/ Ana Laura Magaloni Kerpel /
En la mañanera del miércoles, el Presidente dijo que, a diferencia de lo que ocurre ahora con la ministra Piña, cuando estaba Zaldívar de presidente de la Corte y al Ejecutivo se le complicaban asuntos delicados, se hablaba con él e intervenía “respetuosamente” con los jueces. Yo creo que AMLO no calculó el impacto de lo que dijo en la imagen pública de Zaldívar. En la nomenclatura de la democracia constitucional, dar instrucciones a los jueces es traspasar los basamentos de la independencia judicial. Los jueces, según este régimen político, deben ser independientes, de otra manera es imposible que arbitren el conflicto con éxito. En términos concretos, la independencia judicial significa que las partes y la sociedad tienen una confianza razonable en que no es el dinero ni las amenazas o cualquier otro tipo de injerencia externa lo que motiva y explica los fallos de los jueces. Sea o no verdad, afirmar, como lo hizo el Presidente, que Zaldívar no respetó ese principio, en la comunidad jurídica y en el Poder Judicial, causa sorpresa y malestar.
Ahora bien, este incidente nos debe permitir debatir dónde estamos en materia de independencia judicial y cuáles son nuestros desafíos. El tránsito de un sistema de justicia de corte autoritario a uno democrático, en el caso de México, ha estado directamente asociado a sus grados de independencia respecto de los Ejecutivos en turno. Después de casi un cuarto de siglo de democracia, los vasos comunicantes entre el poder político y el sistema de justicia no se han roto por completo. Hasta el día de hoy, es posible y sucede que algunas de las cabezas de los Poderes Judiciales les den instrucciones a los jueces inferiores, bien sea por presión política o por dinero. Ello sucede sobre todo en el ámbito local. Los Poderes Judiciales locales lamentablemente se mantuvieron relegados y al margen en los casi 25 años de democracia. Gracias a ello, más de la mitad de la población no puede aún acceder a un tribunal a pedir la protección de la ley cuando sufre abusos o atropellos de otros.
En cambio, en este cuarto de siglo, en el Poder Judicial federal sí ha existido un importantísimo desarrollo institucional en el que se funda su independencia. Las y los juzgadores federales, de arriba hasta abajo, cuentan con importantes dosis de autonomía y no es sencillo que acepten intervenciones externas. Tan es así que el presidente López Obrador está muy enojado con esos juzgadores. No obedecen al Ejecutivo. Eso es una clara señal de independencia en el contexto mexicano.
La apuesta de la transición democrática fue construir un solo Poder Judicial y no 33, como lo requeriría nuestro régimen federal. El Poder Judicial federal, con la Suprema Corte a la cabeza, desde el sexenio de Zedillo, se pensó como un poder con suficiente independencia del Ejecutivo en turno como para ser un árbitro jurídico creíble en la pluralidad democrática. Sin negar que existen muchas áreas de mejora en la justicia federal, ésta sí logró reconfigurarse para funcionar adecuadamente en el nuevo régimen político. Los espacios de injerencia externa en las decisiones de los jueces federales sí pueden existir, pero, según muchos litigantes a los que les he preguntado, son excepcionales; nada que ver con lo que sucede en el ámbito local.
Me preocupa que AMLO crea que el buen presidente de la Corte es aquel que interviene y da instrucciones a los jueces inferiores. Ese sistema es el que hemos tratado de cambiar. Aunque es posible que otros presidentes de México hayan pensado igual y deseado exactamente lo mismo, ninguno de ellos se hubiese atrevido a decirlo públicamente. Algo está cambiando profundamente en México cuando el Presidente sí lo dice tal cual: los jueces deben estar dispuestos a flexibilizar la ley a favor de los intereses del Ejecutivo en turno. Qué tristeza.
