*Además reportan actos de intimidación contra las manifestantes en Veracruz, Michoacán y en Ciudad de México.
*Preocupa la narrativa presidencial para criminalizar las protestas legitimas de mujeres.
/Redacción/
Cdmx. 11 marzo 10, 2021.- La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la IM-Defensora documentaron cómo las diferentes formas de manifestación, que incluyeron a mujeres, jóvenes y niñas que por primera vez ejercieron su derecho a la protesta, enfrentaron persecución, hostigamiento, acoso policial y hasta cateos y detenciones en distintas partes del país.
“Ya veníamos observando y que se ha exacerbado en los últimos 12 meses. En un país donde la represión de la protesta social es un problema histórico y estructural, ser mujer, ser defensora y feminista en México es razón suficiente para caminar por las calles bajo la amenaza de la criminalización y la violencia por el estigma alentado desde narrativas y discursos de violencia en redes sociales, algunos medios de comunicación y actores políticos”.
En un pronunciamiento señalan que el pasado 8 de marzo miles de mujeres en todo el país salieron a las calles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, alzar la voz para exigir derechos y visibilizar el continuum de la violencia en México. sin embargo pese a al derecho a la libre manifestación se agudizó la criminalización y el acoso, denuncian las defensoras.
“Desde la Red Nacional de de Defensoras de Derechos Humanos en México y la IM-Defensoras condenamos la actuación de integrantes de distintos cuerpos policiales que llevaron a cabo acciones de hostigamiento y amenazas en contra de las mujeres feministas, periodistas y fotoperiodistas que participaron en las manifestaciones, de manera particular condenamos que en el estado de Aguascalientes aún se mantenga a 8 mujeres y 2 hombres detenidas”.
En ese sentido documentaron las quejas sobre actos de intimidación contra las manifestantes en Veracruz, Michoacán y en Ciudad de México, en donde el monitoreo que realizó la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México permitió constatar el uso de gas lacrimógeno y la detención ilegal de 4 foto-reporteras, cuyas pertenencias también fueron registradas por elementos policiales en el metro Hidalgo de la Ciudad de México.
“Asimismo nos preocupa la distorsión y difusión no verificada de la información y sobre las protestas y actos represivos que actores ajenos al feminismo han estado promoviendo para sus propios intereses”.
Conminan a que tanto los Gobiernos de los Estados como el Gobierno Federal hagan un llamado a que se garantice una actuación policial con pleno respeto a los derechos humanos y a la libre manifestación; que se pronuncien en forma determinante ante estos hechos y hagan un llamado a las distintas corporaciones policiales para evitar que sus efectivos continúen ejerciendo violencia y perpetrando abusos en contra de las manifestantes.
la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) citan los casos de Aguascalientes, donde se concretaron en agresiones físicas directas de los agentes y en Ciudad de México en encapsulamientos, cateos y lanzamiento de gases lacrimógeno a las manifestantes.
Le recuerdan a los gobernantes del país que que México ha suscrito un sinnúmero de instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destaca el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, así como la Declaración sobre Personas Defensoras, que reconocen el derecho a la manifestación y asociación y el derecho a defender los derechos humanos.
Urgen al gobierno de Andrés Manuel López Obradora hacer valer su compromiso contra la represión de la protesta social, evitando de forma clara y contundente el discurso estigmatizador que se ha mantenido hasta el momento y estableciendo mecanismos efectivos de interlocución entre las organizaciones e instituciones, en las diferentes entidades de la república.
Además refieren que en los hechos, en la Ciudad de México, la jefa de gobierno informó sobre la detención de dos hombres armados, escoltas de una defensora de derechos humanos, a quienes se les acusó de robar escudos de la policía.
Las manifestantes acusaron represión con gas lacrimógeno y balas de goma, a pesar de que las autoridades afirmaron que la policía estaba desarmada y que repelió la agresión con extinguidores.
También dio a conocer que, tras la detención de cuatro fotógrafas de medios de comunicación en las instalaciones de la estación del Metro Hidalgo, se solicitó la sustitución de los elementos que participaron y del mismo director general de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), José Arturo Blanco Hernández.
En Aguascalientes fueron detenidas 22 mujeres por daños al palacio de Gobierno. Grupos feministas informaron que 14 de ellas, acusadas de la comisión de faltas administrativas, saldrían tras el pago de fianza cercana a los 175 mil pesos; mientras que se procederá contra otras ocho manifestantes detenidas.
En Puebla, la secretaría de Gobernación señaló que los daños cometidos a inmuebles públicos y privados, al mobiliario público y las agresiones físicas hacia otras personas durante la marcha del 8M, ya son investigadas por la Fiscalía General del Estado.
En Chihuahua fueron detenidas y posteriormente liberadas 6 manifestantes.
En Querétaro, mientras feministas realizaron acciones de protesta en la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Fiscalía, conductores de transporte público les “aventaron” camiones a las manifestantes.
También se realizaron acciones y movilizaciones donde se registraron algunos enfrentamientos con la policía en Morelos, Hidalgo, Chiapas y Veracruz, Tlaxcala y en seis municipios del Estado de México.
Las manifestaciones sin incidentes se registraron en Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, Durango, Jalisco, Coahuila, Tabasco, Baja California, Colima, Tamaulipas, San Luis Potosí, Baja California Sur, Nuevo León y Zacatecas.
Destacan que las autoridades capitalinas, en contraste con las manifestantes, a los agresores sexuales se les protegen -con elementos policiacos que implica desviación de recursos públicos para un particular denunciado.
“La contracara de estas acciones fue la afrenta a las mujeres que supone el hecho de que ante las acciones de protesta frente al domicilio de una persona señalada en múltiples denuncias como agresor sexual en la Ciudad de México, dicho domicilio fuera “resguardado” con un despliegue policial exagerado””.
Asimismo enfatizan que dentro de las movilizaciones realizadas por las manifestantes se destaca la resignificación de los nombres de las calles colocando “nomenclaturas” con los nombres de las víctimas de feminicidio y nombres de mujeres que las han inspirado en la lucha feminista.
