** Escrito por Lucía Lagunes Huerta.
12.09.2023 /Cimac Noticias.com/ Ciudad de México- Feministas, defensoras, académicas y políticas niegan que haya una disminución del delito de feminicidio en la actual administración federal, como lo afirmó el presidente de la República en su mensaje del primero de septiembre a propósito del quinto informe de gobierno y aseguran que no existe una política de igualdad entre mujeres y hombres, debido a que el Instituto Nacional de las Mujeres “ahora promueve la prostitución como trabajo”.
Entrevistadas por separado por Cimacnoticias expertas en una vida libre de violencia para las mujeres, en acompañamiento legal de mujeres víctimas de violencia feminicida y refugios de seguridad fueron consultadas sobre rubros concretos que están reportados en el Quinto Informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En lo que coincidieron Patricia Olamendi, Teresa Ulloa, Gabriela Delgado, Luz Estrada y Wendy Figueroa es que “la afirmación presidencial de que el delito de feminicidio disminuyó 29 por ciento, no es verdad”.
Al respecto la dirigenta del Observatorio Ciudadano del feminicidio (OCF) Luz Estrada, señaló, que la violencia, sigue siendo un desafío para el estado mexicano en los tres niveles de gobierno, si en 2012 se asesinaban 6 mujeres, ahora son 10, esto no ha bajado.
Y abundó, el año pasado hablamos de más de 3 mil mujeres asesinadas, y en este año en seis meses van 2 mil 024 mujeres asesinadas, pero solo 513 se iniciaron como feminicidio. Mucho menos pensar que está disminuyendo la violencia [contras las mujeres]. Los delitos sexuales aumentaron en los primeros seis meses {de este año] estamos hablando de 14 mil denuncias, cuando en un año hablabas de este mismo dato solo por violación.
Por su parte la representante de la Coalición contra El tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina (CATWLAC, por sus siglas en inglés) Teresa Ulloa, señaló que la supuesta disminución que reporte el presidente, está directamente vinculada con las fiscalías, que son las instancias que clasifican el asesinato de una mujer como homicidio o feminicidio y ahí es donde realmente está bajando la estadística por la manera en que se está clasificando, no porque asesinen a menos mujeres.
Ulloa, quien ha litigado más de 20 mil casos de violencia contra mujeres y niñas, aseguró que la negativa para clasificar el feminicidio como tal por parte de las fiscalías “es una manera mañosa y tendenciosa de maquillar las cifras”.
En este punto coincide la aboga Patricia Olamendi, con 30 años en litigio en favor de los derechos de las mujeres, especialmente para una vida libre de violencia, con trayectoria en la administración pública federal y local, señaló que desde el inicio del año manejaron una disminución [del delito de feminicidio], [pero] ha disminuido la clasificación de los asesinatos de mujeres como Feminicidios, pero no los asesinatos, las cifras del secretariado ejecutivo dan cuenta de ello.
Por su parte la académica Gabriela Delgado, con una militancia feminista de 40 años, quien fuera la Coordinadora General del Programa para la Participación Equitativa de la Mujer del Distrito Federal en 1998, enfática señala que la declaración presidencial “como muchas otras, está fuera de la realidad. Vivir en un Palacio resguardado, impide conocer los hechos”.
Cuestionadas sobre la política de igualdad entre mujeres y hombres, coincidieron que no hay tal, Olamendí Torres afirma que esta ausencia se debe a “que el señor que todo lo decide no le interesa y no cree que sea relevante ese tema”, y remata que esta postura “tiene que ver con un pensamiento muy arcaico” cuando la no discriminación, la igualdad de género son cosas modernas a las cuales no les entiende.
Quien fuera subsecretaria de Derechos Humanos y asuntos Multilaterales, asegura que en el actual gobierno que está en su último año “no ha habido ninguna política favorable para las mujeres, ha señalado generalidades como adultos mayores, becas de estudio, sembrando vida etc., pero ninguna tiene un carácter de una política dirigida a eliminar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres”.
Y como ejemplo señala “la precariedad del trabajo para las mujeres sigue estando igual o peor, el trabajo informal, la salida de niñas de la escuela primaria, el aumento de los hogares con jefatura femenina en la regiones más pobres y lo más grave los temas de salud con la propuesta de derogar las normas oficiales para atención de las principales causas de muerte para las mujeres cáncer cervicouterino y Mama y hoy tenemos mil embarazos diarios de niñas entre los 10 y 17 años de edad por lo que no calificaría una política que no existe”.
Por su parte Delgados Ballesteros señala que “no existe política de igualdad. Pensar que la política pública iba a ser diferente y ver, sentir y confirmar el retroceder nos lleva a la desesperanza”.
Ulloa Ziáurriz coincide que “no hay política [de igualdad] pues han perdido absolutamente el enfoque, porque el INMUJERES ahora se dedica a promover “el trabajo sexual y la ideología queer”.
Los logros de este quinto año de gobierno, según CONAVIM
En el apartado, Atención Especializada a Mujeres víctimas de violencia, del quinto informe se asegura que con 60 unidades locales de atención de primer nivel, la instalación o fortalecimiento de cinco unidades de análisis y contexto, se atendieron a 182 mil 988 mujeres, se analizaron 47 mil 956 carpetas de investigación con la finalidad de atender el rezago de investigación a casos de violencia contra mujeres en las fiscalías estatales, y colaborar en la emisión de 8 mil 336 órdenes de protección para víctimas de violencia.
Para la especialista Patricia Olamendi, ésta no garantiza un verdadero acceso a la justicia ya que se está “jugando a la comidita cuando tenemos que dar de comer a un regimiento”.
Y explica que si solo se toman en cuenta los delitos que se denuncian y clasifican como violencia familiar son más de 350 mil 000, a eso le sumas casi 70 mil por lesiones graves sin tomar en cuenta toda la situación de violencia sexual además de los homicidios dolosos, culposos y feminicidio que son en promedio 20 por día, “esas cosas que se forman estarían bien para un solo estado”.
A ello se suma, que no hay más fiscalías ni hay juzgados especializados, no hay servicios periciales entonces no hay personal especializado.
Para Luz Estrada quien coordina el Observatorio Nacional del Feminicidio (OCNF) que aglutina a 40 organizaciones en 22 entidades federativas con el propósito de vigilar, monitorear y sistematizar la información sobre la falta de procuración e impartición de justicia para las víctimas de violencia feminicida, hay más dudas que certezas sobre estos programas.
¿Dónde se revisaron esas carpetas de investigación? ¿En dónde?, esos procesos de revisar carpetas es una de las medidas menos avanzadas en los estados.
No he visto donde se ha avanzado en la revisión de las carpetas, ni que en los estados estén mostrando avances significativos, porque muchas carpetas se fueron al archivo o reserva, por eso es muy complejo detectar los avances.
Para el OCNF la situación sigue grave, con acciones como las mesas de justicia que no funcionaron.
En torno a las órdenes de protección, Estrada señala, que sigue siendo un tema pendiente porque cada estado hace su valoración de riesgo, pues las órdenes de protección son de competencia estatal.
En cuanto a los Centros de Justicia que a decir de este Quinto Informe, hasta junio de 2023 existen 65 en 31 entidades federativas y en donde cada día se atendieron a 688 mujeres por día, la presidenta del Observatorio señala que no existe una verdadera evaluación de la efectividad de los Centros de Justicia.
“En los seguimientos que estamos haciendo vemos que los estados están muy rezagados, estamos buscando que con la reforma de la alerta de género de 2021 se generen indicadores para evaluar los resultados y haya un mecanismo de seguimiento y evaluación de las medidas de seguridad, prevención y justicia. Entonces por eso me llama la atención los datos que se dan [en el informe] sobre las carpetas, no lo conozco y en los estados no vemos avances”.
El programa de atención prevención no sabemos cómo lo están impulsando en el Sistema Nacional [de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres] ni cómo lo están evaluando, no tenemos conocimiento de eso, quienes estamos en terreno no vemos su implementación en los estados menos en los municipios.
Y remata “el acceso a la justicia sigue siendo el gran tema, vemos que se crean las fiscalías especializadas, los protocolos, los marcos legales, pero en tema de implementación no vemos, seguimos luchando por que se acredite razones de género para que si haya justicia y que no se quede en impunidad y ese sigue siendo el gran abismo, porque lo que realmente se ha hecho es mínimo y no ha logrado impactar”.
Otros datos sobre el Programa de apoyo a refugios
Otro de los apartados que llaman la atención en este quinto informe tiene que ver con la política sobre los refugios que ha sido una de las polémicas que durante este quinto año de gobierno se profundizó, la directoria de la Red Nacional de Refugios (RNR), Wendy Figueroa Morales, señala que en relación con la afirmación que se da en el informe de gobierno, ellas tienen otros datos.
De acuerdo con el documento del Quinto Informe de Gobierno en el programa de apoyo a refugios se aprobaron 432.4 millones de pesos para el presente periodo del informe, lo que marca una diferencia en términos reales de 11.0 por ciento, en contraste con un año previo. Cabe destacar que, entre 2019 y 2023, para este programa se aprobaron 1 mil 931.1 millones de pesos, 63.9 por ciento mayor en términos reales, a los 1 mil 178.3 millones de pesos destinados por la administración pasada en el periodo (2013-2017).
Para la directora de la RNR que tiene 20 años de experiencia en atención a mujeres que viven violencia feminicida, con 75 espacios de protección y atención para mujeres, niñas y niños en todo el territorio mexicano, esta organización tiene “otros datos sustentados en las Cuentas Públicas y Anexos Transversales”.
En cuanto a lo que se afirma en el quinto informe, Figueroa Morales, señala que es importante que “se aclaren las fuentes de información y qué datos están considerando, porque de acuerdo con el Anexo Transversal PEF2023 el monto aprobado para el programa de Refugios es de $463 millones 315 mil 81 pesos (en el informe se reportan 432.4 millones de pesos)”.
Otro dato con el que cuenta la RNF tiene que ver con la “tasa de crecimiento anual del presupuesto aprobado en este ejercicio fiscal en comparación al anterior es de 4.8 por ciento en pesos constantes, (en el informe se reporta 11 por ciento).
Además, señala, que siguen haciendo el análisis para determinar “si en realidad ha existido un incremento real en el presupuesto asignado al programa, así como al que se le ha designado a cada uno de los Refugios y Centros de Atención Externa”.
De acuerdo con lo señalado por las autoridades en el penúltimo informe del actual gobierno federal, la transferencia de programas relacionados con los Refugios (S155 y U012) de la Secretaría de Bienestar a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), que se llevó a cabo el año pasado con el objetivo de integrarse el Sistema Nacional de Atención Especializada a Mujeres Víctimas de Violencia y lograr 424 unidades locales de atención de PAIMEF, 65 CJM y 66 refugios especializados con 35 Centros de Atención Externa (CAER), distribuidos en las 32 entidades federativas, con capacidad de atender a 952 mujeres por día, no fue tan terso como lo narran las autoridades.
Se acuerdo con Wendy Figueroa “esta transferencia no puso en el centro los derechos humanos de las mujeres, infancias y profesionales que beneficiaba y acompañaban estos dos programas” y aún cuando se da por concluido, existen rezagos en la operación.
Parte de los efectos de este nada terso proceso de transferencia se ve reflejado en procesos que se aletargaron, que generaron deudas y obstáculos para quienes operan los Refugios tanto de Sociedad Civil como gubernamentales, así como creando subejercicios en el Programa de Refugios.
Si bien la RNR reconoce como acierto el Sistema Nacional de Atención Especializada a Mujeres Víctimas de Violencia, advierte que tendrá que haber evaluaciones periódicas no solo a las unidades y mecanismos que lo conforman sino también a la Instancia responsable del mismo, para evaluar entre diversos aspectos su efectividad en la coordinación, asignación del presupuesto, su transparencia, etc.
En cuanto al acceso a la justicia para las mujeres la directora del al RNR señala es necesario enfocarlo desde la restitución de derechos “lo que implica reconocer a las mujeres en todas las etapas de su vida como ciudadanas sujetas de derechos y no solo como beneficiarias”.
Finalmente señala que de acuerdo con el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación de este último sexenio se muestra que el recurso destinado para atender, prevenir y eliminar las violencias contra las mujeres es menor a lo designado a obras de infraestructura, militarización y transferencias monetarias.
