ALMA GRANDE.
Por Ángel Álvaro Peña.
En los últimos días han sucedido dos disposiciones de gobierno que afectan al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: la primera, la remoción del titular Aarón Mastache, a quien el Presidente envió a Conagua; la segunda, la desaparición del fideicomiso que otorgaba sostén financiero a dicho Mecanismo.
Para quienes siguen pensando que eliminar los fideicomisos fue una acción arbitraria es necesario mencionar que la Auditoría Superior de la Federación halló un faltante de 32 mil millones de pesos en fideicomisos de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, del año 2006 a 2018. Imagínese lo que pudo adquirirse para el Sector Salud con ese dinero.
Es decir, la mayor parte de ese capital sin comprobar estaba destinado a afrontar daños ocasionados por emergencias o desastres naturales, es decir, que los funcionarios públicos -muchas veces imposible de identificarlos, gracias a las normas de los fideicomisos- sin escrúpulos aprovecharon las desgracias para embolsarse dinero.
La sospecha que deja ahora la credibilidad del Mecanismo para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en su actuación consiste en que Jorge Ruiz del Ángel, director de la Unidad de Recepción Rápida del Mecanismo, cuya labor deja mucho que desear, ocupe el cargo provisional de responsabilizarse por las actividades del Mecanismo, con posibilidades de que herede este delicado encargo.
Uno de los principales problemas del Mecanismo radica en que existen contratos con empresas, a través del fideicomiso que se desvanece, es el caso de RCU Sistemas, que se encarga de ofrecer servicios de seguridad a los beneficiarios de dicho Mecanismo, y que se le identifica por su falta de transparencia e ineficacia. Esta empresa trabaja con el mecanismo desde su inicio. Le alquila automóviles, cámaras de seguridad, lámparas, todo pagado a través del fideicomiso que algunos dicen era indispensable.
Otra de las empresas implicadas en el burocratismo del Mecanismo es el Servicio de Protección Federal. Que dirige desde el 20 de febrero de este año el exlíder del PAN, Manuel de Jesús Espino, como premio por haberse pasado a la 4T. Dicha empresa regatea con los beneficiarios del servicio la calidad el automóvil, siempre son coches muy viejos y con fallas mecánicas que puede costarle la vida a los periodistas o a los defensores de los derechos humanos. Si el beneficiario tiene que salir de viaje, por necesidades del trabajo o de su propia integridad, esta empresa no paga ni casetas de peaje, ni gasolina. El maltrato laboral a los elementos que la conforman es inhumano, desde pagos con descuentos inexplicables hasta armas en mal estado, pasando por pagos atrasados de salarios y sin viáticos.
Esta opacidad, que ya no debe permitirse, se refugiaba en el esquema del fideicomiso que seguramente desaparecerá para dar un mejor servicio, pero también deben revisar esos contratos cuyos servicios dejan mucho que desear.
El personal de esta empresa tiene experiencia en el resguardo de edificios, es la heredera de la Policía Bancaria y Comercial, pero carece de capacitación para cuidar la integridad de las personas. Saben defender objetos, no sujetos.
A principios de este año se anunció una reingeniería del Mecanismo, para que esta vez sí respondiera a las necesidades de los comunicadores. El Mecanismo atiende a 1,086 personas, de las cuales 721 se dedican a la defensa de los derechos humanos –371 mujeres y 350 hombres—y 365 al periodismo –97 mujeres y 268 hombres-, es decir que la mayoría de los casos tienen que ver con los defensores de los derechos humanos cuya labor representa un peligro, al igual que el periodismo; sin embargo, el mayor número de víctimas, probablemente por descuido o negligencia, ha sido contra los comunicadores.
Tal vez como parte de la reingeniería que todavía no ocurre, deba esperarse un cambio de manera radical en el servicio a los defensores de derechos humanos y de los periodistas, para una mejor y real atención de las responsabilidades de este Mecanismo.
La Ley que da origen a esta instancia burocrática data de 2012, creada al finalizar el sexenio de Felipe Calderón y señala en su artículo 5: que el órgano máximo del Mecanismo es la Junta de Gobierno que está conformada por nueve miembros permanentes con derecho a voz y voto y son: “Un representante de la Secretaría de Gobernación; II. Un representante de la Procuraduría General de la República; III. Un representante de la Secretaría de Seguridad Pública; IV. Un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores; V. Un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y VI. Cuatro representantes del Consejo Consultivo elegidos de entre sus miembros”.
Aquí no hay un solo representante de los defensores de los derechos humanos ni de los periodistas, de tal suerte que las decisiones sobre el futuro de este Mecanismo se toman prácticamente a ciegas, porque no existe idea de la manera en que se conducen las personas a las que deben defender, en el ejercicio diario de sus funciones.
Se espera que con la triangulación que había a través de los fideicomisos el Mecanismo se convierta en una instancia verdaderamente protectora, es decir, que prevenga las agresiones a sus beneficiarios y no que se dedique solamente a ser testigo al levantar el acta del homicidio.
Porque muchas veces el Mecanismo ni siquiera da seguimiento a las investigaciones que existen por homicidio de los comunicadores, simplemente se remiten a dar el pésame a las familias y nunca más vuelven a saber el caso. Lo cual representa una deshumanización que debería castigarse por esa misma ley que le da vigencia y prohíbe la intervención, voz y voto de representantes de los afectados.
Ante esta desaparición no faltan los que quieren regresar el reloj y se atreven a exigir restituir los mecanismos que significaban hoyos negros para el dinero del pueblo. De esta manera el gobernador priista de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, identificado por su falta de transparencia en sus cuentas y ser un represor a la antigüita, le solicitó al presidente de la República restituir el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), que es donde hay más opacidad en sus manejos. PEGA Y CORRE. – Sin duda hay transformaciones visibles, y que nadie puede negarlas. La visita de la esposa del presidente de la república a Europa marca la diferencia a las anteriores, sobre todo a la hora de entender y leer poemas, que algunas veces ningún político de las anteriores administraciones y actuales ha hecho. Una diferencia que se nota y nadie puede negar…
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