*
19.09.2026 Una estudiante de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional (IPN) presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México por presuntos actos de violencia digital, suplantación de identidad, acoso y elaboración y difusión de imágenes sexuales falsas mediante inteligencia artificial.
La joven, identificada como Guadalupe Yahaira Guillén Flores, cursa el noveno semestre y señala como presunto responsable a un docente de la misma escuela, identificado en el pronunciamiento que acompaña la denuncia como Bernal N. Los hechos son atribuidos por sus acompañantes a la utilización de fotografías personales que habrían sido manipuladas digitalmente sin autorización para generar imágenes de contenido sexual.
De acuerdo con el posicionamiento difundido por docentes, estudiantes y acompañantes feministas de la comunidad politécnica, la denuncia quedó registrada ante la Fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de Género de la Ciudad de México con el número de carpeta CI-FIGAM/UAT-GAM-3/UI-1 S/D/01994/09-2026. La existencia y contenido de esa carpeta son señalados en el pronunciamiento, por lo que corresponderá al Ministerio Público determinar los hechos y posibles responsabilidades.
La acusación sostiene que fotografías personales de Yahaira fueron utilizadas para producir imágenes sexuales falsas mediante herramientas de inteligencia artificial. Posteriormente, según la relatoría presentada por quienes la acompañan, habría sido creada una cuenta de WhatsApp que utilizaba su identidad y desde la cual se enviaron mensajes a integrantes de la comunidad académica atribuyéndole conversaciones y ofrecimientos de carácter sexual que ella niega haber realizado.
El señalamiento incluye otro elemento relacionado con la exposición de información privada. Las personas que respaldan a la estudiante afirman que en esas conversaciones se incorporaron datos sobre una agresión física que Yahaira habría sufrido anteriormente y que, según el comunicado, ella había compartido en un contexto de confianza dentro del ámbito académico.
El caso coloca nuevamente en discusión una modalidad de violencia contra las mujeres que utiliza herramientas de inteligencia artificial para alterar fotografías y fabricar material sexual que aparenta ser auténtico. Los llamados deepfakes pueden combinar imágenes reales de una persona con contenido generado o manipulado digitalmente, de manera que la víctima aparezca en situaciones que nunca ocurrieron.
En este caso, además de la presunta fabricación de imágenes, la denuncia incorpora un supuesto uso de la identidad digital de la estudiante para comunicarse con otras personas. Esa combinación es uno de los aspectos que deberá ser esclarecido mediante el análisis de dispositivos, cuentas, archivos, conversaciones y otros elementos digitales que puedan ser incorporados a la investigación.
La dimensión de género adquiere particular relevancia por tratarse, de acuerdo con la denuncia, de una estudiante y un profesor de la misma institución. La relación docente-estudiante implica una estructura de autoridad académica que puede involucrar evaluación, acompañamiento y decisiones relacionadas con la trayectoria escolar.
El propio IPN cuenta con mecanismos institucionales específicos para atender casos de violencia de género. La ESIME Zacatenco señala oficialmente que su protocolo contempla la prevención, detección, atención y sanción de violencia de género dentro de la comunidad politécnica, incluidas conductas que ocurran en espacios físicos o digitales. También dispone de una Red de Género y de la plataforma denominada “Denuncia Segura”.
La institución también mantiene una Defensoría de los Derechos Politécnicos y una promotora de derechos humanos en la ESIME Zacatenco. En su información institucional, el plantel señala que estas áreas tienen entre sus funciones promover el respeto de los derechos de la comunidad y fortalecer acciones de capacitación y prevención.
El IPN cuenta además con personas consejeras para atender situaciones relacionadas con violencia de género. En el caso de ESIME Zacatenco aparecen en el directorio institucional Irma Solís García, Ana Gabriela Santos Islas e Ixchel Meza Hernández como personas consejeras, con distintos horarios de atención.
Hasta el momento, el señalamiento contra Bernal N. constituye una acusación y no una resolución judicial. No se debe presentar como responsable de los hechos mientras las autoridades no concluyan la investigación y, en su caso, exista una determinación judicial. Tampoco está acreditada judicialmente la existencia de una supuesta red de profesores que compartirían fotografías manipuladas mediante inteligencia artificial.
Precisamente, uno de los puntos que plantea el comunicado es que las autoridades investiguen si existen otros casos similares dentro de la institución. Las personas que acompañan a Yahaira aseguran contar con información sobre otros docentes que presuntamente habrían participado en la circulación de fotografías de estudiantes manipuladas con inteligencia artificial. Esa afirmación deberá ser corroborada mediante las investigaciones correspondientes.
Las acompañantes de la estudiante solicitaron al IPN y a las autoridades de la Ciudad de México medidas de protección para evitar posibles represalias académicas, administrativas o personales. También demandaron una investigación con perspectiva de género, el resguardo de evidencia digital y medidas para evitar contacto, intimidación o interferencia con el procedimiento.
Entre sus peticiones también incluyeron acompañamiento jurídico, psicológico y académico para la estudiante durante el proceso, así como protección para quienes pudieran aportar testimonios o información sobre los hechos.
El caso también pone sobre la mesa una discusión más amplia sobre el consentimiento en el entorno digital. La publicación de una fotografía en redes sociales no implica autorización para modificarla, sexualizarla o incorporarla a una imagen falsa. La utilización de inteligencia artificial agrega una herramienta tecnológica a prácticas de violencia que pueden afectar la intimidad, la reputación y la vida académica de las mujeres.
El propio IPN ha reconocido institucionalmente que la violencia digital forma parte de las expresiones de violencia que deben ser atendidas. En un comunicado de 2023, el Instituto abordó el problema de la violencia digital y difundió el planteamiento de que las agresiones ocurridas en entornos virtuales tienen consecuencias reales para las víctimas.
Para Yahaira, el conflicto ocurre mientras continúa su formación profesional. Sus acompañantes sostienen que la estudiante busca concluir sus estudios y titularse sin enfrentar persecución, acoso o represalias relacionadas con la denuncia.
La investigación ministerial deberá determinar ahora cómo fueron obtenidas las fotografías, quién las manipuló, mediante qué herramientas o dispositivos fueron creadas, desde qué cuentas fueron distribuidas, quién tuvo acceso a ellas y si existieron otras personas involucradas.
También tendrá que establecerse si los hechos denunciados configuran alguno de los delitos contemplados en la legislación de la Ciudad de México y si existen responsabilidades adicionales dentro o fuera del ámbito universitario.
Mientras ese proceso avanza, el caso de Guadalupe Yahaira coloca en primer plano una forma de violencia digital en la que la inteligencia artificial puede ser utilizada para fabricar representaciones sexuales de mujeres sin su consentimiento.
En el ámbito universitario, además, la investigación deberá considerar la relación de autoridad denunciada y garantizar tanto la protección de la estudiante como el debido proceso para las personas señaladas.