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12.05.29/2026.-Washington., EUA.- La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, conocida como la DEA, elevó este martes la presión política y diplomática sobre México al advertir que la acusación por narcotráfico presentada contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, “es sólo el inicio” de una ofensiva contra funcionarios mexicanos presuntamente ligados a organizaciones criminales.
Durante una comparecencia ante el Senado de Estados Unidos, el administrador de la DEA, Terry Cole, sostuvo que los funcionarios públicos que colaboran con cárteles son responsables directos de la crisis de fentanilo y de las miles de muertes por sobredosis registradas en territorio estadounidense.
El funcionario afirmó que las investigaciones de agencias estadounidenses no se limitarán a líderes criminales, sino que alcanzarán a políticos y servidores públicos que, presuntamente, hayan protegido o facilitado operaciones del narcotráfico.
“No nos detendremos”, advirtió ante legisladores estadounidenses, en un mensaje interpretado como una escalada en la estrategia de Washington contra redes de corrupción vinculadas al crimen organizado.
Las declaraciones ocurren apenas semanas después de que fiscales federales de Estados Unidos presentaran acusaciones contra el gobernador en funciones Rubén Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Según las investigaciones estadounidenses, la estructura política encabezada por el mandatario habría recibido apoyo electoral de grupos criminales a cambio de protección institucional y acceso a información estratégica.
La acusación fue presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y forma parte de la ofensiva judicial derivada de las investigaciones contra “Los Chapitos”, la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Las autoridades estadounidenses sostienen que diversas estructuras gubernamentales en Sinaloa habrían facilitado operaciones de tráfico de fentanilo y protección territorial para el grupo criminal.
Además de Rocha Moya, las acusaciones estadounidenses alcanzan a otros políticos y funcionarios de Sinaloa, entre ellos el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, señalados presuntamente de colaborar con estructuras criminales.
El caso ha provocado una severa crispa ión diplomática entre México y Estados Unidos. El gobierno mexicano ha reclamado que Washington no ha presentado pruebas suficientes para justificar solicitudes de detención y extradición, mientras la Fiscalía General de la República abrió una revisión interna de los señalamientos y este día afirmó el gobierno de México que no hay investigación sobre Rocha Moya.
Ante el escándalo, Rocha Moya solicitó licencia temporal a la gubernatura de Sinaloa el pasado 2 de mayo para enfrentar las investigaciones. El mandatario ha rechazado las acusaciones y sostiene que se trata de una campaña política y mediática contra su administración y contra el proyecto de la llamada Cuarta Transformación.
Las declaraciones de Terry Cole también reflejan el endurecimiento de la política estadounidense frente al narcotráfico.
Desde inicios de 2026, Washington incrementó la presión contra organizaciones criminales mexicanas y comenzó a considerar ciertas actividades de los cárteles como actos vinculados al terrorismo internacional, ampliando así el margen de acción de agencias federales como la DEA y el Departamento de Justicia.
El tema se ha convertido en uno de los principales focos de confrontación entre ambos países. Mientras sectores de oposición en México exigen investigaciones más profundas y hasta la desaparición de poderes en Sinaloa, Morena y el gobierno federal han acusado una injerencia política de Estados Unidos en asuntos internos del país.
Analistas consideran que la advertencia de la DEA abre un escenario inédito en la relación bilateral, pues por primera vez en décadas un gobernador mexicano en funciones —aunque actualmente con licencia— enfrenta acusaciones directas de narcotráfico en cortes estadounidenses, en medio de una creciente presión internacional por el tráfico de fentanilo hacia territorio norteamericano.
