Las organizaciones abajo firmantes hemos documentado la situación de derechos humanos que prevalece en Oaxaca desde 2008, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lleva a cabo cada cuatro años (2008-2013-2018-2024).
Desde hace 15 años advertimos a la ONU que la situación en materia de derechos humanos se agudizaría debido a problemas estructurales: la política de militarización, la legislación neoliberal, el machismo que permea las estructuras del Estado, la falta de reconocimiento de derechos hacia pueblos indígenas, mujeres e infancias, la impunidad, las violencias en contra de quienes defienden derechos humanos y libertad de expresión y la falta de voluntad política han conducido a una crisis sistemática en materia de derechos humanos.
Es en ese contexto que, organizaciones y colectivos de Oaxaca presentamos por cuarta ocasión un informe sobre la situación en nuestro estado por sus características específicas en términos de desigualdad, pobreza, impactos y situaciones diferenciadas de violencia para población indígena, mujeres y personas defensoras entre otras.
En este último periodo, desde el 2018, existió una alternancia política a nivel federal y el último año a nivel estatal con la llegada de Salomón Jara a la Gubernatura, sin embargo y pese a la retórica de Estado se han profundizado las violaciones a los derechos humanos en Oaxaca. Encontramos continuidad entre las administraciones priistas y morenistas caracterizadas por retrocesos, simulación, omisión, negligencia, corrupción, falta de autonomía de los poderes y desinterés en cuanto a los derechos humanos, mencionamos a continuación algunos de ellos.
Existe una grave falta de transparencia y de priorización de los derechos humanos en la asignación presupuestaria. Encontramos una profunda discordancia entre el discurso oficial y la asignación real, es efectivamente imposible saber en qué acciones se ejecutan los montos asignados, por ejemplo, a la política transversal de igualdad de género.
Los órganos autónomos claves para la política de derechos humanos y procuración de justicia están supeditados al poder oficial, como se ilustra en los procesos de elección de los últimos dos fiscales y del titular del órgano descentralizado, Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Oaxaca (CEAV).
La violencia machista permea todos los niveles de Gobierno, diversos personajes señalados y denunciados por violencia de género fungen como funcionarios de alto nivel en el Gobierno del Estado, como lo es Donato Vargas Jiménez denunciado por violencia familiar y señalado por participar en Redes Sociales, RS, de carácter pornográfico en perjuicio de mujeres indígenas.
Se profundiza la militarización en particular en zonas donde pueblos indígenas luchan contra la imposición de megaproyectos, además de dotar de presupuestos históricos para la militarización de la seguridad pública. Este despliegue de las fuerzas armadas en Oaxaca ha ido acompañado por un creciente el número de quejas en su contra, en particular contra la Guardia Nacional. La CNDH registró 19 quejas en 2020, 25 en 2021 y 33 en 2022 en contra de esta instancia.
La violencia feminicida sigue en aumento, se registró en el periodo de 2018 a 2022 un incremento del 126% en feminicidios y de 131.7% en desapariciones de niñas y mujeres tan sol en el 2021.
El marco jurídico existente a nivel federal y estatal agudiza la imposición de proyectos energéticos, extractivos y de infraestructura, y la consecuente violación del derecho a la libre determinación. Tan solo en el caso de proyectos extractivos, hasta 2020, se otorgaron 294 concesiones mineras en el estado de Oaxaca: 45 proyectos mineros.
La condicionante descrita agrava de manera alarmante las agresiones contra personas defensoras, documentándose 47 asesinatos (2018-2023), ubicando a Oaxaca como el más letal para la defensa de derechos humanos. Es importante destacar que la mayoría de personas defensoras asesinadas pertenecía a un pueblo indígena y defendía la tierra y el territorio, además de los asesinatos se encuentra la privación ilegal de la libertad como una práctica para disuadir procesos de defensa tal es el caso del defensor Pablo López Alavez, defensor zapoteco privado de su libertad injustamente. La misma situación acontece con periodistas, Oaxaca se encuentra en la quinta entidad con más asesinatos de periodistas (2018-2022). Las mujeres defensoras enfrentan a su vez un riesgo particularmente alto con ataques con componente especifico de género e impactos diferenciados.
La impunidad es el mayor agravio del Estado. El sistema de justicia se caracteriza, en este periodo, por falta de independencia, dilación, corrupción, negligencia y falta de personal especializado.
Además, casos emblemáticos como los periodistas Heber López Osorio y Agustín Silva Vásquez, y de Fidel Heras Cruz, Jaime Jiménez Ruiz, Raymundo Robles Riaño, Noé Robles Cruz, Gerardo Mendoza Reyes y Filogonio Martínez Merino, defensores del río Verde, permanecen en la impunidad. Los demás agravios contra personas defensoras tampoco se castigan.
Asimismo, es importante señalar el dramático incremento de la violencia contra menores de edad, durante este periodo se documentaron altos niveles de crueldad en feminicidios e incremento de la violencia contra niñas: el 40 % de casos de violencia feminicida registrados de diciembre de 2022 a abril de 2023 fueron contra menores de edad.
Otra situación especialmente preocupante es la contaminación del agua y del aire. La contaminación de los ríos pone en riesgo los mantos freáticos. En Valles Centrales, periódicamente, se anuncian políticas de rescate y saneamiento de los ríos, sin que hasta la fecha hayan logrado mejoras. De ahí que la contaminación ambiental se agrava frente a la falta de propuestas viables para la gestión de residuos. Las únicas y endebles propuestas promovidas por el gobierno del estado vulneran además el derecho a la consulta y consentimiento de comunidades como en el caso del Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos
En este contexto, la falta de voluntad política ha sido el principal obstáculo para enfrentar la grave situación por la que atraviesa el estado. La “paz” es solo una narrativa gubernamental y parte de la simulación
Frente a este panorama, en el marco del EPU, las organizaciones firmantes exigimos al Gobierno del Estado de Oaxaca y al Gobierno Federal lo siguiente:
- Destinar presupuesto suficiente, etiquetado, transparente, con indicadores medibles y accesibles para evaluar la política pública de derechos humanos.
- Hacer real la independencia de los órganos autónomos de derechos humanos, en específico la Fiscalía General del Estado de Oaxaca de la que depende la erradicación de la impunidad.
- Detener la presencia de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, en prioridad en las comunidades indígenas donde se pretende imponer megaproyectos.
- Armonizar el marco jurídico estatal con estándares internacionales impulsando reformas de los marcos constitucionales para garantizar el reconocimiento y ejercicio pleno de derechos de pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación, territorio y medio ambiente sano.
- Implementar programas integrales de manejo de residuos sólidos con pertinencia técnica, cultural y de respeto a los derechos humanos que cumpla con estándares internacionales en materia de reparación del daño y medidas compensatorias.
- Generar e implementar un mecanismo para investigar y sancionar a las autoridades de procuración y administración de justicia omisas o negligentes.
- Reformar el marco normativo estatal incrementando las sanciones contra el funcionariado que impida u obstaculice la libertad de expresión y defensa de derechos humanos.
- Iniciar procedimientos sancionadores contra autoridades de procuración de justicia que no inicien las investigaciones de muerte violentas de mujeres como feminicidios.
- Revisar el marco legal, política pública y presupuesto para garantizar la prevención, atención y sanción de la discriminación y violencia feminicida en contra de niñas, adolescentes y mujeres.
Finalmente instamos a la ONU a generar un mecanismo de seguimiento con rendición de cuenta anual respecto al cumplimiento de las recomendaciones hechas al Estado mexicano en todos los ciclos del EPU, ya que a 15 años de evaluación del Estado Mexicano no han existido avances respecto a los ejes fundamentales de derechos humanos descritos anteriormente.
FIRMAN:
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.
Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.
Centro de Apoyo para le Educación y Creatividad Calpulli A.C.
Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA
Red Nacional de Abogadas Indígenas, RAI Capítulo-Oaxaca
Soledad Jarquín Edgar, periodista feminista, madre de María del Sol víctima de feminicidio
Pedro Matías Arrazola, periodista
