/ Lucia Melgar /
En una sociedad plural, contar con un sistema electoral confiable es fundamental para garantizar la representación de mayorías y minorías en el sistema político. No importa sólo quién gana el cargo Ejecutivo; es fundamental que quienes legislen, determinen el presupuesto y vigilen que su uso responda a los intereses y necesidades de toda la sociedad, incluyendo a quienes disientan de las políticas dictadas o promovidas por el presidente en turno.
Defender al INE o defender la democracia puede sonar abstracto, sobre todo cuando el discurso oficial se ha dedicado a denostar al Consejo Electoral y ha atacado también al Tribunal Electoral, mientras asegura que sólo habrá democracia verdadera si se cumplen los sueños presidenciales ya que “antes” (¿y ahora?) vivíamos en una democracia simulada, con un sistema electoral favorable a la “oligarquía”.
Como ya han señalado articulistas críticos/as, es paradójico que quien llegó al poder a través del sistema actual lo cuestione y pretenda desaparecerlo para substituirlo por un sistema centralizado, semejante al que provocó gran escepticismo acerca de la autenticidad de los resultados electorales en 1988. Es paradójico también pretender que las elecciones presidenciales del 2006 fueron “fraudulentas” pero no las que llevaron entonces al PRD a gobernar la Ciudad de México. ¿Debemos confiar en los órganos electorales sólo cuando gana nuestro candidato/a?
Oponerse a la actual reforma electoral es simplemente defender el valor del voto de cada quien, recordar que los votos los recibimos ciudadanas y ciudadanos diversos, los contamos nosotros y los podemos verificar en gran medida nosotras también puesto que los resultados se exhiben en cada casilla. Descalificar el trabajo ciudadano que hace posibles elecciones más confiables es despreciar el esfuerzo de miles de personas, no sólo el trabajo del Consejo o del Tribunal Electoral.
Defender la autonomía del INE implica también asegurarnos, en lo posible, que el padrón no estará “rasurado” ni plagado de “fantasmas”, como explicara José Woldenberg en una entrevista. ¿Queremos que se le niegue el derecho a votar a quienes no coincidan con el gobierno? Ya se ha hecho: con no aparecer en la lista electoral, su derecho ciudadano desaparece. ¿Queremos que gane X candidatura en un distrito? Se rellena la lista de muertos o seres inexistentes que, milagrosamente, votan a favor de aquél. Si hoy podemos verificar antes que estamos en el listado electoral es porque el sistema se ha ciudadanizado.
Garantizar el derecho al voto es fundamental para preservar la democracia. Si no, ¿por qué Trump obstaculizó el voto por correo obstaculizando la eficiencia postal en 2020? O ¿por qué el Partido Republicano ha manipulado el diseño de circunscripciones electorales para favorecer su triunfo? Si el sistema se centraliza, si se somete la designación del Consejo a la “voluntad popular”, con el desgaste y la manipulación que eso puede suponer, ¿quién garantizará la confiabilidad de las elecciones?
El sistema actual es perfectible. Podríamos contar, por ejemplo, con una segunda vuelta. Pero desbaratar el INE a dos años de las elecciones, bajo un gobierno que no oculta su afán de control y centralización, no va a “fortalecer” la democracia. Puede incluso provocar un caos dado el nulo talento administrativo del gobierno: las elecciones se organizan con mucha anticipación. Si se improvisan funcionarios/as, ¿se garantizarán listas paritarias, se verificará que se cumpla el ”3 de 3”?
¿Queremos una FGR y una CNDH autónomas? ¿Un presupuesto que dé prioridad a educación, salud y prevención de la violencia? Para eso necesitamos mejores legislaturas, mejores partidos y mejores gobernantes, que respondan a la ciudadanía y no al presidente ni a sus intereses. Eso no se logrará con un sistema centralizado, cautivo del partido en el poder.
Mucho se ha luchado para lograr mejor representatividad, con la esperanza de contar con mejores legisladores/as y gobernantes. Si no defendemos hoy un sistema que funciona mucho mejor que el de 1988, nada podremos mejorar en 2025. Defender al INE es defender nuestro voto.