/ Por Adriana Zarur /
“Como era de esperarse se rechazó la reforma constitucional.” López Obrador
En la recta final de su mandato, López Obrador mantiene la popularidad más alta de los últimos seis presidentes en el mismo momento de su periodo. Gran parte de esta popularidad se debe a su “lucha en contra de molinos comunes”, como parte de su comunicación política él expone un marco de referencia —con una tendencia preestablecida— y la población mete en el mismo costal a cuanto personaje se encuentre en el imaginario colectivo. Su retórica respecto a “la mafia del poder” sigue permeando en la población, sólo cambia de interlocutores, de personajes. Lo que en un principio refería a Salinas, Fox, Calderón o Peña Nieto, en la actualidad la “carga” de este mote pasa por Dresser, Aristegui, Claudio X. González y, por supuesto, Lorenzo Córdova.
Ante estas acciones por parte del titular del Ejecutivo, los consejeros del Instituto Nacional Electoral emprendieron una campaña comunicacional a manera de respuesta con el slogan “mi INE nos une”. Un mensaje minuciosamente elegido para contrarrestar la retórica de división que el país vive desde hace tiempo, además de crear un sentido de pertenencia institucional con el organismo autónomo responsable de ejecutar los comicios electorales en nuestro país. La marcha multitudinaria en defensa de esta institución fue solo una muestra del éxito de su comunicación, pero lo realmente efectivo fue lograr echar para atrás la reforma electoral que pretendía López Obrador.
La madrugada del miércoles fue testigo de un nuevo revés para el inquilino de Palacio Nacional, pues en la Cámara de Diputados se desechó la propuesta original de reforma electoral, ya que no se lograron los acuerdos para las reformas constitucionales porque no alcanzaron las dos terceras partes necesarias. Sin embargo el ya anunciado con anterioridad “plan B” se puso en marcha. Este logró la mayoría simple que se necesita (261 votos a favor, 216 en contra) para modificar las siguientes leyes secundarias: Ley General de Procesos e Instituciones Electorales; Ley General de Partidos Políticos; Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral; Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Esta aprobación en fast track significa que, al menos por el momento, no se sustituirá al INE por el INEC (Instituto Nacional de Elecciones y Consultas); que los consejeros no serán elegidos mediante el voto popular; tampoco se reducirá el número de consejeros (de 11 a 7); no fue aprobado la reducción de diputados de 500 a 300 ni los senadores de 128 a 96, ni el método de su elección. Lo que sí se contempla para realizar a partir del 1 de agosto de 2023 es la reducción de aproximadamente 3 mil 500 millones de pesos contemplados para gastos de operación; reduce las oficinas distritales de 300 a 264; elimina la prerrogativa de la secretaría ejecutiva del instituto para ejercer el gasto, colocando a cinco consejeros elegidos en pleno; se prohíbe el uso de monederos electrónicos en procesos electorales; le quita al INE y al Tribunal Electoral la facultad de cancelar candidaturas.
Así, en esta continua batalla por colocar mensajes políticos en el imaginario colectivo para ganar legitimidad, el INE mostró que es una institución que todas las y los mexicanos respetan y consideran crucial para el mantenimiento de la democracia. Por el otro lado, López Obrador demostró que siempre tiene cartas bajo la manga o “planes B”, ya lo hizo con la reforma eléctrica y ahora con la electoral. El INE se debilita en lo económico pero crece en legitimidad y AMLO asesta otro golpe político contra “otro adversario de la mafia del poder”, pero se comienzan a denotar ciertos huecos en su barca de poder.
POR ADRIANA SARUR
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