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El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, podrá abandonar el penal federal del Altiplano y continuar en prisión domiciliaria el proceso penal que enfrenta por acusaciones relacionadas con el contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada.
La determinación fue emitida mediante una resolución judicial fechada el 21 de septiembre y conocida este martes 22. El fallo concedió la suspensión definitiva solicitada por Ruffo contra la decisión que le había impedido cumplir en su domicilio la prisión preventiva que le fue impuesta.
El cambio en la medida cautelar no representa el cierre del proceso ni una resolución sobre su responsabilidad penal. Ruffo continuará sujeto al procedimiento iniciado a partir de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), que lo señala por su presunta relación con una estructura dedicada al denominado huachicol fiscal.
El exmandatario, de 74 años, fue detenido el 16 de julio en Ensenada, Baja California, y trasladado posteriormente al Centro Federal de Readaptación Social número 1, en el Estado de México. Días después, una jueza federal lo vinculó a proceso junto con otros acusados por delitos relacionados con delincuencia organizada, contrabando y actividades ilícitas en materia de hidrocarburos.
La investigación de la FGR está relacionada con operaciones de importación y traslado de combustibles que, de acuerdo con la acusación, habrían sido realizadas fuera de los controles fiscales y aduaneros correspondientes. Entre las empresas mencionadas en la investigación aparece Ingemar, compañía con la que las autoridades relacionan al exgobernador.
Según los datos expuestos durante el proceso, la investigación contempla la introducción de alrededor de 18 millones de litros de gasolina y diésel mediante transporte ferroviario. La Fiscalía sostiene que estas operaciones formaban parte de un esquema de contrabando de hidrocarburos.
La defensa de Ruffo ha rechazado las imputaciones y desde las primeras etapas del procedimiento ha recurrido ante tribunales federales las decisiones que mantienen al exgobernador sujeto a prisión preventiva. En agosto, sus abogados promovieron nuevos amparos para intentar modificar las condiciones de reclusión y permitirle enfrentar el proceso desde su domicilio.
La resolución más reciente se suma a otros recursos judiciales promovidos por el exmandatario. A principios de septiembre, un tribunal colegiado confirmó una suspensión definitiva relacionada con el auto de vinculación a proceso. Esa determinación frenó temporalmente la apertura de un eventual juicio oral mientras se resuelve el fondo del amparo correspondiente.
El expediente también ha generado resoluciones favorables para otros involucrados. En septiembre, una jueza federal otorgó una suspensión definitiva a un empresario señalado dentro de la misma investigación, lo que igualmente detuvo temporalmente el avance hacia un juicio oral.
Ruffo Appel fue gobernador de Baja California entre 1989 y 1995 y llegó al cargo como candidato del Partido Acción Nacional. Su administración representó uno de los primeros casos de alternancia política en una gubernatura mexicana.
La acusación de la FGR permanece en etapa judicial y deberá ser acreditada ante los tribunales. Hasta ahora, no existe una sentencia definitiva que determine la responsabilidad penal de Ruffo Appel por los delitos que le fueron imputados.