*Los detenidos sin vinculación a proceso los remitieron al centro de reclusión de alta seguridad de Almoloya de Juárez
*La Defensa legal revisa las más de 100 pruebas presentadas por la FGR.
19.07.2026 Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la imposición de prisión preventiva justificada contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y otros cuatro imputados por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada, en uno de los casos de mayor impacto contra un gobernador de oposición relacionados con el llamado “huachicol fiscal” que actualmente “investiga” el Gobierno de México.
La medida cautelar fue concedida por un juez federal tras una audiencia inicial que se prolongó durante más de un día, en la que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó cerca de un centenar de datos de prueba para sustentar las imputaciones.
De acuerdo con el comunicado oficial de la FGR, la prisión preventiva fue dictada contra Ernesto “N”, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N”, quienes permanecerán internos en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras continúa el proceso penal en su contra.
En tanto, José María “N” y Guillermo “N” enfrentarán el proceso en prisión domiciliaria debido a condiciones de salud acreditadas ante la autoridad judicial. Por su parte, Adriana “N” permanecerá internada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur, en el Estado de México.
La audiencia concluyó sin que el juez resolviera aún la vinculación a proceso, ya que las defensas solicitaron la duplicidad del término constitucional, un derecho previsto por la ley que amplía el plazo para que el órgano jurisdiccional determine si existen elementos suficientes para iniciar formalmente el proceso penal.
En consecuencia, será en una audiencia posterior cuando se defina la situación jurídica de los ocho imputados.
La investigación de la FGR sostiene que los detenidos habrían participado en una compleja estructura dedicada a realizar operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de combustibles.
Según la dependencia, el esquema consistía en introducir hidrocarburos al territorio nacional mediante declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras. Entre las prácticas detectadas se encuentran reportar menores volúmenes de combustible de los realmente transportados o declarar la carga bajo otra clasificación comercial para evadir el pago de impuestos y derechos, sin que los encargados en aduanas se percatan de dicho contrabando por lo que solo les imputan delincuencia organizada a quienes hacían los trámites.
Este mecanismo, conocido como “huachicol fiscal”, difiere del robo directo de combustible mediante tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
En este caso, el presunto fraude se realiza aprovechando operaciones de comercio exterior para ingresar combustibles de manera irregular y reducir ilegalmente la carga fiscal correspondiente.
La FGR sostiene que este tipo de operaciones representa un doble impacto para el Estado mexicano: por un lado, ocasiona pérdidas millonarias en la recaudación de impuestos y contribuciones aduaneras; por otro, fortalece financieramente a organizaciones criminales que obtienen ganancias mediante la comercialización ilícita de combustibles.
Las capturas fueron realizadas en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México como resultado de una investigación que, de acuerdo con las autoridades federales, requirió trabajos especializados de inteligencia y seguimiento financiero.
El caso se enmarca en la estrategia federal para combatir el mercado ilegal de combustibles, una actividad que durante los últimos años ha evolucionado del robo físico de hidrocarburos hacia esquemas de fraude fiscal, importaciones simuladas y redes de empresas utilizadas para ocultar el origen y destino de los productos petrolíferos.
La investigación contra Ernesto Ruffo Appel había sido confirmada días antes por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien explicó que el expediente no surgió recientemente, sino que deriva de una indagatoria iniciada hace más de un año tras el aseguramiento de un buque y decenas de carrotanques relacionados con presuntas operaciones irregulares de combustibles en Tamaulipas.
La mandataria subrayó entonces que el procedimiento corresponde exclusivamente a la FGR y al Poder Judicial, sin intervención del Ejecutivo en las determinaciones ministeriales o judiciales.
Ernesto Ruffo Appel fue el primer gobernador de oposición en la historia contemporánea de México al ganar la gubernatura de Baja California en 1989 bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN).
Posteriormente se desempeñó como senador de la República y ha sido una figura emblemática del panismo desde la transición democrática de finales del siglo XX.
Hasta el momento, la FGR no ha dado a conocer el monto económico que presuntamente habría sido defraudado mediante las operaciones investigadas ni los detalles específicos sobre la participación individual atribuida a cada uno de los imputados.
La institución reiteró que todas las personas involucradas en este proceso gozan de la presunción de inocencia y que será la autoridad judicial la encargada de determinar, con base en las pruebas presentadas durante el procedimiento, si existe responsabilidad penal mediante una sentencia firme.
La Defensa legal revisa las más de 100 pruebas presentadas por la FGR
El abogado de Ernesto Ruffo Appel es Fernando Gómez-Mont Urueta, exsecretario de Gobernación durante el gobierno de Felipe Calderón de acuerdo a la información fue confirmada por Verónica Ruffo Sánchez, hija del exgobernador, quien señaló que Gómez-Mont asumió formalmente su representación legal durante la audiencia inicial.
Hasta el momento, la estrategia de la defensa ha consistido en solicitar la duplicidad del término constitucional, un derecho previsto en la Constitución que amplía el plazo para que el juez determine si existen elementos suficientes para vincular o no a proceso a los imputados.
Con ello, la defensa busca disponer de más tiempo para revisar las cerca de cien pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República y preparar su respuesta jurídica.
Asimismo, la defensa ha cuestionado la solidez de los elementos aportados por la FGR para sustentar los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Sin embargo, los argumentos técnicos expuestos durante la audiencia no han sido revelados públicamente, ya que gran parte de la diligencia se desarrolló por hode manera privada.
Desde que comenzaron las investigaciones relacionadas con el aseguramiento de millones de litros de combustible presuntamente ingresados de manera irregular al país, Ernesto Ruffo ha sostenido públicamente que su participación en la empresa Ingemar se limitó a ser socio y consejero, y que la compañía realizaba actividades vinculadas con trámites aduanales. El exgobernador ha rechazado haber intervenido en una red de contrabando de hidrocarburos.
Fernando Gómez-Mont no ha ofrecido hasta ahora una conferencia de prensa ni ha dado a conocer de manera pública la estrategia jurídica integral con la que buscará evitar la vinculación a proceso de su cliente. Será en la próxima audiencia cuando el juez determine si las pruebas presentadas por la FGR son suficientes para iniciar formalmente el proceso penal contra Ruffo y los demás imputados.