*Alguien como tú.
/ Gladys Pérez Maldonado /
En México, el abuso sexual sigue siendo uno de los delitos más persistentes y menos comprendidos. Detrás de cada carpeta de investigación existe una historia de violencia, miedo y, con demasiada frecuencia, de impunidad. Las estadísticas oficiales muestran apenas la parte visible del problema; la realidad es mucho más profunda porque la mayoría de las víctimas nunca denuncia.
De acuerdo con TResearch, con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el actual sexenio se han iniciado 46,803 carpetas de investigación por abuso sexual. Tan solo entre enero y mayo de 2026 se contabilizaron 13,755 denuncias, mientras que 2023 registró el máximo histórico de la última década con 35,916 casos, seguido de 34,575 en 2024 y 33,048 en 2025. Aunque existe una ligera disminución reciente, las cifras permanecen en niveles alarmantes y evidencian que el problema está lejos de resolverse. Jalisco, Estado de México y Ciudad de México concentran el 41 % de los casos registrados en el periodo analizado.
Sin embargo, hablar únicamente de denuncias es insuficiente. El abuso sexual es uno de los delitos con mayor cifra negra debido al miedo, la dependencia económica, la manipulación emocional, la vergüenza y la desconfianza hacia las instituciones. Cuando las víctimas son niñas, niños o adolescentes, el silencio suele estar impuesto por quien debería protegerlos.
La violencia sexual contra la infancia adquiere dimensiones aún más preocupantes en los entornos digitales. Un estudio presentado por UNICEF, ECPAT International e INTERPOL reveló que uno de cada ocho adolescentes usuarios de internet en México sufrió explotación o abuso sexual facilitados por tecnologías digitales durante un solo año, lo que representa aproximadamente 1.6 millones de adolescentes afectados. En casi dos de cada tres casos, la víctima conocía personalmente a su agresor, desmintiendo la idea de que el peligro proviene únicamente de desconocidos.
Los datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) también son contundentes. Entre enero y mayo de 2026, Jalisco, Ciudad de México y Veracruz concentraron una cuarta parte de todos los delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes del país. Esta concentración territorial obliga a replantear las estrategias de prevención y protección, particularmente en las entidades con mayor incidencia.
La dimensión humana de estas cifras adquiere un rostro particularmente doloroso con el caso ocurrido recientemente en Matamoros, Tamaulipas, donde una niña de apenas 11 años fue hospitalizada con aproximadamente cinco meses de embarazo, situación que activó los protocolos de protección y una investigación de la Fiscalía estatal por probable violencia sexual. De acuerdo con la información difundida hasta ahora, las autoridades investigan a una persona del entorno cercano de la menor como posible responsable. El caso obliga a mirar más allá de la estadística, veamos, una niña embarazada no representa simplemente un dato de maternidad infantil, sino la posible evidencia de una grave vulneración de sus derechos, de su integridad física y de su libertad sexual. También plantea preguntas inevitables: ¿cómo pudo transcurrir una gestación durante meses sin que el entorno familiar, escolar, médico o institucional detectara una situación de riesgo? ¿Cuántas señales fueron ignoradas? Y, sobre todo, ¿cuántas niñas podrían estar atravesando hoy una violencia semejante sin que nadie las escuche? Cuando una niña de 11 años llega a un hospital con cinco meses de embarazo, no basta con investigar al agresor, también debemos preguntarnos qué falló alrededor de ella para que la protección llegara tan tarde.
El abuso sexual no es solamente un delito; representa una violación profunda a la dignidad humana cuyos efectos pueden acompañar a las víctimas durante toda su vida. Depresión, ansiedad, estrés postraumático, dificultades para establecer relaciones afectivas, abandono escolar e incluso conductas suicidas forman parte de las secuelas que rara vez aparecen en las estadísticas oficiales.
Frente a esta realidad, la respuesta institucional sigue siendo insuficiente. México necesita fortalecer la investigación especializada, garantizar atención psicológica inmediata, evitar la revictimización durante los procesos judiciales y acelerar el acceso a la justicia. Pero también requiere una transformación cultural. Persisten creencias que minimizan la violencia sexual, responsabilizan a las víctimas o privilegian la reputación familiar por encima de la protección de quienes sufren el abuso.
Combatir este delito exige educación sexual integral, protocolos eficaces en escuelas, capacitación permanente para policías, ministerios públicos, jueces y personal médico, además de mecanismos tecnológicos capaces de detectar y perseguir la explotación sexual en línea.
Mientras el abuso sexual continúe siendo un delito que se esconde detrás del miedo y el silencio, ninguna estadística reflejará la verdadera magnitud del problema. La verdadera pregunta no es cuántos casos registra el Estado, sino cuántas víctimas permanecen invisibles porque nunca encontraron un lugar seguro para denunciar. En una sociedad democrática, el silencio jamás puede seguir siendo el principal aliado de los agresores…