Conceden nuevo amparo a mujeres sobrevivientes de tortura sexual en Atenco #Edomex

*Fiscalía del Estado de México deberá remitir a FGR la investigación del caso Mujeres de Atenco

* FGJEDMX tiene hasta el 27 de septiembre para emitir una nueva resolución que permita que la FGR atraiga la investigación.

20/09/2021 Cd. de México.- A 15 años de los hechos ocurridos en San Salvador Atenco y a casi tres años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenara al Estado mexicano por los actos de tortura y violencia sexual sufridos por las once mujeres víctimas del caso, la Fiscalía del Estado de México (FGJEDMX) continúa obstaculizando el acceso a la justicia al incumplir con la sentencia de la Corte IDH.

El 22 de marzo de 2019, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas(FEVIMTRA), perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR), inició una averiguación previa para continuar con la investigación e incluir en las líneas de investigación la “cadena de mando”, es decir, vincular a aquellos funcionarios que participaron en la planeación, operación y supervisión del operativo del 3 y 4 de mayo de 2006, así como indagar sobre la participación de las autoridades federales y locales que intervinieron en los hechos de forma coordinada.

Para esto, y a solicitud de las mujeres denunciantes, el 19 de septiembre de 2019 la FEVIMTRA ejercitó su facultad de atracción para conocer la totalidad de la investigación del caso Atenco; es decir, le ordenó a la FGJEDMX la entrega de la averiguación previa TOL/DR/I/466/2006 que la fiscalía estatal desarrollaba, para que la investigación del caso no estuviera fraccionada, considerando además, que la Corte IDH sostuvo que la investigación llevada a cabo en el fuero común ha sido deficiente y ha impedido el acceso a la justicia a las mujeres.

No obstante, la Fiscalía de Tortura de la FGJEDMX se negó a entregar la investigación a la FGR bajo el falso argumento de que en el operativo de Atenco no existió la participación conjunta de autoridades federales y estatales, a pesar de que la Corte IDH y la Suprema Corte de Justicia de la Nación dieron por acreditada esta coordinación y actuación conjunta.

Ante la incapacidad de la FGR de hacer valer su propia determinación de atracción del caso y la del Gobierno Federal para hacer que las autoridades locales cumplan un fallo internacional, las mujeres, acompañadas por el Centro Prodh, presentaron un amparo sosteniendo que la negativa de la FGJEDMX de acatar la facultad de atracción de la federación invadía su esfera competencial y violentaba su derecho de acceso a la justicia. El 25 de noviembre de 2020 se concedió el amparo a las 11 mujeres, pero su defensa presentó un recurso de revisión para solicitar que fuera el Poder Judicial de la Federación quien ordenara a la FGJEDMX la entrega inmediata de la indagatoria TOL/DR/I/466/2006 a la FGR.

Así, el 13 de agosto de 2021 fue notificada la sentencia del recurso de revisión 27/2021, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en la que se concede nuevamente el amparo a las mujeres víctimas de Atenco y se ordena a la Fiscal de Tortura de la FGJEDMX emitir una nueva contestación antes del 27 de septiembre del presente año, en la que señale las razones por las que considera que en el caso no se actualizan las hipótesis de conexidad, la dilación injustificada y malas prácticas en la investigación.

A 15 años de los hechos y con una sentencia internacional, el caso Atenco continúa en total impunidad. La FGJEDMX no ha investigado la cadena de mando, los patrones conjuntos de conducta ni a los funcionarios federales que participaron en los operativos, y a la fecha no existe una sola sentencia condenatoria por los hechos. Es por ello que la unificación de la investigación es indispensable para dar cabal cumplimiento a lo ordenado por la Corte IDH en el caso Atenco .

A partir de un conflicto de autoridades municipales de Texcoco contra un grupo de floristas, los días 3 y 4 de mayo de 2006 aproximadamente 700 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y 1 815 agentes municipales y estatales implementaron un operativo en los poblados de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, contra activistas y personas solidarias con el proceso social del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que apoyó a los floristas.

Como consecuencia del uso excesivo de la fuerza murieron dos jóvenes: Francisco Javier Cortés Santiago, de 14 años de edad, y Ollin Alexis Benhumea, de 20. Además, fueron detenidas y torturadas 217 personas, entre integrantes del FPDT, solidarias y personas sin militancia alguna.

Entre los detenidos hubo 47 mujeres, que en su mayoría sufrieron tortura sexual a manos de los policías en el interior de los vehículos utilizados para trasladar a los detenidos a un centro de reclusión.

Los agentes aprovecharon la situación de incomunicación y vulnerabilidad de las detenidas bajo su custodia para cometer agresiones de naturaleza sexual, golpes y abuso físico, así como amenazas de muerte y de hacer daño a sus familias; 26 de las mujeres reportaron estas agresiones al ingresar al Centro de Prevención y Readaptación Social (CERESO) “Santiaguito” de Almoloya de Juárez, sin que fueran atendidas debidamente. Los hechos fueron denunciados y la tortura fue documentada por expertos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI).

Inicialmente sólo 21 policías estatales fueron consignados por abuso de autoridad, un delito menor (no grave) que se comete contra la administración pública, pero todos fueron absueltos. Un policía estatal más fue condenado por el delito no grave de actos libidinosos en perjuicio de una de las víctimas de agresión sexual; no obstante, con posterioridad también fue absuelto. Ante la falta de acceso a la justicia en instancias nacionales, 11 de las mujeres decidieron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH).

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