*INE rechaza asumir funciones de investigación sobre candidatos y advierte riesgos institucionales en propuesta del Ejecutivo.
25.05.2026 Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) manifestó su rechazo a la posibilidad de crear una comisión encargada de verificar la “integridad” de candidaturas y posibles nexos con el crimen organizado, al considerar que una medida de ese tipo pondría en riesgo la imparcialidad del organismo electoral y lo convertiría en una autoridad con funciones que no le corresponden constitucionalmente.
“Nuestra función constitucional es organizar elecciones, garantizar condiciones de equidad, certeza, legalidad y transparencia”, enfatizó Taddei.
La postura fue fijada por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, luego de que el Ejecutivo federal enviara al Congreso una iniciativa de reforma para crear la llamada Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, un órgano que estaría integrado por cinco consejeros electorales y que tendría como objetivo coordinar información entre partidos políticos y autoridades de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y supervisión financiera.
Durante un posicionamiento oficial difundido por el INE, Taddei advirtió que el organismo electoral “no puede ni debe convertirse en juez de la probidad de aspirantes a cargos de elección popular”, ya que sus funciones constitucionales se limitan a garantizar elecciones legales, transparentes y equitativas.
“La función del INE no es validar la integridad de las candidaturas ni calificar los antecedentes de las y los aspirantes”, afirmó la presidenta del instituto al explicar los riesgos institucionales que, a juicio del organismo, implicaría la iniciativa presidencial.
Taddei sostuvo que el INE carece de atribuciones ministeriales, judiciales o de inteligencia para investigar vínculos criminales de personas que busquen competir por cargos públicos. Explicó que la responsabilidad de perseguir delitos, investigar estructuras delictivas y determinar riesgos corresponde exclusivamente a las fiscalías y autoridades de seguridad del Estado mexicano.
La consejera presidenta alertó además que, de aprobarse sin límites claros, la reforma podría colocar al organismo electoral en medio de disputas políticas y afectar la confianza ciudadana en las elecciones.
“El INE debe permanecer fuera de las definiciones de riesgos, así como de las decisiones de mantener o no una candidatura”, expresó durante el mensaje difundido por la autoridad electoral.
La propuesta enviada por el Ejecutivo federal plantea que la nueva comisión funcione de manera permanente dentro del INE y reciba de partidos políticos o candidaturas independientes listas de aspirantes para remitirlas a instancias de seguridad, inteligencia y procuración de justicia, con el fin de realizar análisis de riesgo sobre posibles vínculos ilícitos.
Sin embargo, el organismo electoral considera que esa mecánica podría generar conflictos de competencia, vulnerar derechos políticos y colocar a consejeros y funcionarios electorales bajo presión política o incluso riesgos personales.
Taddei señaló que el instituto no cuenta con metodologías, herramientas técnicas ni capacidad operativa para determinar si una candidatura representa un “riesgo razonable” relacionado con actividades criminales. También advirtió que involucrar al INE en procesos de validación moral o penal de aspirantes podría afectar los principios de imparcialidad y neutralidad que rigen a la autoridad electoral.
En su pronunciamiento, la presidenta consejera recordó que actualmente son los partidos políticos quienes tienen la obligación legal y ética de revisar los perfiles de sus candidaturas antes de postularlas, por lo que la iniciativa no debería trasladar esa responsabilidad al árbitro electoral.
Además, insistió en que cualquier acusación relacionada con delincuencia organizada o financiamiento ilícito debe sustentarse con pruebas formales y presentarse ante las autoridades competentes.
“Se necesitan pruebas y no solamente comentarios”, declaró recientemente Taddei al ser cuestionada sobre señalamientos contra aspirantes vinculados presuntamente al crimen organizado.
La discusión ocurre en un contexto de creciente preocupación nacional por la infiltración del crimen organizado en procesos electorales, especialmente tras diversos hechos violentos registrados en campañas locales y federales en los últimos años.
El debate también se intensificó luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsara reformas orientadas a impedir que personas vinculadas con actividades ilícitas puedan competir por cargos públicos. Diversos sectores políticos respaldaron la intención de fortalecer filtros de control, aunque especialistas advirtieron sobre posibles riesgos de persecución política o afectaciones al principio de presunción de inocencia, particularmente de candidatos opositores.
En respuesta, el INE dejó claro que está dispuesto a coordinarse institucionalmente con otras autoridades, pero sin asumir funciones de investigación criminal ni convertirse en una instancia encargada de decidir quién puede o no contender con base en valoraciones de “integridad”.