**Mujeres y Política.
/ Soledad Jarquín Edgar /
SemMéxico.- Oaxaca entre el relevo generacional y los hijos de papi, así entre quienes gobiernan y el Congreso de Oaxaca que obedece e impone.
A unos días de concluir la LXIV Legislatura, mayoritariamente morenista (26 en total) una vez más, queda claro que, salvo mínimas excepciones, siguen sirviendo a los intereses del gobierno del priista Alejandro Murat que solo tiene seis diputados y diputadas de su partido y muchos de los otros institutos políticos que la integran.
Esta triste historia para Oaxaca inició con la llegada del gobernador Murat, hijo del ex gobernador José Murat Casab y una cascada de funcionarios hijos de políticos del Estado de México y de Oaxaca, y también de empresarios locales. Una de ellas, la titular de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, Ana Isabel Vásquez Colmenares, hija del ex gobernador Pedro Vásquez Colmenares, cuya falta de resultados se puede observar entre las más de 500 mujeres asesinadas en este sexenio al que todavía le falta un año.
Su responsabilidad establecida en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Artículo 46 C, VI. “Establecer y concertar acuerdos, convenios e instrumentos para el cumplimiento de las atribuciones de la Secretaría y las políticas, acciones y programas que se establezcan en el Plan Estatal de Desarrollo, el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y erradicar la Violencia de Género Contra Las Mujeres, Las Leyes Generales y Locales de Igualdad y No Violencia Contra Las Mujeres”. Solo por citar un ejemplo. Porque hay más.
Pero volviendo a los hijos de papi, este viernes nuevamente se repitió la historia. El congreso local designó y ratificó como magistrados y magistradas de tribunales Superior de Justicia, de Justicia Administrativa y en el Consejo de la Judicatura del Estado a otros y otras hijas de políticos, cumplieran o no con los requisitos de ley, a pesar de la advertencia que hicieron en una carta, víctimas directas o indirectas, respaldadas por organizaciones no gubernamentales.
Cuando el dedo de dios-gobernador señala, el contrapeso de la diputación local no aparece, pueden dar largas, aparentemente cuestionan y terminan por asumir lo que el dedo del dios-gobernador designa. Tal parece que, como seguramente pasa en otras entidades del país y Oaxaca no es la excepción, la avalancha de la 4T no opera, sigue actuando como si fueran una minoría de oposición y se concretan a obedecer al gran señor.
Así, que “basados en la Constitución Política del Estado” y como lo establece el artículo 102, quienes integran la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, designaron por ocho años a Juan Carlos Díaz Carranza, Berenice Ramírez Jiménez, Alejandro Magno González Antonio, Elizabeth Roxana López Luna y Sofía Altamirano Rueda, como magistrados y magistradas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJEO).
Y aun cuando se refieren al artículo 101 de la misma Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca en el dictamen, las diputadas y el diputado que firmaron el acuerdo, parece que obviaron –por razones desconocidas hasta hoy- lo que establece el inciso VI y un párrafo posterior a éste, los cuales hacían inelegibles a varios de los hoy flamantes magistrados y magistradas de Oaxaca.
El párrafo VI del Artículo 102 que no vieron las diputadas y el diputado firmante establece … “No haber sido Secretario de Despacho o su equivalente, Fiscal General del Estado de Oaxaca, Diputado Local, en el año anterior a su nombramiento”.
Y es ahí donde los diputados firmantes del dictamen cometieron un error que tendrá sin duda costos importantes para Oaxaca, porque Alejandro Magno González Antonio fue fiscal en marzo pasado. Además de ser un cercano, o mejor dicho cercanísimo, colaborador de Rubén Vasconcelos Méndez ex fiscal de Oaxaca, y actual titular de la Secretaría de Bienestar, responsable de la obstaculización de los procesos de investigación en varios feminicidios, como se le acusó en su momento, hechos en el que también estuvo involucrado el nuevo magistrado impuesto por el dedo del dios-gobernador y ratificado por cuatro de los cinco diputados excepto por Magaly López Domínguez.
El último párrafo del Artículo 102 señala:
“Los nombramientos de Magistrados serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica”.
Requisito que no reúne Juan Carlos Díaz Carranza, abogado sí por la Ibero de Puebla, pero que no ha ejercido la profesión, notario público gracias a Gabino Cué Monteagudo, ex gobernador de Oaxaca, que no ejerce porque extrañamente prefirió desempeñar cargos públicos en diversas dependencias en los últimos años.
El dictamen de Juan Carlos Díaz, por cierto, hijo de Juan Díaz un ex diputado, ex funcionario de Salud y de diversas dependencias en los gobiernos de José Murat y subsecuentes, fue firmado por cuatro de cinco integrantes de la comisión responsable, menos por el petista Noé Doroteo Castillejos.
La diputación oaxaqueña cumplió con el mandamiento del dedo del dios-gobernador, se confirma una vez más que no están para defender los intereses del pueblo y que la 4T continua sin comprender que son un poder no un grupo de subordinados del gobernador.
Denuncia
El pasado viernes cuando se abrieron las puertas del llamado “recinto parlamentario”, se impidió el paso a quienes habíamos firmado la carta sobre las razones por las cuales Alejandro Magno González Antonio, Juan Carlos Díaz y otras personas no deberían ser magistrados del TSJEO.
Fue muy curioso observar que al lugar donde se celebraría la sesión extraordinaria podían entrar y salir otras personas, pero específicamente cuatro que pedíamos ingresar simplemente no podíamos, sin explicación. La persona que cuidaba la puerta, mandó llamar, a personal de seguridad, otras personas vinieron desde distintas oficinas para tomar fotografías de las cuatro que intentábamos ingresar. A una de nosotras en la puerta del Congreso le revisaron la bolsa y le preguntaron si llevaba algo para protestar, luego le permitieron el ingreso, pero le advirtieron que no pasaría al recinto parlamentario.
Finalmente, después de dos horas y a pesar de una intensa lluvia, apareció el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morensita Fredie Delfín Avendaño, quien aseguró que nadie estaba autorizado para impedir el acceso a “la casa del pueblo”. ¿Nadie? Bueno, está visto que no es así.
Éramos cuatro peligrosas mujeres o al menos así nos veían. Sí entramos y dijimos lo que teníamos que decir: la justicia se vende muy barata en Oaxaca y todo gracias a la decisión subordinada de quienes venden su consciencia al mejor postor.
