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22.09.22026 Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó este martes, en lo general, la reforma constitucional que plantea establecer la nacionalidad mexicana como único vínculo jurídico para quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El proyecto obtuvo 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención.
La discusión continuará en el Pleno con los artículos reservados, por lo que el contenido todavía puede ser modificado antes de concluir la votación en San Lázaro. Una vez que termine este proceso, el proyecto tendría que pasar al Senado y, al tratarse de una reforma constitucional, requeriría también la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales.
La iniciativa modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum a finales de agosto y posteriormente dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales, que la aprobó el 8 de septiembre con 26 votos a favor y cinco en contra.
El planteamiento no elimina la posibilidad de que los mexicanos tengan doble nacionalidad. La restricción está dirigida específicamente a quienes pretendan ocupar la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
De acuerdo con el dictamen, una persona mexicana por nacimiento que también posea otra nacionalidad tendría que renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidata o candidato para alguno de esos cargos. Además, durante el ejercicio del puesto no podría adquirir o solicitar una nacionalidad diferente de la mexicana.
El proyecto también establece restricciones relacionadas con el uso de documentos expedidos por otro Estado. Entre ellas se contempla que los titulares de esos poderes ejecutivos no utilicen pasaportes o documentos de identidad extranjeros, ejerzan derechos políticos derivados de otra ciudadanía o recurran a la protección diplomática de otro país.
La propuesta gubernamental fue presentada bajo el argumento de establecer un vínculo jurídico y político exclusivo con México para quienes encabecen los poderes ejecutivos federal y estatales. La Consejería Jurídica de la Presidencia informó al presentar la iniciativa que el objetivo era que quienes aspiren a esos cargos cuenten únicamente con la nacionalidad mexicana.
El debate legislativo ha generado posiciones diferentes entre las bancadas. Durante el análisis en comisiones, legisladores que respaldan el proyecto plantearon que la medida busca establecer reglas específicas para quienes ejercerán las principales responsabilidades del Poder Ejecutivo. En contraste, integrantes de la oposición cuestionaron que la doble nacionalidad sea, por sí misma, un elemento que comprometa el desempeño de una persona mexicana en un cargo público.
Otro punto relevante es el momento en que comenzaría a aplicarse la nueva disposición. El régimen transitorio establece que las modificaciones tendrán efectos a partir del proceso electoral correspondiente a 2028. Por ello, los procesos electorales de 2027 no quedarían sujetos a este nuevo requisito.
La disposición tampoco afectaría a quienes ya se encuentren ejerciendo la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México cuando entre en vigor el cambio constitucional.
La reforma tampoco modifica las reglas de nacionalidad para otros cargos de elección popular. De aprobarse en sus términos actuales, una persona con doble nacionalidad podría continuar aspirando a puestos como diputaciones federales o locales, senadurías, presidencias municipales y regidurías, debido a que la propuesta se concentra en los titulares de los poderes ejecutivos federal y estatales.
El antecedente inmediato de la reforma se encuentra en la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal al Congreso el 28 de agosto. El proyecto fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales y aprobado posteriormente en esa instancia antes de llegar al Pleno.
Con la aprobación en lo general de este 22 de septiembre, el procedimiento legislativo entra ahora en la etapa de discusión de las reservas presentadas por los diputados. El resultado de esa votación determinará el texto que, en su caso, será enviado al Senado para continuar con el proceso de reforma constitucional.