensa investigación se realizó durante el primer semestre de 2022 de manera virtual y en terreno, incluyendo misiones a Lima y Tumbes en Perú, y Bogotá, Cúcuta y Soacha en Colombia. Para la elaboración de este informe, Amnistía Internacional entrevistó a 63 mujeres refugiadas venezolanas y realizó 45 entrevistas de investigación con organizaciones de sociedad civil, incluidas organizaciones conformadas por mujeres venezolanas; organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y ONU Mujeres; e instituciones estatales.
Según cifras oficiales, la violencia de género contra mujeres refugiadas venezolanas en Colombia aumentó un 71% entre 2018 y 2020, y en Perú un 31% entre 2019 y 2020. La xenofobia, el estatus migratorio, los mitos sobre la inseguridad provocada por personas extranjeras, los prejuicios relacionados con la sexualidad percibida de las mujeres, aunado a los roles de género preestablecidos socialmente, aumentan la vulnerabilidad de mujeres venezolanas refugiadas.
La investigación revela múltiples ámbitos de desprotección estatal tanto en Colombia como Perú. En primer lugar, las mujeres venezolanas no tienen un acceso efectivo a la protección internacional y a los procesos de regularización migratoria, lo cual representa un primer y significativo obstáculo para la protección del resto de sus derechos.
En segundo lugar, los Estados colombiano y peruano no garantizan el derecho de las mujeres venezolanas de acceder sin discriminación a la justicia y a los servicios de salud. Entre numerosas deficiencias de las respuestas estatales en ambos países, la investigación expone el desconocimiento por parte de las personas funcionarias encargadas de atender a sobrevivientes de violencia basada en género sobre los derechos, rutas de atención y medidas de protección de las que deberían gozar las mujeres venezolanas, así como los estereotipos relacionados con la nacionalidad y género de estas mujeres, o su identidad de género. También expone la falta de disponibilidad y acceso a albergues temporales y la falta de información estadística adecuada.
Amnistía Internacional exhorta a las autoridades de Colombia y Perú que adopten medidas inmediatas para que las mujeres venezolanas puedan gozar de una vida libre de violencia, sin discriminación por su género, nacionalidad, estatus migratorio o cualquier otro motivo. En particular, los gobiernos de Colombia y Perú deben combatir la estigmatización y discriminación hacia mujeres venezolanas, garantizar su acceso a la protección internacional, asegurar un acceso efectivo a la justicia, mejorar la atención y prevención de la violencia basada en género, y garantizar una atención en salud integral para las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género.
Fuente Amnistía Internacional
