Compraventa de curules en San Lázaro

Hechos y Nombres

Por Alejandro Envila Fisher

La integración de todos los diputados del Partido Verde a la fracción parlamentaria de Morena, con la consecuente desaparición del grupo parlamentario del PVEM sería, de concretarse, el mayor fraude a sus electores que cualquier partido político haya cometido en la historia del pluripartidismo y las diputaciones de minoría en el país.

Aunque todos los diputados, de mayoría y de representación proporcional, tienen las mismas facultades una vez que inician funciones, tienen un origen, y un mandato, de naturalezas diferentes. Las diputaciones plurinominales se asignan en función de la cantidad de votos que recibe cada partido y las de mayoría de acuerdo a la cantidad de votos que recibe cada candidato ganador. Así, los diputados plurinominales representan una corriente ciudadana favorable a un partido específico que, generalmente, es minoritario. Ese origen y su función: representar a las minorías, debería atar al diputado plurinominal al partido por cuya lista de representación proporcional llegó a la cámara. En esas condiciones cualquier cambio de fracción parlamentaria es por lo menos ilegítimo, si el origen del diputado es plurinominal (muchos dirán que no es ilegal aunque todo fraude al espíritu de una norma lo es). Los diputados de mayoría, en cambio, ganaron la curul por los votos que recibieron ellos, directamente del elector. Por eso pueden migrar libremente entre fracciones parlamentarias, pues ostentan una representación y un mandato directos de los electores.

Asimilarse a la bancada de Morena como lo pretenden los legisladores plurinominales del PVEM sería, de ocurrir, una traición y un fraude contra todos los electores que votaron por el logotipo, el nombre, la institución partidista y el ideario político ecologistas, por más falsos que estos sean.

Es cierto que la ley no prohíbe expresamente a los legisladores cambiar de fracción una vez que tiene la calidad de representantes populares, pero esa es una interpretación tramposamente laxa de las normas electorales constitucionales pues, si bien los plurinominales tienen tanta representatividad como los legisladores de mayoría, los primeros no pueden llamarse dueños de los votos que los llevaron al Congreso porque su representación es delegada por el partido que los incluyó en sus listas, ya que los electores no votaron por ellos, sino por el partido.

La operación entraña, además de un fraude a los electores del PVEM, una traición a la propia cultura democrática porque los plurinominales existen justo para llevar la representación, la voz y el peso de las minorías a las cámaras legislativas.

Cuando los representantes de una minoría parlamentaria se venden a la mayoría y desaparecen la fracción parlamentaria del partido que les delegó la representación (eso es lo que los pevemistas negocian hoy con Morena), venden el voto ciudadano que los llevó al Congreso y que buscaba, precisamente, colocar en el Pleno y las comisiones de San Lázaro a una representación y una voz legislativa diferente a la de la mayoría. Si los electores hubieran querido que Morena tuviera más representantes legislativos y las oposiciones ninguno, habrían votado masiva y uniformemente por el partido del gobierno, pero no ocurrió así.

Cambiar de fracción parlamentaria ya es un acto de pragmatismo difícilmente justificable, pero hacerlo desde una curul de representación proporcional, cuando se llegó al cargo por el voto de las minorías justo para representarlas, y venderse a la fracción mayoritaria, es además de un fraude, un acto de traición a los electores difícilmente igualable y un atentado a la pluralidad consagrada en el pacto político que rige la integración del Poder Legislativo.

No se trata simplemente de un ejemplo nuevo de la ambición y la corrupción política del Partido Verde. Se trata de una operación que, al materializarse, afectará el equilibrio de la vida y acción legislativas, pues modificará la integración y el funcionamiento de los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados. Eso ocurrirá en detrimento de la voz de las minorías, pues el objetivo de la maniobra es construir una aplanadora legislativa que distorsione el mandato popular dictado en las urnas.

La negociación para lograr este acto masivo de trasvestismo político está a cargo de la dirigencia nacional del PVEM y el senador Manuel Velasco, puente y voz autorizada para acordar con los legisladores y el gobierno morenistas. Eso, la negociación cupular, confirma el carácter caciquil y feudal con que se hace política en los partidos y en sus grupos parlamentarios.

Esta nueva maniobra confirma, por sí misma, que la única sanción admisible y proporcional para un partido como el PVEM, por su grotesca violación a la veda electoral los días previos al 6 de junio pasado, cuando contrató influencers para hacer campaña en redes sociales, era la cancelación de su registro.

Si el Instituto Nacional Electoral hubiera sancionado proscribiendo al Partido Verde por reincidir en la violación de la veda electoral , ese partido habría perdido justo los diputados plurinominales que hoy usa como moneda de cambio y le vende a Morena, y a su dirigencia, para durante los próximos tres años, el control, ilegítimo pero absoluto, de la Junta de Coordinación Política. Sin embargo Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Carla Humphrey y el resto de los integrantes del Consejo General que votaron la sanción intermedia, dejaron vivo al nuevo ícono de la corrupción electoral, partidista y legislativa en México, el PVEM. En unas cuantas semanas, ese monstruo verde regresó para mostrarle a los mexicanos que su capacidad para imaginar formas de torcer la democracia, y sacar provecho de ello, no tiene límites.

La Legislatura se instala el domingo 29 de agosto y aunque arranque sin la superbancada que sobrerrepresentaría a Morena, no hay impedimento para que, en cualquier momento los diputados verdes y petistas se asimilen a quienes hoy son sus “aliados” morenistas para dinamitar otro de los pilares de la joven y aún frágil democracia mexicana.

@EnvilaFisher

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