* PAN exige respeto al debido proceso*
16.07.2026 Como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con presuntas operaciones de contrabando de combustible, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
La dependencia precisó que la investigación se deriva de las actividades de una empresa fundada por el exmandatario estatal y que la orden judicial fue cumplimentada la tarde de este miércoles en Ensenada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La institución adelantó que en las próximas horas dará a conocer mayor información sobre el caso.
La detención, ocurrida este 16 de julio, generó una inmediata reacción del Partido Acción Nacional (PAN), instituto político al que pertenece Ruffo Appel y del que fue uno de sus principales referentes históricos, al convertirse en 1989 en el primer gobernador de oposición en derrotar al entonces hegemónico PRI en una elección para renovar el Poder Ejecutivo estatal.
A través de un comunicado oficial, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN fijó su postura respecto al caso y subrayó que, si bien respeta plenamente la actuación de las autoridades encargadas de procurar justicia, exige que el proceso se conduzca con estricto apego a la Constitución, al debido proceso y a la presunción de inocencia.
“Acción Nacional reitera su compromiso con la legalidad, el Estado de derecho y el combate frontal a la corrupción, sin excepciones ni privilegios. Nadie está por encima de la ley”, señaló el partido.
Al mismo tiempo, el blanquiazul advirtió que la aplicación de la justicia no debe utilizarse con fines políticos ni mediáticos.
“Confiamos en que las instituciones actúen con independencia, objetividad y sin motivaciones políticas. Exigimos que se respete el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a una defensa adecuada, principios fundamentales de cualquier democracia constitucional”, puntualizó.
El PAN agregó que dará seguimiento al desarrollo del procedimiento judicial, al considerar indispensable que las investigaciones se conduzcan con transparencia y sin vulnerar derechos fundamentales.
Horas antes del posicionamiento partidista, el propio Ernesto Ruffo confirmó que se encontraba retenido por elementos federales en el puerto de Ensenada. El exgobernador declaró que, en ese momento, aún no se le habían comunicado formalmente los cargos que motivaban la acción judicial, aunque posteriormente la FGR confirmó que la detención obedecía a una orden de aprehensión emitida por un juez federal.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la investigación está relacionada con el denominado “huachicol fiscal”, un esquema mediante el cual combustibles son importados al país mediante declaraciones falsas, simulando el ingreso de otros productos o utilizando mecanismos para evadir el pago de impuestos y controles aduaneros.
Las pesquisas federales habían mencionado previamente el nombre del exgobernador debido a su participación como fundador y accionista mayoritario de Ingemar S.A. de C.V., empresa que, según diversas investigaciones ministeriales, habría sido vinculada con una red dedicada al tráfico irregular de hidrocarburos.
La empresa apareció en diversas líneas de investigación derivadas del aseguramiento de aproximadamente 15 millones de litros de combustible realizado por autoridades federales en Coahuila, considerado uno de los mayores decomisos de hidrocarburos registrados en México. No obstante, hasta este jueves no existía una sentencia judicial que acreditara responsabilidad penal de Ruffo Appel por esos hechos.
La FGR no ha hecho públicos los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación ni los elementos que sustentan la acusación. Será durante la audiencia inicial cuando el Ministerio Público Federal exponga ante un juez los argumentos con los que buscará sustentar la imputación y la eventual vinculación a proceso del exmandatario.
Ernesto Ruffo Appel ocupa un lugar relevante en la historia política contemporánea de México. En 1989 ganó la gubernatura de Baja California, convirtiéndose en el primer candidato de oposición en derrotar al PRI en una elección para gobernador desde la consolidación del régimen posrevolucionario. Su triunfo fue considerado uno de los acontecimientos que marcaron el inicio de la transición democrática mexicana.
Posteriormente fue senador de la República y durante décadas fue una de las figuras más representativas del Partido Acción Nacional, impulsando reformas relacionadas con el federalismo, la transparencia y el fortalecimiento institucional.
Sin embargo, en los últimos años su nombre comenzó a aparecer en investigaciones relacionadas con empresas vinculadas al comercio internacional de combustibles, aunque el exgobernador había rechazado reiteradamente haber participado en actividades ilícitas.
El caso se produce en medio de la estrategia federal para combatir el denominado huachicol fiscal, considerado por las autoridades como una de las principales modalidades de evasión fiscal y contrabando de hidrocarburos. A diferencia del robo de combustible mediante tomas clandestinas a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), este esquema consiste en importar combustibles bajo declaraciones falsas, alterar la clasificación arancelaria de los productos, subvaluar mercancías o utilizar empresas fachada para evadir impuestos y controles aduaneros.
Autoridades federales sostienen que estas operaciones generan pérdidas multimillonarias para la hacienda pública y constituyen una fuente importante de financiamiento para redes de delincuencia organizada.
La situación jurídica de Ernesto Ruffo Appel quedará definida en las próximas horas, cuando sea presentado ante un juez de control para la audiencia inicial, en la que la Fiscalía General de la República formulará la imputación y solicitará las medidas cautelares correspondientes, mientras la defensa podrá ejercer los recursos legales previstos en el sistema penal acusatorio.