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13.10.2026 Atzalan, Ver.- Habitantes de Atzalan señalan posibles conflictos de interés, beneficios particulares y dudas sobre la legalidad de los predios ubicados cerca de una rampa de frenado. Exigen revisar permisos y determinar si existe afectación al patrimonio público.
Denunciaron presuntas irregularidades en un proceso de lotificación de terrenos ubicados en las inmediaciones de una rampa de frenado, cuya situación jurídica solicitaron esclarecer, debido a que, según los señalamientos ciudadanos, los predios podrían encontrarse dentro de una zona federal.
Las acusaciones apuntan a posibles irregularidades en la actuación del Ayuntamiento durante la administración de Carlos García y la actual gestión encabezada por Homero Domínguez, conocido como “Jonny”. Los denunciantes sostienen que el proceso de lotificación habría avanzado sin que exista claridad pública sobre la legalidad de los permisos otorgados y el destino de los terrenos.
De acuerdo con los habitantes inconformes, detrás de estas operaciones inmobiliarias podrían existir intereses particulares que habrían favorecido a personas cercanas al círculo político y administrativo del gobierno municipal. Sin embargo, estas acusaciones deberán ser corroboradas mediante una investigación de las autoridades competentes.
Uno de los señalamientos se relaciona con el presunto registro de algunos lotes a nombre de familiares de trabajadores del Ayuntamiento, particularmente hijos de empleados municipales. De confirmarse estas operaciones y acreditarse la participación indebida de servidores públicos, podrían existir elementos para investigar posibles conflictos de interés y un eventual uso de información privilegiada.
Asimismo, los denunciantes señalaron al área de Obras Públicas como una de las dependencias que presuntamente habría intervenido en el procedimiento. Según sus versiones, el titular de esa área habría recibido dos terrenos como supuesto beneficio particular a cambio de participar en la autorización y firma de permisos relacionados con la lotificación.
Hasta el momento, los señalamientos expuestos por los habitantes requieren documentación y verificación oficial para determinar si existieron irregularidades administrativas o posibles conductas constitutivas de delito.
Ante esta situación, los ciudadanos hicieron un llamado al secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, y a la gobernadora Rocío Nahle García, para que se realice una revisión integral del expediente y se auditen los permisos presuntamente otorgados.
Entre sus principales demandas se encuentra esclarecer la situación legal de los predios, identificar a las autoridades que intervinieron en el proceso y determinar si hubo actos de corrupción, tráfico de influencias o alguna afectación al patrimonio público.
Los inconformes también manifestaron preocupación por la posible participación de particulares y fedatarios públicos en la formalización de operaciones inmobiliarias relacionadas con los terrenos. Por ello, consideraron necesario revisar los documentos y procedimientos mediante los cuales se habrían realizado las transacciones.
Los habitantes insistieron en que las autoridades deben garantizar la transparencia en el manejo del suelo y evitar que los bienes de carácter público sean utilizados para beneficiar intereses privados. En ese sentido, exigieron rendición de cuentas y una investigación que permita establecer quiénes autorizaron las operaciones, quiénes resultaron beneficiados y cuáles fueron los fundamentos legales para permitir la lotificación.
El caso pone sobre la mesa la necesidad de esclarecer la naturaleza jurídica de los terrenos y determinar qué autoridad tiene competencia sobre ellos. Si se confirma que los predios forman parte de una zona federal, será necesario establecer si existieron autorizaciones válidas para su aprovechamiento y si las operaciones realizadas se ajustaron a la legislación aplicable.
Por ahora, las acusaciones de los habitantes no constituyen por sí mismas una determinación de responsabilidad contra los funcionarios o particulares señalados. La revisión de los expedientes, los registros correspondientes y los permisos emitidos será fundamental para confirmar o descartar las presuntas irregularidades.
Los ciudadanos esperan que las autoridades estatales y las instancias competentes intervengan para esclarecer los hechos y garantizar que cualquier operación inmobiliaria se realice conforme a derecho.
La principal interrogante que plantean los denunciantes es quién autorizó la lotificación de los terrenos, bajo qué sustento legal se realizó y quiénes obtuvieron beneficios de estas operaciones. La respuesta dependerá de la revisión oficial de los documentos y de los resultados de las investigaciones que, en su caso, se inicien.