*Las juzgadoras han resaltado la gravedad y urgencia de la situación.
* Solicitan a la CIDH tomar las medidas necesarias para evitar daños irreparables tanto a la jueza Sánchez como a las personas cercanas a ella.
* Amnistía Internacional México ha instado a la Fiscalía General de Veracruz a garantizar los Derechos Humanos de la jueza de control.
20.06.2023.— En medio de un preocupante contexto hostil hacia la función jurisdiccional en México y por repercusión en las entidades federativas gobernadas por el partido en el poder, la jueza Angélica Sánchez fue detenida por agentes de la Guardia Nacional n Ciudad de México, desestimando la suspensión provisional que le garantizaba su libertad, denunció Jaqueline Sáenz Andujo, titular de la Unidad de Litigio Estratégico del Instituto de la Defensoría Pública Federal (IFDP) .
En entrevistas con medios de comunicación la abogada manifestó su preocupación ante la detención y los hechos subsecuentes, calificándola como una seria violación a la suspensión que la jueza Angélica Sánchez poseía. Además, resaltó que los elementos de la Guardia Nacional no se identificaron debidamente y la mantuvieron incomunicada, agravando aún más la situación.
Este caso se enmarca en un contexto sumamente hostil hacia la función jurisdiccional, donde se evidencian constantes transgresiones a la independencia judicial. Jaqueline Sáenz Andujo afirmó que “las violaciones se van sumando, afectando tanto a la independencia de la jueza como a su labor jurisdiccional”. La Defensoría Pública se encuentra apoyando activamente a la jueza en este caso.
Cabe destacar que la jueza de control del Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, ya había sido detenida ilegalmente el 5 de junio bajo acusaciones del gobierno de agredir a agentes policiales y posesión de narcóticos. Sin embargo, fue liberada dos días después y denunció haber sido víctima de tortura, hecho que han minimizado las autoridades que públicamente violentan sus derechos de presunción de inocencia y debido proceso con afirmaciones sin evidencias.
Ante esta situación emergente, el Capítulo México de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, junto con la Asociación Mexicana de Juzgadoras y la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación A.C., han solicitado medidas cautelares a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El objetivo es proteger los derechos, la vida y la integridad de la jueza de control Angélica Sánchez Hernández, así como de sus colegas y familiares, en conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
En un comunicado dirigido a Tatiana Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la CIDH, estas organizaciones han expuesto los casos de hostigamiento y las declaraciones estigmatizantes realizadas por el titular del Poder Ejecutivo de Veracruz, no solo hacia el Poder Judicial en general, sino también específicamente hacia la jueza. Estas acciones culminaron con su detención en la Ciudad de México y su traslado a la Sala de Juicios Orales del Distrito Judicial de Xalapa, ubicada en Pacho Viejo.
Las juzgadoras han resaltado la gravedad y urgencia de la situación, solicitando a la CIDH que tome las medidas necesarias para evitar daños irreparables tanto a la jueza Sánchez como a las personas cercanas a ella. El Instituto Federal de la Defensoría Pública, la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas, A.C., y jueces y magistrados colombianos también se han sumado a esta petición.
En medio de estos acontecimientos, Sofía de Robina, secretaria técnica del Combate a la Tortura del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), ha informado que han alertado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los relatores de la ONU para que estén atentos al desarrollo del caso.
Amnistía Internacional México ha instado a la Fiscalía General de Veracruz a garantizar los Derechos Humanos de la jueza de control Angélica Sánchez Hernández, tras su detención y encarcelamiento. La situación actual refuerza la necesidad de preservar la independencia y la integridad del sistema judicial en el país.
