/ Ciro Murayama /
Las próximas horas serán decisivas para la vida de la democracia en México. De ser aprobada por el pleno del Senado la reforma electoral que impulsa el gobierno se colocará en peligro la realización de las elecciones íntegras y competidas que la ciudadanía merece. No deja de ser paradójico que quienes llegaron a sus cargos gracias a comicios limpios y organizados por un árbitro profesional, ahora los pongan en riesgo.
La disposición más grave de la reforma, entre muchas, es la que destruye la estructura del Instituto Nacional Electoral en el territorio, pues compromete tres fases indispensables de una elección genuina: 1) padrón electoral confiable, 2) instalación de casillas para que la gente vote y, 3) cómputos pulcros de los sufragios.
El padrón electoral es la base de datos de la ciudadanía más robusta y confiable que ha construido el Estado mexicano. Su cobertura es muy alta, más del 99 por ciento de las personas mayores de 18 años tienen su credencial para votar, con la que se identifican día a día en millones de trámites. Ese padrón electoral de calidad, que es la base de una elección confiable, se actualiza a diario en 900 módulos que tiene el INE en el país. Su trabajo se coordina por los vocales distritales (300) del Registro Federal de Electores, apoyados por jefes de seguimiento y actualización (300, uno por distrito electoral federal). A su vez, en cada entidad federativa hay un equipo que trabaja en el padrón integrado por seis funcionarios: el vocal local del registro y cinco jefes de cartografía estatal, de seguimiento y análisis, de actualización, de depuración, así como de consulta y orientación ciudadana. En total, una estructura de 792 funcionarias y funcionarios seleccionados por concursos públicos, capacitados y evaluados permanentemente. Ellos y ellas hacen posible el padrón confiable. Pero la reforma despide a 760 y sólo deja a 32 personas en las entidades a cargo del todo el padrón. Tarea imposible, padrón en peligro.
La instalación de casillas no ocurre por milagro ni por casualidad. Es gracias al trabajo permanente del INE en cada uno de los 300 distritos electorales. Se recorre la geografía, se actualiza la cartografía y cada que hay comicios, locales o federales, el INE sale a capacitar ciudadanos para instalar casillas. En cada distrito se instalan en promedio 550 casillas, se visita a 40 mil ciudadanos y se les capacita. Para ello se contrata a 160 capacitadores electorales por distrito y a 40 supervisores. Todo ese trabajo es coordinado por el vocal distrital de capacitación electoral, cargo que la reforma suprime. Sin personal especializado en el terreno se compromete la instalación de casillas. Otro peligro mayúsculo.
Una vez que termina la votación, inicia una serie de actividades clave: recolectar los paquetes para llevarlos al consejo distrital del INE; hay que operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares, así como los conteos rápidos para dar esa noche información oficial del veredicto de las urnas. Luego viene el cómputo oficial, así como los recuentos de votos que, en 2018, llegaron a más de 42.7 millones de sufragios en una elección presidencial holgada para el vencedor. Todo ese trabajo lo coordinan los 300 vocales de organización electoral, cargo que la reforma también desaparece. No tener personal capacitado en el cómputo escrupuloso de los votos puede dar al traste con una elección confiable.
Las elecciones son el gran invento de la humanidad para resolver la disputa por el poder de forma pacífica. La reforma propuesta compromete esa vía democrática, colocándonos ante el abismo. Ojalá el Senado esté a la altura de su responsabilidad histórica.
