* Sienta precedente en la defensa de los derechos humanos
* A Digna la mataron, hubo una investigación deficiente y llena de prejuicios
/ Elda Montiel /
SemMéxico, Cd. de México, 11 de abril, 2022.- A 20 años de su asesinato Digna Ochoa y Placido sigue litigando y sienta precedente en la defensa de los Derechos Humanos con la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del pasado 14 de enero del 2022, que obliga al Estado Mexicano por graves fallas en la investigación de la muerte de la activista a reabrir el caso; juzgar y sancionar a los responsables; efectuar un acto público de responsabilidad internacional y crear reconocimiento en derechos humanos que lleve su nombre.
Karla Micheel Salas Ramírez, la abogada feminista que llevó el caso en el Tribunal Interamericano y ha participado en otros casos relevantes como Campo Algodonero, enfatizó la importancia de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que “a través de una sentencia podemos decir esto es la verdad y no se puede cuestionar”.
“Después de un litigio bastante largo podemos afirmar que a Digna Ochoa y Plácido la mataron, que la investigación fue absolutamente deficiente, que no buscaban la verdad, llena de prejuicios, que no considero el contexto donde hubo un secuestro y amenazas a la integridad física de la activista y que estuvo mal de principio a fin”, dijo la abogada.
Al participar en el Taller “Las sentencias de los Derechos Humanos nos juzgan a todas-todos que lleva a cabo el Museo de la Mujer, cada mes, bajo la conducción de Ydalia Pérez-Fernández Ceja, asesora legal de la Federación Mexicana de Universitarias (FEMU).
Destaca lo expresado por Salas Ramírez, “la violencia de género es el mejor recordatorio para las mujeres de que no nos consideran igual, aunque la ley lo diga. Digna Ochoa no es un caso es una causa”.
Explicó que cuandoasesinaron a Digna Ochoa en el 2001 ella todavía era estudiante, pero ahora acompaña en la reparación.
También dijo que las palabras durante el alegato de clausura en la audiencia, que se celebró de manera virtual en la CIDH, fue: “La sentencia que emita este Tribunal hará parte de su legado, porque hoy Digna florece en toda una generación de defensoras y defensores de derechos humanos, cuyas voces le piden a este Tribunal: Justiciadigna…”.
Digna Ochoa fue asesinada 19 octubre 2001, un crimen que sigue impune porque las autoridades no investigaron, estigmatizaron a Digna Ochoa, minaron su credibilidad con el objetivo de sostener una conclusión de investigación de que no la habían asesinado, sino que se había suicidado. Lo más terrible que previa a su muerte fue el argumento de que ella había fabricado toda una escena del crimen de tal manera para aparentar un asesinato.
Precisó que a fines de los noventa y principios de los 2000 en general las y los defensores de derechos humanos en México sufrían varias agresiones, pero en particular más si eran mujeres. Incluso uno de los argumentos de las autoridades era que “Digna se quería morir porque se dedicaba a una actividad riesgosa”.
A las mujeres defensoras de derechos humanos por su género las estigmatizaban, eran expuestas a comentarios de contenidos sexista misógino o las denuncias que presentaban no eran tomadas con seriedad.
“Este contexto de violencia contra las defensoras de derechos humanos continua en la actualidad”, acotó.
Es necesario, dijo que las nuevas generaciones sepan quien fue Digna Ochoa y Placido, nació en Misantla, Veracruz de familia numerosa, vivió el arresto injusto de su padre, líder sindicalista, primero lo desaparecieron y luego lo acusaron de homicidio por sus actividades, esto la llevó a querer se abogada, cuando antes quería ser maestra.
Asegura que Digna Ochoa litiga nuevamente, porque abrió la brecha en el sistema interamericano. Acompañó a víctimas de casos sumamente complejos en los estados de Guerrero y Chiapas; con especial relevancia los casos de las víctimas de la masacre de Aguas Blancas en 1995, en la que la policía del estado mataron a 17 campesinos y la masacre del Charco en 1998, en la que el Ejército ejecutó a 11 jóvenes, presuntos guerrilleros.
Se muda en 1991 a la Ciudad de México, donde comenzó a trabajar como abogada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, conocido como Centro ProDH.
Su trabajo y valentía incomodaron mucho y las amenazas no tardaron en llegar. El 9 de agosto de 1999 fue secuestrada durante varias horas por sujetos desconocidos, quienes la ataron en su casa, la torturaron y le sustrajeron pertenencias. Poco después, el Centro ProDH recibió en sus oficinas cartas con amenazas de muerte.
Ochoa se vio obligada a emprender una dura batalla por defender sus propios derechos y los de sus colegas del Centro ProDH, y solicitó a las autoridades medidas cautelares para su protección.
Ante la falta de investigación del Estado mexicano sobre los ataques y amenazas, la Corte Interamericana adoptó en 1999 medidas provisionales a su favor. Pero las amenazas persistieron, por lo que Ochoa se exilió en Estados Unidos entre 2000 y 2001, año en el que regresó a México, porque aparentemente era otro México.
Estábamos viviendo un proceso de transición democrática. Colabora en el despacho de su amiga Pilar Noriega en la colonia Roma, donde es encontrada asesinada, con dos tiros en el cuerpo, uno en la cabeza y otro en el muslo, en un principio se declaró un crimen de estado.
La Procuraduría declara que es un homicidio y se siguen tres líneas de investigación: la primera relacionada con Ejercito mexicano por los casos que había llevado; la segunda en Guerrero contra terratenientes, y en el tercero, su círculo cercano.
Sorpresivamente en el 2002 da un giro la investigación con un planteamiento ridículo que ella se había suicidado sin soporte ministerial, lo que alerta a la familia. El 8 de marzo del 2002, la CIDH pide al Estado mexicano una audiencia y el servidor público que asistió dijo que probablemente era suicidio y no homicidio.
En julio del 2003 la Procuraduría del Distrito Federal a cargo de Bernardo Bátiz Vázquez y Margarita Guerra y Tejada anuncian que se había determinado el no ejercicio de la acción penal y no iban a actuar en contra de nadie por suicidio disimulado (sic).
La hipótesis fue sostenida a través de la desacreditación de la vida de Digna Ochoa, con el uso de estereotipos y prejuicios cuestionando su estabilidad emocional por sus relaciones afectivas, una supuesta interrupción de un embarazo, así como su gusto hacia actividades de riesgo que era la defensa de los derechos humanos.
También dijeron que usaba el cabello corto y vestía pantalones en lugar de vestidos con lo que desviaban su actividad como defensora de derechos humanos y con énfasis en su condición de mujer.
Salas Ramírez expresó que no es la primera vez que lo hacen las fiscalías que buscan criminalizar a las personas de derechos humanos y a las mujeres para responsabilizarlas o decir que no hubo crimen.
El derecho es patriarcal, mas si es penal, Salas Ramírez
Por lo que sostuvo que la sentencia en el caso de Digna Ochoa, a 20 años de su asesinato no solo la reivindica, nos da la razón. “El derecho es patriarcal y más si es penal”. Las mujeres tenemos que abrirnos camino a codazos. Tanto a Digna como a Pilar las conocían como “las fierecillas”.
En su momento, dijo la postura de la Procuraduría llevó a una ruptura en el movimiento de los derechos humanos, pues hubo organizaciones que, si le creyeron a la autoridad y otras no.
Señaló que el Tribunal Interamericano advirtió que la investigación estuvo sesgada desde un inicio. El uso de los estereotipos de género con el objetivo de desacreditar su credibilidad. Desconociendo su actividad de defensora y apelando a inestabilidad emocional relacionada con su condición de mujer. También le diagnosticaron una enfermedad psiquiátrica.
Al respecto, Ydalia Pérez Fernández Ceja, moderadora, reflexionó que en el acceso a la justicia hay que ubicar los tiempos. No porque ya pasó no se puede investigar. “No quiere decir que las personas lo vamos a olvidar y soltar”.
Aunque son contextos distintos, ambas abogadas, destacaron las coincidencias del Caso Digna Ochoa con el de Lesvy Berlín Rivera Osorio asesinada en Ciudad Universitaria por su novio, primero fue desacreditada por las autoridades por su condición de mujer, pero la diferencia fue que “no lo permitimos”, hubo reacción inmediata de la sociedad, y de las universitarias, un movimiento académico y sociedad acuerpando a la familia y está sentenciado el perpetrador.
Al respecto, señalaron, que es como un manual que tienen las autoridades de aludir a la condición de mujer y su comportamiento de las víctimas para desacreditarlas.
También se refirieron a otro argumento al que recurre la autoridad que es la prueba psicológica “post morten” donde investigan el entorno y la vida de las víctimas, con el objetivo de desacreditarlas.
Medidas de reparación
Destacó la abogada que es importante, aunque sea a 20 años, buscar la justicia, la verdad, y que se castigue a sus perpetradores.
Destacó las medidas de reparación como la redignificación de su memoria como defensora de derechos humanos.
El reconocimiento anual Digna Ochoa a defensoras/es de Derechos Humanos.
Con su caso se evidencia la falta de perspectiva de género en las pruebas periciales, pues siempre argumentan que es una perspectiva científica.
Se debe colocar el nombre de Digna Ochoa en Misantla y otra en la Ciudad de México.
