Diputada federal de Hidalgo y no de Veracruz, busca que indemnicen a familias veracruzanas por explosión de pipa.

23/09/2022/ Ciudad de México.- Desde la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la legisladora representante de la sierra y huasteca Hidalguense presentó una Proposición para exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y se ejerzan las medidas necesarias para que las empresas implicadas en el accidente donde murieron 20 personas de Hidalgo y Veracruz asuman y cumplan, en términos de un seguro de vida de cobertura total con indemnización, su responsabilidad por las personas fallecidas.

“Las empresas tienen la obligación de dar una respuesta rápida, asumir su responsabilidad. Está en la Ley la obligación de la CONDUSEF para asesorar, proteger y defender los derechos de las familias”

Refiriendo la responsabilidad de las empresas servicios de transporte de cubrir su responsabilidad por daños y perjuicios a los viajeros y la facultad de la CONDUSEF de proteger y defender los derechos e intereses de los usuarios.

“Nuestra facultad en esta Cámara de Diputados, es exigir mediante el exhorto, que se siga el debido proceso para hacer justicia y no agravar su desigualdad social a habitantes de zonas de extrema pobreza y añadirles impunidad e injusticia.”

Adicionalmente, refirió que en el mismo orden del día de la sesión ordinaria del 22 de septiembre incluyó una iniciativa en materia de Voluntad Anticipada, cuyo principal objetivo es establecer un proceso a nivel nacional para el cual una persona pueda planificar si desea continuar recibiendo tratamientos y cuidados de salud para preservar su vida, en el momento en que no sea capaz por sí misma de tomar decisiones con motivo de una enfermedad terminal o un accidente, ya que en algunos casos, pudieran estar en vida de manera artificial, prolongando su agonía y sufrimiento.

Indicó que esta práctica solo está regulada actualmente en 14 entidades federativas y la propuesta busca establecerla a nivel nacional y eliminar el requisito de la intervención notarial, para evitar gastos a quienes no cuenten con los recursos necesarios.

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