El aseguramiento de más de 59 millones de litros de gasolina y diésel en una terminal de almacenamiento de San José Iturbide, Guanajuato, abrió una interrogante que todavía no tiene respuesta oficial: quién es el propietario de cada uno de los cargamentos encontrados y cuál es el origen de ese combustible.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que en el inmueble fueron localizados 59 millones 36 mil 870 litros de hidrocarburos distribuidos en 10 contenedores: 33.5 millones de litros de gasolina regular, 7.2 millones de litros de gasolina Premium y 18.2 millones de litros de diésel. La dependencia señaló que el origen del producto no había podido ser acreditado y que las investigaciones continuarían para establecer su trazabilidad.
Sin embargo, la terminal intervenida no era un depósito clandestino creado para almacenar combustible de manera improvisada. Se trata de una instalación formal ubicada en la comunidad de La Fragua, que funciona como infraestructura de almacenamiento para terceros.
De acuerdo con información publicada por Forbes México y especialistas consultados por ese medio, empresas internacionales como ExxonMobil, Shell y Marathon Petroleum utilizan la terminal para almacenar combustible. Otras versiones del sector también señalan a Energas entre las compañías que mantienen producto en esas instalaciones.
La diferencia resulta relevante para determinar la propiedad del hidrocarburo. Que los 59 millones de litros hayan sido encontrados dentro de una terminal no significa que todo el volumen pertenezca a la empresa que opera las instalaciones. En este tipo de infraestructura, el propietario del combustible puede ser una compañía distinta de la encargada de almacenarlo.
Grupo Simsa, conglomerado al que pertenece Gas Natural del Noroeste, operador de la terminal, rechazó ser propietario del combustible asegurado. La empresa sostuvo que su actividad consiste en prestar servicios de almacenamiento y resguardo a terceros y que los hidrocarburos localizados en los tanques no son de su propiedad.
La instalación cuenta además con antecedentes de operación dentro del mercado formal de combustibles. Durante la crisis de abasto registrada en 2019, la terminal de San José Iturbide participó en la recepción y distribución de combustibles hacia diferentes entidades del país.
El procedimiento de la FGR comenzó en julio, cuando agentes detuvieron al conductor de una pipa en San Luis de la Paz. Según la Fiscalía, el operador no pudo acreditar la trazabilidad de aproximadamente 33 mil litros de diésel que transportaba. A partir de ese caso se realizaron otras diligencias en Guanajuato hasta llegar al inmueble de San José Iturbide.
La investigación incluyó tres cateos. El primero correspondió a una estación de servicio en San Luis de la Paz; posteriormente se intervino un inmueble utilizado para despacho de gas LP en Dolores Hidalgo y finalmente la terminal de La Fragua, donde se encontró el volumen de hidrocarburos que dio origen al aseguramiento.
En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades de Guanajuato. Además del combustible, las autoridades localizaron siete vehículos de carga y documentación contable.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que una de las líneas centrales de la investigación consiste en identificar quién manejaba el negocio, de dónde procedía el combustible y hacia qué puntos de venta era distribuido. La presidenta Claudia Sheinbaum también pidió a la Fiscalía avanzar en la identificación y detención de los integrantes de la red investigada.
La FGR, por ahora, no ha presentado públicamente un desglose que permita establecer qué cantidad del combustible corresponde a Shell, ExxonMobil, Marathon, Energas u otros posibles usuarios de la terminal. Tampoco se ha establecido que los 59 millones de litros tengan un único propietario.
Especialistas consultados por distintos medios han señalado precisamente esa diferencia. Gonzalo Monroy, consultor del sector energético, sostuvo que el volumen localizado no puede ser considerado automáticamente combustible ilícito únicamente por haber sido asegurado en el marco de una investigación. Explicó que las terminales reciben producto de distintas empresas y que la propiedad puede acreditarse mediante contratos, pedimentos aduanales, facturas y documentos de transporte.
El caso tiene además una dimensión jurídica pendiente: la FGR debe determinar si existen irregularidades en la procedencia de los hidrocarburos y, de ser así, cuáles lotes están relacionados con una conducta delictiva.
Por ello, el dato confirmado hasta ahora es el aseguramiento de 59 millones 36 mil 870 litros de combustible. Lo que permanece bajo investigación es su procedencia, su trazabilidad y la propiedad de cada volumen.
La pregunta central no es solamente cuánto combustible había en la terminal, sino quién lo adquirió, quién lo importó o produjo, cómo llegó hasta Guanajuato, bajo qué documentos fue almacenado y hacia dónde debía ser distribuido.
Hasta que la FGR concluya esas investigaciones y presente la documentación correspondiente, no existe información pública suficiente para atribuir los 59 millones de litros en su totalidad a una empresa determinada ni para afirmar que todo el volumen tiene procedencia ilícita. La propia investigación ministerial mantiene abiertas esas dos cuestiones.