/Sabina Berman/
-En España hay igual cantidad de pillos poderosos como hay en México —me presumió un periodista catalán—, la diferencia es que en México los pillos poderosos pueden comprar a los jueces y en España no.
Debe ser cierto, porque si una revisa los dictámenes de los últimos diez años de los jueces de uno y otro lado del océano, descubre una disparidad abismal.
Los jueces españoles han dictado sentencia contra el yerno del Rey, el tesorero del partido político en el gobierno y contra el mismo partido gobernante.
Eso mientras nuestros jueces salen invictos: en cada uno de los casos de mayor trascendencia para el país, han trabajado a favor de los verdugos y nunca de las víctimas.
El penúltimo caso siendo el de Kamel Nacif, el traficante de niñas para su explotación sexual, a quien recién esta semana que acaba declararon inocente, y el último caso siendo el de la consulta de este domingo, en la que pusieron todo de su parte para dejar librados de la Justicia a los expresidentes de México.
Esta es, contada en breve, la historia de la consulta.
Hace tres años, en una entrevista, Carmen Aristegui presionó al entonces candidato López Obrador acerca de si llevaría a juicio a los expresidentes.
La pregunta no estaba desencaminada: en Latinoamérica sí se enjuician a expresidentes y no pocos han pagado sus actos de corrupción en la cárcel.
López Obrador respondió de mala gana que sí los enjuiciaría, pero levantó su dedito índice para añadir que únicamente lo haría con “una consulta popular de por medio”.
Es decir, una consulta que le diera el poder para romper con la recia tradición mexicana de no tocar ni con el pétalo de un citatorio a los corruptos de un sexenio ya transcurrido, y eso para respetar la suprema ley no escrita de la tersa continuidad mexicana:
El respeto a la corrupción ajena es la paz.
Tarde, pasado ya medio sexenio, el hoy presidente cumplió la promesa —o más bien, intentó cumplirla. La pregunta que envió López Obrador al INE para realizar la prometida consulta era:
“¿Está de acuerdo o no que las autoridades competentes investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”
El INE envió la pregunta a la Suprema Corte de Justicia y ahí nuestros supremos jueces hicieron lo que tan bien saben hacer: su tradicional pase de magia: desaparecieron a los posibles culpables y también sus posibles delitos.
Así que usted este domingo podrá darle su SÍ o su NO a una pregunta que ya no menciona ningún presunto delito —vaya, que incluso ya no menciona la palabra “delito”— y menos menciona a posibles culpables, es decir, a los expresidentes, pero ah qué larga y complicada es:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
Los jueces supremos del país nos lo han vuelto a hacer: entregarnos (in)justicia expedita, y así ratificar que son el engranaje clave de un sistema de impunidad para los poderosos.
¿Saldré yo sin embargo a votar hoy?
Saldré a votar y lo haré por dos razones.
Porque no votar es darle la razón a los jueces cuando piensan que somos un pueblo ciego ante sus maniobras. Y para expresar lo contrario: que estamos hasta la coronilla de ellos, los supremos de la impunidad.
