FELIPE DE JESÚS FERNÁNDEZ BASILIO
DESDE A JANELA
En la semana pasada comentábamos en este espacio que tanto las organizaciones civiles como los individuos en particular, somos los únicos que podemos frenar esta locura autoritaria en la que el país está envuelto, ya que por medio de acciones sociales, mediáticas y sobre todo legales es como se puede frenar al autoritarismo que cada vez como nos estamos dando cuenta, cada vez es más difícil de imponer.
Ciertamente hay presiones muy fuertes sobre jueces e instituciones que solo hacen su trabajo, el que consiste lisa y llanamente en aplicar la ley por parte de un presidente que, siendo licenciado en derecho, llama todos los días a aplicar la ley en su favor, pero también a desconocerla cuando no le favorece, ya lo ha dicho varias veces: “entre lo legal y lo justo, hay que optar siempre por lo justo”.
Nada más que esa expresión, la cual se escucha y se lee muy bonito, nos lleva en automático a lo que se conoce como la ley de la selva o la ley del más fuerte y ese siempre va a ser el gobierno.
Siendo la razón de lo señalado, el que no puede haber justicia si no hay leyes que la enmarquen, ya que aun siendo éstas injustas dan un referente para encontrar la justicia mientras que, si se desprecia la ley o esta no existe, no hay un parámetro para encontrar la verdadera justicia, ya que por naturaleza todos creemos que nuestras pretensiones son justas y entonces todo el sistema de justicia vuela por los aires y solo queda la imposición del más fuerte y ese, como ya dijimos es el gobierno.
En resumen, la justicia sin una ley que la modele se convierte en una mera apreciación subjetiva y por esa razón el que tenga más poder va imponer “su” justicia, lo que es el más bello sueño de un autócrata.
Por ello hay que confiar en el sistema jurídico y recurrir a él cuando nos veamos amenazados en nuestros derechos, porque una ley protectora, pero a la vez insensible, aplicada por un juzgador o autoridad que solo se ciñe a ella, es la mejor garantía de vivir bajo el imperio de la verdadera justicia.
Pero ese uso del sistema jurídico para proteger los derechos de los individuos y de la sociedad en general debe de rayar en el abuso, ya que a golpes de demandas, el poder judicial se tiene que activar y hacer que se cumpla ley, sobre todo cuando el que comete los atropellos es el más poderoso.
Y por esa razón es que el gobierno más poderoso del hemisferio occidental, muchas veces no ha podido con un granjero o con una madre soltera e incluso ha tenido que pagar millonarias indemnizaciones cuando los ha atropellado en sus derechos, ya que hasta un juez de distrito rural es temido por el presidente de los Estados Unidos y aún más tiembla el gobierno ante los demandantes.
Y eso es precisamente lo que empieza a suceder en México y que además trae tan desquiciado al que vive en el otrora Real Palacio de la Ciudad de México; ya que a golpes legales, se está dando cuenta que su pueblo bueno y sabio (manera que él tiene para llamarle sumiso), resultó ser una ciudadanía cada vez más dispuesta a hacer valer sus derechos y por ello a cada ley que promulgan sus vasallos de las cámaras, las respuestas son miles de amparos.
Amparos que obligan a los jueces a suspender la aplicación de esas leyes, porque eso es lo que dicen las normas aplicables y no tienen de otra y que, para colmo del cada vez más fallido monarca, ya no es como antes que sólo uno que otro se amparaba, ahora se cuentan por cientos o hasta miles los amparos promovidos por personas que consideran que el gobierno pretende violar sus derechos.
Y es que el paradigma social está cambiando y lo está haciendo para bien, ya que antes la manera que se decía que era la única que había para controlar los abusos del gobierno era el votar por partidos opuestos al que estaba en turno, cosa que sirvió muy bien para salir del régimen autoritario que predominó en el siglo pasado pero que con la regresión de 2018 se vio ampliamente superado y ahora el ciudadano empieza a darse cuenta que su voto no es la única arma que tiene para defender sus derechos, sino que además cuenta con una serie de instrumentos jurídicos que le pueden resolver situaciones muy concretas a las que las urnas les es imposible abordar.
Ese es precisamente el desafío y lo que más disgusta al presidente López, pero también eso es lo que todavía no alcanzan a entender los partidos que se oponen a él, ya que continúan creyendo que con buscar candidatos del pasado y ofrecer políticas públicas diferentes, es más que suficiente para provocar un cambio en el gobierno.
Cuando no es el gobierno, sino que es la sociedad la que está cambiando y es la que cada vez está más dispuesta a hacer valer sus derechos y la que también les da valor a las autoridades autónomas para resistir los embates del ejecutivo y dictar resoluciones con apego a la ley.
No hay que olvidar que la ley es como cualquier otro instrumento de la vida humana, si no se usa se empolva y se atrofia, pero si por el contrario se utiliza de manera constante, siempre estará en las mejores condiciones para proteger los derechos de los individuos y de la sociedad.
Por cierto, en un tema aparte pero que está relacionado, esta vez hay que reconocer que el Tribunal Electoral se comportó como verdadero órgano impartidor de justicia y ajustándose a la ley, resolvió como tenía que resolver.
Y por último, les comento que la principal resolución que emitió no fueron las candidaturas canceladas, sino que lo fue la prohibición de la sobrerrepresentación en las cámaras más allá del límite que la constitución permite; sentencia que es tan trascendente que resuelve de tajo el problema de las elecciones próximas, ya que cada partido va a tener un peso acorde a su electorado y eso hace más posible votar en conciencia y evitar la polarización que se nos pretende imponer.
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