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Durante años, Veracruz cargó con una herencia silenciosa que drenó recursos públicos sin generar desarrollo proporcional. No fue una obra inconclusa ni una crisis visible en las calles; fue algo más profundo y menos evidente: un esquema financiero que hipotecó el futuro de los municipios bajo la promesa de liquidez inmediata. La bursatilización de 2008 terminó convirtiéndose en una camisa de fuerza para 199 ayuntamientos que, pese a pagar durante más de una década, seguían atrapados en una deuda creciente e interminable.
Hoy, ese modelo comienza a desmontarse.
La decisión del gobierno de Rocío Nahle García de asumir el 75 por ciento de la deuda bursátil municipal para liquidarla anticipadamente representa mucho más que una operación financiera. Es una redefinición del papel del Estado frente a los municipios y, sobre todo, un mensaje político que rompe con la lógica de simplemente administrar problemas para heredarlos al siguiente gobierno.
La propia mandataria lo resumió con crudeza: aquella bursatilización fue una “borrachera financiera”. Y no exagera. Muchos municipios terminaron pagando más del doble de lo que originalmente recibieron, mientras el saldo de la deuda seguía creciendo debido al esquema ligado a UDIS y a tasas que hicieron prácticamente imposible salir del compromiso. Fue el retrato perfecto de una época donde se privilegiaba el crédito inmediato sin medir las consecuencias de largo plazo.
Lo relevante no es solamente reconocer el error histórico, sino actuar para corregirlo.
En menos de dos años de administración, Nahle ha decidido entrar a uno de los terrenos más complejos de cualquier gobierno: el saneamiento financiero estructural. Primero lo hizo con las deudas estatales relacionadas con SAT, ISSSTE y banca; ahora busca trasladar esa estrategia a los municipios veracruzanos. La diferencia es que esta vez el objetivo no es refinanciar ni prolongar pagos, sino extinguir la deuda.
La magnitud política del movimiento tampoco debe minimizarse. Para concretar el acuerdo se requiere la aprobación de los cabildos antes del 25 de mayo y la adhesión colectiva de alcaldes de todas las fuerzas políticas. Ahí radica otro de los elementos más relevantes del proceso: el mensaje de gobernabilidad.
“Voy a ayudar a todos, sin distingo de colores”, afirmó la gobernadora durante la reunión regional en Tuxpan. En un país donde frecuentemente los recursos públicos terminan condicionados por afinidades partidistas, la frase adquiere peso político y administrativo. Porque si el esquema funciona, no sólo se liberarán finanzas municipales, también se reducirá la dependencia política basada en la discrecionalidad presupuestal.
Detrás de esta operación existe además un trabajo técnico y político que pocas veces se visibiliza. El secretario de Finanzas, Miguel Santiago Reyes, ha encabezado negociaciones complejas con Hacienda y con los tenedores de deuda; mientras el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, ha operado el diálogo con alcaldes y cabildos para construir consensos.
Si el calendario planteado se cumple —validaciones en junio, liquidación en julio y liberación de recursos en agosto— Veracruz podría cerrar en apenas unos meses un mecanismo financiero que condicionó a los municipios durante casi dos décadas.
Y ahí está quizá el punto más importante de fondo: recuperar la función esencial de los ayuntamientos. Porque cuando buena parte de las participaciones federales llegan comprometidas por deuda, los municipios dejan de gobernar para simplemente sobrevivir. Calles deterioradas, sistemas de agua abandonados, drenajes colapsados y alumbrado deficiente son parte de las consecuencias de administraciones atrapadas financieramente.
Liberar esos recursos implica devolver capacidad operativa a los gobiernos locales.
Desde luego, ningún rescate financiero garantiza automáticamente buenos gobiernos. Los municipios tendrán ahora el reto de demostrar que el alivio económico se traducirá en servicios públicos y obra social, no en nuevos ciclos de endeudamiento o gasto político.
Pero el paso dado por el gobierno estatal sí marca una diferencia de enfoque. Frente al viejo modelo que normalizó la deuda permanente, la administración de Rocío Nahle apuesta por cerrar capítulos financieros heredados y reconstruir margen de maniobra institucional.
En tiempos donde gran parte de la política se reduce a confrontación y cálculo electoral, la desactivación de una deuda histórica que afectaba a 199 municipios aparece como una de las decisiones de mayor profundidad administrativa tomadas recientemente en Veracruz.
Y quizá ahí radica el verdadero alcance del proyecto: no sólo rescatar finanzas, sino recuperar capacidad de gobierno.
