Partidos políticos, como el PAN han iniciado, el proceso de expulsión de las y los legisladores que avalaron ir contra el orden democrático, al pasar de dos a cinco años el gobierno del morenista Jaime Bonilla, mientras crece el repudio y sospecha por extensión de mandato en BC.
La sociedad de la entidad fronteriza ha sido convocada para movilizarse en contra de lo que denuncian fue la compra de estos legisladores para que beneficiaran al gobernador electo.
Las diversas fuerzas políticas analizan la vía jurídica para impugnar la constitucionalidad de este acto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN.
