• Llama Edna Díaz Acevedo a gobierno de AMLO, a activar “Acuerdo de Escazú” sobre acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales, ratificado por nuestro país desde 2020
• México se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos para los defensores de la tierra y el medio ambiente, alerta Global Witness
• Hay documentados 131 asesinatos y miles de amenazas y agresiones entre 2017 y 2021: 30 asesinatos en 2020; 54 en 2021; 24 en 2022; y 6 en lo que va de este 2023
• Entre 2017 y 2021, los ataques contra activistas defensores y defensoras del entorno, proceden de industrias irregulares, vinculadas particularmente con minería (donde incursionan ya cárteles), y actores como milicias, crimen organizado o redes de narcotráfico
26.06.2023. Ciudad de México.- El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática por conducto de la Diputada Edna Gisel Díaz Acevedo, Presidenta de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados, alertó ante activistas, expertos y legisladores de esta soberanía, la necesidad de discutir temas delicados como el creciente número de connacionales asesinados o agredidos y amenazados por defender los recursos naturales del país, lo cual –dijo- pasa por la falta de transparencia, acceso a la información y a la justicia en torno a proyectos y planes de expansión industrial.
Díaz Acevedo destacó que, de acuerdo con la organización Global Witness, poco más de una cuarta parte de los ataques letales contra mujeres y hombres ambientalistas –sobre todo indígenas- han tenido que ver con la explotación de recursos como maderas, minería y agronegocios a gran escala; represas hidroeléctricas, otras infraestructuras, y la minería que es la mayormente vinculada al número de asesinatos con 15 en México, seguido de Filipinas (6), Venezuela (4), Nicaragua (1) y Ecuador (1), y lamentablemente, señaló, las razones no se investigan ni se informan adecuadamente.
“Consideramos que este es un tema de seguridad nacional, y por ello –citó- hace algunos meses, presenté una iniciativa para que los delitos ambientales se persigan de oficio, no por querella; pero cuando el Estado no tiene capacidad de actuar, y estos grupos delincuenciales son más grandes, mejor armados, más organizados, estamos en una condición de indefensión y ¿cómo vamos a hacer cumplir la ley que aquí discutimos, nutrimos, reformamos si no hay la capacidad para poder intervenir en estos casos y hacerla cumplir?” cuestionó.
Es –subrayó- un tema muy delicado, somos los primeros lugares en asesinatos para los defensores ambientales, y es un tema que se tiene que decir y abordar en algún momento. Debe haber autoridades competentes que nos permitan hacer mejor el trabajo de protección de nuestros recursos; pero es un tema delicado que obstaculiza la operatividad en campo.
Aseveró que México se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos para los defensores de la tierra y el medio ambiente, como ha señalado Global Witness (Organización No Gubernamental dedicada a romper los vínculos entre la explotación de los recursos naturales, conflictos, pobreza, corrupción y abusos de los derechos humanos en el mundo), que ha documentado 131 asesinatos y miles de amenazas y agresiones contra activistas y periodistas entre 2017 y 2021: 30 asesinatos de activistas en 2020; 54 en 2021; 24 en 2022; y 6 en lo que va de este 2023.
Específicamente –citó Díaz Acevedo- entre 2017 y 2021, los ataques contra activistas defensores y defensoras del entorno, proceden de industrias irregulares, vinculadas particularmente con minería (donde incursionan ya cárteles), y actores como milicias, crimen organizado o redes de narcotráfico
Durante la Mesa de Análisis: “Preceptos Fundamentales para Construir un Marco Legislativo en Materia de Carbono Azul en México”, orientada a proponer regulaciones que lleven a México al cumplimiento de sus compromisos con Naciones Unidas en cuanto a disminuir los gases causantes del calentamiento del planeta, la perredista consideró indispensable incorporar la “gobernanza” mediante la cual: Legislativo, Ejecutivo, Judicial, sociedad civil organizada, academia, ciencia y comunidades impactadas por proyectos contaminantes y destructivos, participen al unísono para generar soluciones, y alcanzar la justicia ambiental de la que mucho se habla; pero pareciera cada vez más injusta.
En este contexto, la legisladora michoacana llamó la atención de sus pares de las diversas fracciones políticas en la Cámara de Diputados para trabajar en unidad en los próximos meses que se discutirá el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 y asignar los recursos necesarios que permitan implementar el “Acuerdo de Escazú” ratificado por el Senado desde 2020; pero que mantenemos sin funcionar por falta de presupuesto.
Refirió que uno de los asuntos más preocupantes por atender a partir de dicho rubro, tiene que ver con los asesinatos de periodistas pues la ausencia de información como ha pretendido el gobierno en turno con relación a sus “proyectos prioritarios”, afecta las coberturas de temas vinculados al medio ambiente, en especial cuando representan luchas de poder.
Al respecto, hizo énfasis en el tema de los Estudios de Impacto Ambiental que han sido ignorados en los megaproyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual ha llegado al extremo de darles la categoría de “seguridad nacional” para garantizar la opacidad y obstaculizar el trabajo de periodistas y comunidades afectadas o expuestas a sufrir las consecuencias; ellas ni siquiera han sido consultadas a pesar de que se encuentra estipulado en nuestra ley y en la Organización Internacional del Trabajo.
Edna Díaz Acevedo explicó finalmente la importancia de que México cumpla con su meta de reducir las emisiones causantes del calentamiento global: “La gente pregunta: ¿por qué hace tanto calor? y no discierne la razón. Según la Organización Meteorológica Mundial, es probable que las temperaturas alcancen niveles sin precedentes (hasta de 1.5 grados más), por los Gases de Efecto Invernadero (producidos por la quema de combustibles fósiles) que retienen el calor.
“No tenemos tiempo, porque pensamos que esto iba a pasar en 20, 30, 50 años, y que no lo íbamos a ver; pero el destino nos alcanzó, y ya lo estamos testificando. Necesitamos, por tanto –asentó- una política integral que conjunte una estrategia nacional (a partir de una base legislativa sólida, puntual, específica y sencilla), con un capítulo necesario y urgente, que incorpore a las comunidades y los estados”, remató.
