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/ Escrito por Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C/
27.09.2026 /CimacNoticias.com/ En la última década, la región de México y Centroamérica ha visto florecer un ecosistema complejo de mecanismos para gestionar la migración. Instancias como la Conferencia Regional sobre Migración, el Proceso de Quito o Cartagena+40 acumulan documentos, declaraciones y buenas intenciones en los escritorios multilaterales.
Sin embargo, para las mujeres en contextos de movilidad en la región, este andamiaje institucional a menudo se percibe como un espejismo. La incorporación de la perspectiva de género en estos espacios ha sido fragmentaria, desigual y, con frecuencia, una mera formulación discursiva sin anclaje en la práctica.
El problema de fondo radica en el uso de la categoría abstracta de «mujer». Cuando los Estados diseñan políticas basándose en una sujeta migrante normativa, implícitamente hispanohablante, sin discapacidad y heteronormada, invisibilizan las violencias específicas que enfrentan las mujeres racializadas, indígenas, afrodescendientes, con discapacidad o de la diversidad sexogenérica.
Como advierte el enfoque interseccional propuesto por Kimberlé Crenshaw: las opresiones no actúan de manera aislada, sino entrelazadas. No es lo mismo migrar con recursos, que transitar las fronteras siendo una mujer indígena que enfrenta barreras lingüísticas, o una persona LGBTIQ+ expuesta a criminalización y tratos degradantes. Al omitir esto, el sistema migratorio es cómplice de la exclusión.
La principal contradicción en la ejecución de las políticas no reside en la ausencia de marcos normativos, sino en la apropiación retórica de la interseccionalidad sin dotarla de contenido operativo. Quizás la tensión estructural más indignante que revela el reciente análisis: “Tejido migratorio: Mecanismos regionales para una gobernanza migratoria con enfoque de género en el Norte de Centroamérica y México” de la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración (RMMSyM), es que estos mecanismos terminan subordinando el derecho a una vida libre de violencia al control migratorio.
En El Salvador, por ejemplo, aunque la ley consagra la protección universal para todas las mujeres frente a la violencia, en la práctica se exige la regularización migratoria para acceder a los servicios.
En Honduras, se demandan pruebas materiales desproporcionadas a las víctimas de violencia en la ruta migratoria, invalidando sistemáticamente sus testimonios.
En Guatemala, el personal de salud se resiste a registrar a mujeres migrantes, impidiendo la activación de rutas de atención diferenciadas. Ante este panorama cabe preguntarse: ¿De qué sirven las declaraciones regionales si, a la hora de denunciar una agresión, el estatus migratorio de las mujeres pesa más que su derecho a la justicia?
A este escenario de barreras burocráticas se suma el problema de la violencia institucional. Cuando el personal estatal, a menudo carente de capacitación especializada, revictimiza a las mujeres o utiliza sesgos discriminatorios basados en la apariencia para condicionar los servicios, la violencia se vuelve un rasgo sistémico del Estado.
Esta ineficiencia se agrava con la crisis presupuestaria, al no existir partidas nacionales protegidas, se externalizan las responsabilidades estatales. Por ejemplo, en México, donde los recortes presupuestarios han llevado a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) a depender entre un 70% y un 80% de agencias internacionales como el ACNUR, los derechos se vuelven privilegios temporales.
Mientras el clima político actual no ayuda. En 2024, durante la última reunión ministerial de Cartagena+40, Argentina y El Salvador se opusieron a la inclusión de la palabra «género» en los documentos finales. Esta resistencia evidencia que los derechos de las mujeres en contextos de movilidad son un terreno en disputa.
Frente a este colapso, la solución no es fundar otro mecanismo regional ni redactar otra declaración bienintencionada. Lo urgente es articular los espacios existentes con mandatos vinculantes y exigir presupuestos públicos nacionales. Las respuestas reales no nacen de las cumbres diplomáticas internacionales, sino del trabajo en terreno.
La perspectiva de género no puede seguir siendo un adorno burocrático para la foto oficial. El género es una categoría de análisis crítica y una guía de acción política para desmantelar la violencia patriarcal, la discriminación racial y la xenofobia institucional.
Mientras la nacionalidad, la raza, la pobreza o el estatus migratorio sigan siendo determinantes para decidir si las mujeres merecen protección o no, todos los mecanismos regionales no serán más que una simulación.