GENTE COMO UNO.
Monica Garza.
El 14 de septiembre de 1968 cinco paseantes que visitaban el cerro de la Malinche se disponían a pernoctar en San Miguel Canoa, Puebla. Todos fueron linchados la madrugada siguiente por una falsa acusación, un rumor, y 3 de ellos perdieron la vida.
La historia fue llevada al cine en 1976 con el título Canoa, bajo la dirección de Felipe Cazals y lo increíble es que a 54 años de aquellos hechos, la realidad sigue superando a la ficción, y ahí mismo, en el estado de Puebla.
su auto tenía matrícula de otro estado. Supusieron que era el “robachicos”.
Lo golpearon, amarraron y esposaron y su cuerpo fue recuperado carbonizado, luego de que le prendieran fuego aún estando con vida.
Daniel Picazo González se desempeñó como asesor del PAN en la Cámara de Diputados hasta marzo pasado, tenía 31 años y recientemente había terminado una maestría. Era un “amante de los viajes y la vida”, es como lo describió su hermana en una publicación en redes sociales.
Éste es el segundo linchamiento registrado este año en Puebla, entidad en la que entre 2015 y 2019 este delito creció 600%, pasando de 3 a 18 casos; las víctimas mortales se incrementaron 460%, aumentando de 5 a 23 personas asesinadas, según datos del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría.
Junto con Puebla, Tlaxcala ocupó el primer lugar de registros de este crimen en el primer cuatrimestre de 2022, en el que ya se han contabilizado al menos 11 linchamientos y 115 intentos.
Tabasco, Chiapas, Durango, Estado de México, Veracruz, Oaxaca e Hidalgo son las otras entidades donde una turba intencionalmente ha terminado con la vida de varias personas.
Un informe publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2019, revisó 336 casos de linchamientos ocurridos entre 2015 y 2018 que involucraron a 561 víctimas, de las cuales el 22% perdió la vida en el evento de linchamiento, el 78% restante (440) fue rescatado o liberado con daños graves.
Entre las principales causas se encontró que se trató de señalamientos por delitos contra el patrimonio o robo en cualquier modalidad; 69% tenía relación con robo, 11% con secuestro y 7% con abuso sexual.
El repunte de este delito es muy preocupante, pero lo es más el hecho de que en el Código Penal Federal no esté considerado como un delito grave. Sin embargo sí es un delito aliado de la impunidad, sobre todo por lo fácil que resulta que los responsables queden en el anonimato.
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El caso de Daniel Picazo es ejemplar, pues de las 200 personas que habrían participado en su brutal agresión, sólo hay 7 detenidos hasta el momento.
La barbarie que sufrió el abogado, también exhibe la incapacidad de las autoridades, quienes en el caso de Puebla reconocieron que las fuerzas policiales no fueron suficientes para contener la situación e impedir su fatal desenlace.
Situación que no es nueva en Puebla, pues históricamente ahí es donde se han registrado la mayor cantidad de alertas y eventos relacionados.
De los 174 casos de linchamiento en México que la CNDH identificó sólo durante 2018, 132 tuvieron lugar sólo en 5 estados; Puebla, con 48 casos, Estado de México con 40, Tabasco con 22 casos, Ciudad de México con 13 e Hidalgo con 9 casos.
Concluir un proceso para castigar a los responsables de un linchamiento es prácticamente una misión imposible, es como buscar una aguja en un pajar; las posibilidades de comprobar quién fue el responsable de animar y consumar el crimen son prácticamente nulas.
Daniel fue despedido con una misa de cuerpo presente en su casa de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México y lo que quedó de su cuerpo fue sepultado en el panteón San Nicolás Tolentino, frente a la mirada horrorizada de un país entero que quedó conmocionado con estos hechos.
Y aún en medio de las protestas de la sociedad y las exigencias de justicia de prácticamente todas las bancadas en el Congreso para el que Daniel trabajó, la realidad es que su familia tuvo que conformarse con el doloroso “no se pudo hacer nada” de las autoridades, en un estado particularmente marcado por la violencia social y el letargo de su gobierno.
Nuevamente quedamos parados frente a la manifestación más trágica del hartazgo, el reflejo del sentimiento de marginación y exclusión de una sociedad que desconfía de sus autoridades y comete un delito porque puede y porque además sabe que lo más seguro es que termine siendo parte de la estadística de impunidad en la que México se encuentra sumido.
