* Gracias a GuacamayaLeaks fue posible hallar el contrato del Ejército Espía con Comercializadora Antsua, la empresa que tenía derechos exclusivos para venta de Pegasus en 2019.
* Pese a que consideran que es juez y parte interpusieron una denuncia ante la FGR.
* Es ilegal que las Fuerzas Armadas intervengan comunicaciones.
Ciudad de México, a 3 de octubre de 2022.- El día de ayer, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, ARTICLE 19 México y Centroamérica, y SocialTIC, con el apoyo del Citizen Lab de la Universidad de Toronto —y en colaboración con Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso—publicamos la investigación Ejército Espía en la que se revelan tres nuevos casos de espionaje en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México, con el malware Pegasus, durante este sexenio: Raymundo Ramos, Presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo; Ricardo Raphael, periodista y escritor; un periodista del medio Animal Político.
En el informe de estas asociaciones se concluye que:
Después de un análisis forense riguroso llevado a cabo por Citizen Lab de la Universidadde Toronto existe evidencia concluyente de que al menos los dos periodistas y una persona defensora de derechos humanos, cuyas labores e investigaciones han estado relacionadas con violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas fueron espiadas con el malware Pegasus de la empresa NSO Group entre 2019 y 2021, es decir, durante el gobierno actual.
La empresa Comercializadora Antsua S.A. de C.V., que previamente se demostró que for- maba parte del entramado comercial que vendió Pegasus a diversas agencias del gobierno federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, recibió autorización por parte de NSO Group para representarla exclusivamente ante la Secretaría de la Defensa Nacional entre marzo de 2018 y, al menos, hasta diciembre de 2019.
La Secretaría de la Defensa Nacional contrató con Comercializadora Antsua S.A. de C.V. un “sistema de monitoreo remoto de información” en abril de 2019.
La Secretaría de la Defensa Nacional ocultó la existencia de dicho contrato ante la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación, así como ante R3D por vía de solicitudes de acceso a la información.
El ejército, sin contar con facultades para intervenir comunicaciones privadas de civiles, ha realizado y sigue realizando intervenciones de comunicaciones privadas de manera ilegal.
En México, el Ejército espía. Múltiples indicios apuntan con un alto grado de probabilidad que se encuentra detrás de los ataques con Pegasus a periodistas y personas defensoras de derechos humanos documentadas en el informe.
Los hallazgos del informe contradicen las múltiples y reiteradas promesas del presidente de la República de que en su gobierno no se contratarían sistemas de espionaje ni se usarían en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Lo anterior implica la posibilidad de dos escenarios: el primero, es que el presidente mintió al pueblo de México. O bien, el segundo, que las fuerzas armadas espían a espaldas del presi- dente y desobedecen la orden directa de su comandante supremo.
Ambos escenarios constituyen una demostración de que las promesas y las palabras son insuficientes para evitar que los sistemas de inteligencia sigan siendo utilizados sin ningún control democrático y en contra del pueblo de México.
En México las fuerzas armadas continúan violando derechos humanos, ya sea por orden o por desobediencia, prevaleciendo la impunidad. En cualquiera de los casos, queda en evidencia que las tesis sobre las que descansa el impulso de la militarización en México son falsas.
Los hechos que la investigación revela no deben quedar en la impunidad, advierten en un comunicado. Es indispensable esclarecer cuántas personas han sido espiadas, qué funcionarios participaron o tenían conocimiento y cómo ha sido utilizada la información obtenida, incluyendo con quién ha sido compartida.
Investigar y abrir los archivos de inteligencia militar, naval y civil que continuamente han abusa- do de su poder, como ha demostrado el Caso Ayotzinapa, es fundamental para iniciar un proceso de verdad y justicia sobre miles de violaciones a derechos humanos —incluyendo el espionaje ilegal— cometidas en gobiernos anteriores y en el actual que permanecen en la impunidad.
Informamos que se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la intervención ilegal de comunicaciones privadas el día de hoy, sin embargo, advertimos la falta de confianza en que la FGR conduzca las investigaciones con independencia y profesionalismo.
Esta desconfianza no es gratuita, sino que está justificada ante la experiencia de más de cinco años de investigación sobre el espionaje perpetrado en el gobierno de Enrique Peña Nieto sin que a la fecha se haya esclarecido totalmente el caso y frente a diversos ejemplos de interferencia del Fiscal General y de obstrucción militar como en el Caso Ayotzinapa.
Por todo lo anterior, los periodistas y personas defensoras de derechos humanos afectadas, así como las organizaciones que les acompañamos anunciamos lo siguiente:
Exigimos al gobierno federal, garantizar la seguridad e integridad personal de las personas espiadas con Pegasus y de sus familias, así como de las personas que han participa- do en la investigación de estos hechos, y de las organizaciones y medios que desarrolla- ron esta investigación.
Solicitamos que se garantice la verdad, justicia y la ausencia de impunidad mediante el establecimiento de un mecanismo independiente e internacional de investigación sobre el espionaje ilegal cometido en gobiernos anteriores y en el actual. En cualquier caso, exigimos a la Fiscalía General de la República conducir una investigación profesional e imparcial orientada a identificar todos los autores materiales e intelectuales del espionaje ilegal en los gobiernos anteriores y en el actual.
Urgimos al Congreso a garantizar la no repetición del espionaje ilegal mediante una agenda de reforma legal e institucional que impida de manera verificable el abuso de los sistemas de inteligencia del país. Este proceso debe ir acompañado de sociedad civil, para asegurar el apego a los más altos estándares de derechos humanos.
Solicitamos al Senado que suspenda el proceso de aprobación de la extensión constitucional a la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, especialmente mientras no sean esclarecidos los casos de espionaje denunciados.
Invitamos a todas las personas periodistas, personas defensoras de derechos humanos e integrantes de la sociedad civil en riesgo que sospechen haber sido objeto de medidas de vigilancia y deseen ser parte de la investigación sobre posible espionaje con Pegasus, a que escriban a: contacto@ejercitoespia.mx para ser contactadas por las organizaciones que llevamos a cabo esta investigación.
El grupo hackactivista autodenominado Guacamaya hackeó el mes pasado millones de comunicaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la filtración de los documentos confirmó que la Sedena adquirió el sistema Pegasus y que lo operó del 1 al 30 de junio de 2019. Para entonces, hacía ya seis meses que López Obrador gobernaba el país.
Pegasus, que es propiedad de la empresa isralí NSO Group, ha provocado múltiples polémicas en diversos países, debido a la discrecionalidad con la que ha sido usado por varios gobiernos para espiar de manera ilegal a activistas y opositores.
en el sexenio de Peña Nieto al menos 25 periodistas aparecen como objetivos de clientes que compraron y operaron el sistema de espionaje Pegasus en México, de acuerdo a la investigación Pegasus Project, coordinada por Forbidden Stories con la colaboración de Amnistía Internacional y 17 medios y organizaciones.
Los comunicadores forman parte del universo de más de 15 mil números registrados como posibles blancos en México por clientes de la compañía israelí NSO Group.
Ha sido imposible saber cuántos celulares fueron en efecto contagiados, pero las verificaciones realizadas por el laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional permiten confirmar una infección o un intento de infección con el software espía en el 85 por ciento de los casos analizados (37 en total).
*Con información de articulo 19
